Construcción avanza sin balance hídrico

Permisos de construcción se obtienen con base en la demanda y oferta actual, pero no la futura


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    Construcción ignora el agua
    / 26 AGO 2012

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    Cantones de la GAM con más m2 tramitados
    / 26 AGO 2012

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Al menos el 28% de los cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) cuentan con algún tipo de restricción para el desarrollo de infraestructura, debido a que las fuentes de agua pueden afectarse, se carece de acueducto que lleve el líquido, o del todo la oferta es menor a la demanda.

No obstante, esta situación no ha motivado planificación o alguna coordinación efectiva con las acciones de construcción.

En el sector se afirma que si se construye es porque el operador del servicio garantizó el acceso al recurso hídrico, al menos en la actualidad. Así lo externó Aarón Morales, asesor técnico de la Cámara de la Construcción.

Por su parte, el operador mayoritario (AyA) argumenta que ellos dan el visado de disponibilidad de agua y alcantarillado, pero que los permisos de construcción son facultad de la municipalidad.

A esto se suma que los datos sobre disponibilidad del líquido están desfasados e incompletos y se carece de proyecciones sobre la oferta futura; es decir, no se sabe si lo que se construye hoy tendrá agua mañana.

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) es el encargado de hacer los estudios de disponibilidad de agua subterránea, pero por falta de recursos no ha logrado mapear todo el país y los balances hídricos existentes datan del 2006.

Bernal Soto, gerente de la entidad, admite que seis años son un lapso donde la realidad pudo haber cambiado, pero alega que si se dedican a actualizar los estudios, no logran mapear todo el país.

La ausencia de proyecciones y estudios hace que se autoricen desarrollos sabiendo solo la demanda y oferta del corto plazo, sin tener además proyectos que garanticen la protección de nacientes y aguas subterráneas.

Permisos que se marchitan

Parte de los trámites para iniciar cualquier tipo de construcción es contar con la “carta hídrica”; es decir, el visto bueno del operador de la zona, donde se detalla que puede brindar el servicio de agua.

A esto se debería agregar una planificación preventiva. Según Soto, han identificado ocho zonas declaradas “hídricas especiales”, en las que existe un problema de disponibilidad del recurso hídrico, ya sea por sobreexplotación, intrusión salina o alta vulnerabilidad a la contaminación; o bien se consideran estratégicas como reserva hídrica.

Para estas áreas, el Senara sugiere a los municipios que incluyan, en lo que corresponde a materia de planificación, desarrollo y crecimiento urbano, la zonificación y políticas adecuadas para uso del suelo, acordes con la protección de los recursos hídricos.

Empero, los datos del 2011 del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) indican que solo 36 de los 81 cantones cuentan con planes reguladores aprobados, que no necesariamente integran estas variables.

De las 18 municipalidades que integran el acuífero del Valle Central, 11 cuentan con plan aprobado, aunque en casos como Santa Ana data de 1982 y está en proceso de adaptación.

Manuel López, encargado de la subgerencia de Gestión de Sistemas GAM de AyA, explicó que las restricciones se establecen de acuerdo con la capacidad hidráulica de los sistemas de distribución y a la capacidad hídrica o de producción de las fuentes.

No obstante, no se tiene un plan maestro actualizado para determinar las proyecciones de crecimiento y necesidades o demanda de agua.

“Esta plan maestro actualizado debería indicar los requerimientos de infraestructura de producción y distribución, que garanticen la disponibilidad futura del agua en todos lo sectores de cobertura”, declaró López

Sin embargo, “mientras están los estudios, no podemos negarnos a la extracción de agua”, recalcó Soto.

Creciendo a secas

Ante la ausencia de un balance hídrico para ciertas partes, se le pide al interesado en extraer agua estudios menores, que no toman en cuenta las consecuencias conexas para él y sus vecinos.

De enero a junio de este año, se han tramitado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 4.043.154 metros cuadrados de construcción, más de la mitad de lo que se reportó en todo el 2011.

Solo en el GAM, en seis meses se alcanzó el 61% de todo lo que lo se tramitó el año pasado, lo que hace prever la posibilidad de que a finales de este año la cifra anual sea mayor que la del 2011.

Aunque la noticia es positiva para el sector y para el país, por ser la construcción un motor de crecimiento, podría convertirse en noticia árida a futuro, en cantones donde no se están tomando previsiones para garantizar que esos desarrollos actuales y futuros cuenten con el abastecimiento de agua.

El cantón central de Alajuela, por ejemplo, es el tercero del país con más metros cuadrados tramitados este semestre.

Sin embargo, en un informe de AyA de octubre del 2010, se afirma que es una zona sin disponibilidad del servicio de agua potable para desarrollos.

Los números indican que actualmente no hay déficit, pero no existe capacidad para ofrecer nuevos servicios; al menos, la parte que administra el AyA, que es la más grande.

Este cantón también es abastecido por la Municipalidad en la parte central y norte, y por una asociación administradora de sistemas de acueductos y alcantarillados Comunales (Asada) en las partes alejadas.

Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, explicó que actualmente no hay problema de ausencia de agua sino de distribución, como ocurre en la mayoría del país.

“Tenemos un estudio pormenorizado, en el caso de la Municipalidad, de todas las captaciones que tenemos y hace falta inversión importante para mejorar la distribución de estos recursos líquidos”, comentó Thompson.

El municipio desarrolla actualmente la infraestructura faltante y asegura que por ahora no pondrán límites al desarrollo inmobiliario, pese a que carecen de estimaciones sobre a cuántos usuarios pueden abastecer.

“No tenemos estimaciones de cuánto pueden soportar las nacientes. Estamos trabajando ahora en una modificación completa del plan regulador urbano”, agregó Thompson.

Esta realidad se presenta en varios cantones del país, donde se carece de estudios sobre el abastecimiento futuro y de las zonas de fragilidad ambiental, pero los permisos se siguen dando.

El AyA, por ejemplo, tiene todo su territorio segmentado en cuatro tipos de disponibilidades.

Sin embargo, no hay proyecciones de posibles cambios a futuro de esa disponibilidad.

Tras el caudal

Si no existe capacidad del respectivo operador para brindar el líquido, el interesado puede solicitar a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) los permisos para perforar un pozo.

La Dirección pasa la solicitud al Senara para que le informe si tiene estudios de la zona.

Si Senara no los tiene, lo que se le pide a la persona es un estudio hidrogeológico (de menor profundidad que un balance hídrico) que muestre la disponibilidad de agua donde se va a perforar, pero no se toma en cuenta la fragilidad ambiental de la zona presente o futura.

Si se aprueba la perforación, el interesado tiene tres meses para construir el pozo, para lo cual pueda contratar a cualquier empresa privada.

Una vez hecho el hoyo, la Dirección de Aguas mide el caudal y otorga en concesión solo la cantidad de agua que se necesita; sin embargo, la entidad carece de personal para monitorear que los concesionarios consuman solo la cantidad de agua que se les adjudicó.

Según esta lógica, toda persona que construye tiene garantizada su agua, si es que hay en la zona. Sin embargo, ante la ausencia de proyecciones, el panorama puede cambiar sin avisar.

Esto lo vivió Antonio Pilurzu, propietario del hotel Cala Luna en playa Langosta, en Santa Cruz de Guanacaste, quien inició su negocio en 1994.

Pese a ser una zona seca que suele enfrentar problemas de sequía, fue hasta este año que empezó a mermar el líquido.

Este hotel es abonado del AyA y ya no reciben agua 24 horas, no solo por un periodo de sequía que atraviesa la provincia, sino porque la infraestructura de Langosta es deficiente.

“Cuando crece la población o una industria, las calles se hacen más anchas para facilitar el tránsito, igual debería suceder con el acueducto, pero no ha sido así”, externó Pilurzu.

En el informe de AyA del 2010, se indicó que Santa Cruz es un cantón que rebasó su capacidad límite e inclusive tiene un déficit de 1.300 metros cúbicos.

Santa Ana, en San José, es otro ejemplo de acelerado desarrollo del cual su alcalde y el AyA están conscientes. Del 2010 al 2011, la cantidad de metros cuadrados tramitados se duplicó y en los primeros seis meses del 2012 alcanzó el 44% de todo el 2011. Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana, informó que coordinan con AyA la construcción de otro acueducto, pues saben que el actual no da abasto.

Pese a que esperan que esta infraestructura podrá brindar agua por 20 años, no existen proyecciones de hasta cuándo las fuentes de agua actuales serán suficiente para abastecer a la población, con el actual ritmo de crecimiento.

Oviedo aseguró que en algún momento se analizó frenar el crecimiento inmobiliario, pero el AyA les dijo que tenían programada esta ampliación que permitiría traer 24 pulgadas de agua al cantón. “Han cumplido, aunque el proyecto lleva un retraso, porque debió estar listo en marzo de este año. Nos dicen que estaría en operación en noviembre”.

Este cantón es uno de los que está en proceso de renovación de su plan regulador, con el fin de identificar las zonas más frágiles y protegerlas a tiempo.

Presión húmeda

Los estudios existentes sobre disponibilidad están en su mayoría desactualizados y en muchos casos ni siquiera existen.

El AyA actualiza sus datos de disponibilidad cada vez que se detecta alguna variación en las condiciones de producción y distribución, pero no hay revisiones periódicas establecidas.

Senara, por su parte, se enfoca en terminar los balances hídricos y no en actualizar los existentes.

Por ejemplo, el estudio del Senara sobre el acuífero que abastece el Valle Central (Colima-Barva) explica que ya en el 2006 existía un déficit de 150 litros por segundo y desde entonces no se ha actualizado.

Así, los encargados de la regulación del agua tienen que equilibrar sus recursos con las tareas pendientes, mientras los constructores, a su vez, buscan coordinar sus planes con permisos que se vuelven un mero trámite, sin que se logre, en todo el proceso, un balance hídrico real.

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