El quinto aniversario del referéndum en el que se aprobó el Cafta, cumplido el pasado 7 de octubre, plantea al país la necesidad de contar con herramientas adicionales para intentar consensos en el ámbito nacional.
EF brindará a lo largo de la semana un repaso de las posibles rutas que se barajan en grupos empresariales y políticos para llegar al entendimiento nacional tras la polarización que despertó el proceso de referéndum sobre el acuerdo comercial.
Una de las opciones citada es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, donde se revisen y se corrijan los males que postran el funcionamiento del Estado, y se trate de alcanzar una posición intermedia entre las diversas visiones sobre el modelo del país.
Entre las otras alternativas por analizar están el remozamiento de las estructuras de los partidos políticos, un pacto social y la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, para desatorar esa vía por donde circulan grandes temas nacionales.
Pero la Constituyente es una opción que se ha barajado desde hace años, particularmente desde que en 1995 el presidente José María Figueres aseguró que el país se tornaba ingobernable.
¿Constituyente para revisar la hoja de ruta?
Críticas de sectores como el empresarial, que señala la mala infraestructura, el exceso de trámites y la escasa mano de obra calificada como impedimentos para un mayor éxito en el marco del modelo de desarrollo actual y la queja sindical por la presunta pérdida en el rumbo del país, al salirse de la senda del Estado social de Derecho, sugieren que una Constituyente podría servir para reencontrar el modelo institucional que satisfaga a unos y otros.
El politólogo Francisco Barahona no duda al asegurar que Costa Rica debe disponerse a revisar su Constitución, a 63 años de haber sido aprobada por los diputados constituyentes.
Empero, más allá de remozar las normas que rigen al Estado, Barahona cree que el tema de fondo en el mal funcionamiento del aparato público es que los políticos no llegan a la altura que los tiempos modernos les exigen. Los cuestionamientos éticos a los líderes que se encargarían de revisar la Constitución Política son otros de los obstáculos para que la sociedad se encamine hacia un replanteamiento de sus normas.
"Estamos ante un preocupante panorama donde en el país se enquistaron políticos que han causado un desmoronamiento de la ética pública. El asunto es que la sociedad costarricense, cada vez más dividida y violenta, debe hacer un alto ya, para que intente ponerse de acuerdo. Eso se dice fácil, pero es tremendamente difícil lograrlo", sostuvo Barahona.
Es así como la idea de que una Asamblea Constituyente se torna compleja y difícil de implementar en el contexto actual, al no quedar claro cuál visión primaría sobre los contenidos de una eventual nueva Constitución y cuáles deberían ser las propuestas de cambio que sirvan de columna vertebral de la propuesta.
Temores ante atomización
Hay otros que se oponen a la idea de la Constituyente y creen que no es solución. La atomización que enfrenta el sistema político, con múltiples ideologías aún en proceso de solidificación, implica un elevado riesgo de que el producto final de una Asamblea Constituyente no sea lo que busca el país, o se atasque en un debate sin fin o, peor aún, que en vez de un sistema más ágil y moderno, salga un ornitorrinco político-institucional.
Francisco Chacón, ministro de Comunicación y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que el país podría lograr mucho más en los campos de la apertura comercial, el económico y el social, si el funcionamiento político e institucional fuera mejor.
Chacón reconoce que el actual marco político e institucional le complica el accionar al Poder Ejecutivo."Al Gobierno le cuesta llegar a acuerdos con la gran cantidad de pequeños partidos, todos con representación legislativa y ninguno con la mayoría necesaria para impulsar grandes cambios. Eso nos obliga a más diálogo y a revisar la estructura política del país para lograr hacer un gobierno, en un sentido amplio, más funcional de lo que es hoy", declaró.
El jerarca cree que, si bien no representan una solución integral, el entendimiento y los pactos entre los principales líderes de las fuerzas políticas no se deben descartar y podrían ser una alternativa para destrabar al país y así evitar la extensa ruta de una Constituyente.
Ataque a la corrupción en vez de reforma integral
Otros tienen una posición intermedia: creen que la Constituyente no es solución o problema. Entre este último grupo destaca Ottón Solís, excandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien considera que la solución no estaría una reforma integral de la Constitución, sino en depurar la integración de las instituciones públicas para erradicar la corrupción, según él, factor principal en el entrabamiento público.
Para Solís, el país se llenó de leyes y control por culpa de la desconfianza en la transparencia de los procesos de licitación pública, entre otros trámites.
"El ambiente de desconfianza mutua explica el entrabamiento. Por eso la discusión conceptual sobre cuál debe ser la ruta del país no está ni en los TLC ni en una Constituyente", consideró.