La crisis fiscal sacó a flote la discusión sobre la necesidad de que el país cuente con un sistema de compras públicas funcional, que provoque ahorros de importancia para recudir el faltante de recursos.
Fue la contralora general de la República, Marta Acosta, quien rescató el debate y presentó el tema ante los diputados como una ruta a considerar para mejorar las finanzas públicas, siempre y cuando el sistema electrónico de compras públicas incluya a todo el sector público, centralizado y descentralizado.
Según un informe del 2009, del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si Costa Rica contara con herramientas como la consolidación de las compras, la definición de estándares y el uso de catálogos de servicios y contratos marco, tendría un potencial de ahorro anual de hasta ¢225.000 millones, un 0,8% de la producción.
La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, entre tanto, maneja datos de que el ahorro potencial podría ser de hasta un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), siempre que todo el sector público utilice el mismo sistema.
Realidad dista de los cálculos
La cifra equivale a la mitad de lo que Hacienda pretende recaudar adicionalmente por año con dos proyectos para reformar los impuestos de renta y de ventas, las municiones de mayor calibre que tiene en su arsenal para atacar al déficit fiscal. El faltante en el erario público alcanzó el 5,7% del PIB el año pasado.
Por ahora, las cifras de ahorro alcanzadas en la práctica distan mucho de los cálculos del potencial de ahorro.
Según datos de la Dirección de Administración de Bienes, con el sistema actual, basado en la plataforma Mer-Link y con base en diez convenios marco, que permiten agrupar las compras de varias entidades por categorías (limpieza, boletos aéreos, suministros y vehículos, entre otros), el ahorro acumulado a la fecha es de ¢20.351 millones, mientras que el ahorro alcanzado en el periodo 2014-2015 fue de ¢2.828 millones.
Se intentó contrastar los datos con información del Instituto Costarricense del Electricidad (ICE), que desarrolla Mer-Link, pero la oficina de prensa no contestó la consulta de EF.
A octubre del 2014 eran 41 las instituciones que realizaban sus compras a través de Mer-Link.
La intención del Ejecutivo es que al 31 de diciembre del 2016 haya 68 instituciones utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), que se presentó en enero y que operará Racsa.
Fabián Quirós, director de Administración de Bienes de Hacienda, informó que los avances en la implementación de los distintos módulos del Sicop superan el 90% en la mayoría de los casos.
Una veta importante
Proyecciones de la Contraloría General de la República indican que en el 2014 las compras del sector público fueron de ¢5,5 billones, incluida la factura petrolera. La cifra representó un 21% del PIB. Fueron las empresas públicas no financieras las que más compras realizaron, casi ¢1,8 billones.
La contralora Marta Acosta llamó la atención sobre la necesidad de que todo el sector público esté en un mismo sistema de compras públicas, en aras de potenciar el ahorro posible, como alternativa para paliar el déficit.
Hoy las compras del Gobierno Central, las que entrarían dentro del Sicop, apenas representan un 6% del total, mientras que el restante 94% corresponde a compras que realiza el sector descentralizado. Acosta y Quirós, de Hacienda coincidieron en que el camino adecuado sería que se apruebe una ley que obligue a todo el sector público a formar parte de un sistema unificado.
Quirós también ve conveniente reformar la Ley de Contratación Administrativa para quitarle rigidez.
El Incae, tras varias publicaciones relacionadas con el esquema nacional de compras públicas, concluyó que el Gobierno aún no ha caído en cuenta de que es necesario echar a andar un proceso de innovación disruptiva, lo cual ha dificultado la discusión y el alcanzar una decisión pronta sobre el tema.