Empresarios piden al Gobierno que tome decisiones ya para lograr reducción de tarifas eléctricas

Sector productivo se opone a que Solís congele los tres proyectos de ley sobre energía que están en la Asamblea Legislativa

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La recomendación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a los diputados de archivar los tres proyectos de ley que pretenden reformar el mercado eléctrico cayó como balde de agua fría a los empresarios, quienes le han insistido al presidente Luis Guillermo Solís que resuelva el tema energético cuanto antes.

Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica del Instituto, con instrucciones del presidente ejecutivo de la entidad, Carlos Obregón, envió una carta a los legisladores de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

En la misiva, que circuló el martes 1° de julio, solicita el archivo de los tres expedientes, tanto del plan de “Ley de contingencia eléctrica” como las dos iniciativas que existen de la “Ley general de electricidad”.

Una de estas es del gobierno de Óscar Arias y otra de Laura Chinchilla.

Por tratarse de proyectos impulsados desde Zapote, el Poder Ejecutivo actual tendría la potestad de retirarlos.

La carta del ICE coincide con el anuncio de Solís de crear una comisión mixta de alto nivel público-privado que analice la matriz energética y a la que se le darán 18 meses para que rinda un informe. El documento serviría como base para definir el futuro del mercado energético.

“Es un error poner en stand by los proyectos de ley que ya están en curso para esperar una comisión de 18 meses. Es demasiado tiempo porque el tema de las tarifas eléctricas tiene que suceder ya”, dice Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Alimentaria (Cacia).

Hace dos semanas, los industriales entregaron al Ejecutivo, una propuesta con 12 aspectos a corto y mediano plazo.

Entre los temas que señalan está precisamente la aprobación de las tres leyes pendientes.

Este sector le había pedido a Solís durante la campaña que apoye la aprobación de las iniciativas de ley heredadas.

Para Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias, el país no puede detener el avance esperando más tiempo.

“Hay cosas claras y en las que todo el mundo está de acuerdo, como aumentar la participación privada en la generación de energía. No podemos detener el avance del país esperando decisiones que están claras desde el principio”, dice Rivera.

La presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco), Mónica Segnini, dice que el sector entiende el principio de crear la comisión para poner de acuerdo a varios sectores, pero insiste en que urgen de una solución.

“Para la matriz energética, que se tomen tiempo, pero para los costos de producción esa no puede ser la solución”, añade.

Según datos de Cadexco, para una empresa que quiera agregar mayor valor a su producción, por ejemplo vender sus productos congelados al mercado mundial, el costo de la energía le genera un impacto de entre el 4% y el 15%.

Segnini explicó que, por lo general, se se piensa que el producto se saca de la tierra y no pasa nada más, cuando la competitividad del sector productivo depende del valor agregado que se le añada a un producto desde su estado primario hasta sofisticarlo.

“Cuanto más valor haya, mayor es el crecimiento para el sector productivo”, agrega Segnini.

Diferencias legislativas

La carta del ICE no es la primera misiva pidiendo que se retiren los proyectos de ley. Ya el 26 de junio, el subjefe de fracción del PAC, Javier Cambronero había enviado una carta al presidente Solís haciéndole la misma solicitud.

Según Cambronero, el PAC no tiene interés en las iniciativas por ser de los gobiernos anteriores.

Además, el PAC critica que los textos que planteen un modelo energético ligado a la hidroelectricidad, cuando ahora lo que se pretende es una matriz energética más diversa con generación eólica, solar y gas.

“Por eso la idea es sentar las bases en una gran mesa de diálogo nacional y esperar el resultado en 18 meses”, dice Cambronero.

La posibilidad de tener que esperar ese lapso de tiempo genera molestia en las filas de la oposición, principalmente en Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Socialcristiana (PUSC).

El diputado rojiazul y presidente de Agropecuarios, Gerardo Vargas, calificó de “una barbaridad” el que el Gobierno se tome año y medio para definir “lo que ya desde la campaña electoral debió tener planificado”.

“Me parece poco serio que ahora el Gobierno nos diga que necesitan ese tiempo y que mientras estudian el tema que se archiven. Lo que sentimos es que no quieren estos proyectos, pero entonces que nos presenten la propuesta alterna”, dice Vargas.

El jefe de la bancada liberacionista, Juan Luis Jiménez Succar, también manifestó su molestia por la situación y dice que los tres proyectos en la corriente legislativa son respaldados por su fracción, aunque están abiertos a hacer cambios.

“La situación del país se complica con los altos costos de la luz eléctrica y no se está haciendo nada. Ya llevamos dos meses de gobierno. Con retirar esos proyectos no hay ninguna solución y menos con crear la comisión con 18 meses de plazo”, afirmó.

Hasta el momento el Ejecutivo no ha tomado la decisión de retirar las iniciativas de ley. El martes 8 de julio, la Comisión de Asuntos Agropecuarios discutirá la recomendación de la representante legal del ICE.

Mientras tanto, el sector productivo seguirá a la espera de que le resuelvan el costo de las tarifas eléctricas, aspecto que siempre pone de primero ante los gobiernos de turno.

Las leyes

Contingencia eléctrica: La iniciativa de ley propone aumentar de un 15% a un 25% la participación del sector privado en la generación total de electricidad.

También dispone que los nuevos proyectos de generación privada solo podrán ser a base de energías renovables y con una capacidad máxima de generación de 30 megavatios.

Ley general de electricidad: Introduce competencia regulada en el mercado eléctrico mayorista con el fin de mejorar la eficacia, la seguridad energética e incrementar la productividad, favorece al modelo de desarrollo en energías renovables nacionales, preserva la solidaridad eléctrica, la calidad de la energía y el desarrollo basado en fuentes energéticas nacionales renovables y su uso eficiente.

Fuente Archivo.

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