La renovación de más de 12.000 concesiones de taxis que se vencen en el 2013 se encuentran a la espera de que el Consejo de Transporte Público (CTP) defina las pautas para la ejecución del trámite. Mientras tanto solicitudes de exoneración ante el Ministerio de Hacienda para la compra de nuevas unidades son rechazadas.
El director ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Badilla, aseguró que la entidad está en negociaciones con la empresa Radiográfica Costarricense S.A (Racsa) para que esta se encargue de la recopilación de la información que permita renovar los contratos en el menor tiempo posible.
Pese a que el director espera tener actualizados todos los contratos de concesión antes de finalizar el año, los documentos de varios transportistas ya se encuentran vencidos.
El atraso, según Badilla, se debe a que no se ha logrado concretar con la empresa que brindaría el servicio cómo solicitar la información, los requisitos para la inclusión de los mismos y el costo del servicio.
"Ya estamos iniciado el proceso, nosotros somos los que nos hemos atrasado con tal de hacerlo digital", aseveró el director.
Justamente esta demora ha generado problemas a los taxistas en el Ministerio de Hacienda ante la solicitud de exoneración para la compra de nuevas unidades.
Sólo en el mes de junio Hacienda desestimó 22 solicitudes por que el contrato emitido por el Consejo no ha sido actualizado.
Pese a que el trámite se solicita ante el CTP es Ministerio quien aprueba el rebajo que emiten las agencias de vehículo.
"Hacienda no es que los está rechazando es un proceso congelado. Yo diría que no deben de volver a presentar todos los documentos para la exoneración a no ser que se encuentre vencido, por que han cumplido con todo el trámite ante el Concejo", aseveró.
No obstante, Juan Carlos Brenes, director de incentivos fiscales de Hacienda, aseguró que ante esta institución los interesados deberán repetir el proceso para la entrega y estudio de las solicitudes.
En proceso.
El Consejo estima que en 15 días iniciará el proceso de renovación de contratos, para lo que no descartan estudiar la priorización de casos en los que el retraso de la entidad haya generado algún tipo de inconveniente para los taxistas.
Badilla estimó el costo de la renovación en ¢12.000 por placa, pese a que Racsa no ha fijado precio.
El Consejo también aseguró que analizan la contratación de un centro de llamadas que facilite la recepción de los datos.
Según Badilla, Racsa sería la encargada de verificar que los requisitos sea cumplidos, esto mediante el cruce de datos con otras entidades.