Según el Ministerio de Hacienda, aunque se llegara a recaudar todo lo que establece el régimen tributario actual, no alcanzan los recursos para cubrir las necesidades del Estado. El primer obstáculo que enfrentará la reforma es su necesidad, analizada en función del gasto excesivo. Es muy difícil justificar aumentos de impuestos, sin dar muestras claras de que los recursos se invierten de manera eficiente. La propuesta menciona ideas para garantizar la calidad y oportunidad del gasto, que deben plasmarse en soluciones concretas para legitimar el componente relativo al ingreso.
Del lado del ingreso, se mencionan las reformas al impuesto al valor agregado, donde se vuelve a plantear la necesidad de generalizarlo gravando los servicios; de racionalizar las exenciones –canasta básica– y de precisar el sistema de acreditación –financiero–. En el impuesto sobre la renta se vuelve sobre la renta mundial y global (cambio a un régimen dual, con tarifa del 15% a todas las rentas pasivas); al tiempo que se insinúa la necesidad de eliminar exenciones. Adicionalmente se menciona incrementar el tributo a la propiedad de vehículos –de lujo– y de traspasos de bienes muebles e inmuebles –tarifa de un 3%–; así como gravar transacciones financieras –0,15%–.
Dadas sus similitudes, pareciera prudente considerar los avances dados en el proyecto de Solidaridad Tributaria. Sin prejuzgar sobre la bondad de este, sería un desperdicio arrancar de cero las discusiones sobre la forma de plantear la renta mundial “realista” (gravar las repatriaciones de rendimientos del exterior), las reglas de subcapitalización, el ejercicio para adecuar el tratamiento tarifario de las pymes y personas físicas con actividades lucrativas, la obligatoria elevación a rango legal de los precios de trasferencia, la homologación de las tarifas del impuesto a las remesas, los casos atenuados de aplicación de la tarifa del 15%; o la gradualidad en la aplicación de IVA en ciertos servicios, etc.
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