El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, inició el informe de sus 100 días al frente del Gobierno concluyendo que el Estado costarricense ha sido gobernado con "irresponsabilidad" por las administraciones que antecedieron a la suya.
Según Solís, gracias a esa "irresponsabilidad", el país se hundió en una espiral de corrupción e ineficiencia.
Acto seguido, el presidente hizo un recuento de lo que ha encontrado en la Administración Pública desde que asumió el mando del Poder Ejecutivo el 8 de mayo pasado.
En este apartado, Luis Guillermo Solís afirmó que para revelar los hallazgos de despilfarros en instituciones del Estado necesitaría varias horas. Por ello, optó por resumir las decisiones de administraciones pasadas que cuestionó y calificó como abusos e ineficiencias.
En el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), dijo, la nueva administración encontró que se pagaban ¢2.4 millones al mes para mantener una casa de lujo en la playa destinada para el uso discrecional del presidente ejecutivo de la entidad.
Según Solís, varios asesores del ministro de Educación Pública duplicaron sus salarios con el cobro de horas extras pese a que por su condición de personal de confianza no marcaban horas de entrada ni de salida, situación que se repitió en otros ministerios como el de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y de la Presidencia.
En los programas Avancemos y del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el presidente afirmó que se cometieron abusos pues cerca de ¢40.000 millones se destinaron a beneficiar a la población de mayores ingresos, cuando deberían ser recursos destinados para satisfacer necesidades de estudio de la población más pobre.
"Y para no ir más lejos, ni alargar más esta letanía de ineficiencias y abusos, hasta en la Casa Presidencial están extraviados 117 vehículos que aparecen inscritos en el Registro Nacional. Francamente no creo, y tampoco piensen ustedes, que se los han robado, pero lo cierto es que nadie sabe decirnos dónde están. Seamos serios, pongámonos firmes y hablemos con claridad: en la tarea de cuidar el erario público hemos fallado todos o casi todos", afirmó Solís ante auditorio lleno en el teatro Melico Salazar.
Para cambiar ese panorama, Solís se comprometió a hacer valer normas que obligan al Consejo de Gobierno, a las juntas directivas de las entidades autónomas y a los bancos estatales, entre otras instituciones, a garantizar el acceso libre de todo ciudadano a sus resoluciones y acuerdos a través de la "Plataforma de Transparencia Gubernamental", la cual aún está en fase preparatoria después de 100 días al frente del Gobierno.
A través de esa herramienta, agregó el mandatario, se podrá tener acceso a contratos del Estado con proveedores de bienes y servicios, a consultorías y asesorías pagadas por los ministerios, viajes al exterior de funcionarios públicos de todo nivel, entre otra información que implique gastos financiados con fondos públicos.