Columna Tributaria: Estados auditados


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El 18 de octubre se publicó en La Gaceta la resolución DGT-R-37-2013, que obliga a los Grandes Contribuyentes Nacionales y a las Grandes Empresas Territoriales a entregar estados financieros auditados a la Administración Tributaria. Los estados que se piden son los siguientes: balance de situación, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, las notas explicativas sobre las políticas contables más significativas y las demás notas explicativas. Es una obligación que debe cumplirse todos los años dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo fiscal del impuesto sobre las utilidades, aunque el obligado no se encuentre sujeto a dicho impuesto. Para el periodo fiscal 2012, “se amplía” el plazo hasta el 15 de diciembre del 2013.

Los estados deben emitirse en formato digital, por un contador público autorizado, que cumpla con los requisitos de independencia que estipulan la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos y su código ético. El dictamen debe ser firmado digitalmente. Quienes incumplan con esta colaboración se exponen a la nueva sanción del artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, una multa del 2% de los ingresos brutos, con un “piso” de 10 salarios base (¢3.794.000 en 2013) y un máximo de 100 (¢37.940.000) o la pérdida de incentivos para empresas del régimen de zona franca.

Poco después, en La Gaceta del 22 de octubre, se publicó otra resolución general (la DGT-R-035-2013), que obliga a los mismos Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales, a llevar en forma electrónica los registros de compras y de ventas de mercancías y servicios a que aluden los artículos 8 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, y 15 de su reglamento. Se trata de dos registros (uno para ventas y otro para compras), que ya eran obligatorios y que ahora pasan a ser forzosamente electrónicos.

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