Candidatos piden reformas de fondo para Contraloría General de la República

Contralora respalda funciones del ente, pero reconoce aspectos generales que se deben mejorar


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Las funciones de la Contraloría General de la República (CGR) están en la mira de los aspirantes a la Presidencia de la República. Varios de ellos consideran que se requieren reformas profundas, en especial en materia legal, para adquirir mayor efectividad en el ámbito de su competencia.

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya cree que se debe reformar la ley de la CGR para que cumpla un verdadero control a posteriori y no a priori.

"Si analizamos el papel de las contralorías en prácticamente todos los países de América Latina, somos el único país donde este ente hace un control a priori y eso se ha convertido en un tema complejo. Hay diferentes círculos que han venido hablando de hacer esa reforma, que yo también considero que debe hacerse en comunicación y en coordinación con las autoridades de la Contraloría", mencionó Araya.

Otto Guevara, candidato del Movimiento Libertario (ML), considera necesario que se  clarifique en la ley orgánica de la Contraloría la función de fiscalización de la Hacienda Pública y dineros que el Ejecutivo utiliza. 

Para Guevara, la CGR no debe participar en decisiones sobre cuál es la mejor manera de invertir un fondo, sino en monitorear que el proceso licitatorio sea muy transparente y que los dineros asignados se estén invirtiendo adecuadamente. "Y vemos a la Contraloría presionando junto con Procuraduría para que se anulen planes reguladores y eso es algo que no le compete. Me parece que la CGR en esa área se ha desbordado en cuanto a sus funciones", dijo.

Para el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, el órgano ha cumplido una función vital en la probidad y en el manejo de las finanzas públicas. Empero, agregó que sí deben formularse algunas reformas sustanciales en la contratación administrativa como la necesidad de la contratación pública electrónica e incitar a que se establezcan carteles estándares y de ser necesario, sólo se apele la adjudicación.

Resaltó que no debe haber control de oportunidad porque eso es sustituir a la administración activa, sino control de legalidad.

Combate a la corrupción

En cuanto al control de la corrupción y manejo de fondos públicos, Araya dijo que se debe reforzar las funciones del órgano, y observa con simpatía tener presupuestos bianuales para hacer más fluida  la gestión presupuestaria de las instituciones públicas.

Guevara manifestó que la CGR debe mejorar el seguimiento a los casos de malversación de fondos que se envían al Ministerio Público hasta que culmine con la sanción al funcionario involucrado.

"Hay una especie de impunidad en el mal uso de los fondos públicos que es inaceptable y habría que revisar esas competencias o esas atribuciones de la CGR con el propósito de ver si se refuerzan para que le den el seguimiento respectivo a los expedientes en el Ministerio Público y se trabaje un poco más coordinado con este ministerio, así como con la Procuraduría de la Ética y el Poder Judicial", expresó.

Para Piza,  la CGR ha resultado ser la más efectiva en el tema del control de casos de corrupción. "Ha dado una muestra muy efectiva de lucha contra la corrupción, yo no cambiaría las normas hoy vigentes", externó el candidato del PUSC.

Contraloría opina sobre reformas generales

Marta Acosta, Contralora General de la República, especificó que ha escuchado las diferentes manifestaciones de los candidatos a la Presidencia tanto positivas como negativas, pero respeta la prohibición constitucional que le impide tener beligerancia política, por lo que no se refirió a posiciones concretas de los candidatos.

Sin embargo, aclaró a nivel general que todo proyecto que busque fortalecer la función de fiscalización y control será respaldado por la Contraloría. Y en caso de ser proyectos que busquen socavar o debilitar su potestad, se opondrán contundentemente.

En lo que respecta al desempeño de la Contraloría en el tema de la corrupción, Acosta informó que la CGR presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar la Ley Contra la Corrupción y Enrequecimiento Ilícito, el cual espera que sea valorado y aprobado pronto.

La funcionaria aclaró que este es un tema de la institucionalidad democrática y de toda la ciudadanía. "Nosotros resolvemos temas en sedes administrativas, y en aquellos casos en los que estiman que hay eventuales responsabilidades de tipo penal lo remitimos al Ministerio Público y en temas de carácter ético a la Procuraduría de la Ética, instituciones con las que tenemos una buena  coordinación", comentó.

Según la funcionaria en los últimos dos años la Contraloría ha tenido picos impresionantes de recepción de denuncias de todo tipo., 954 en el 2012  y 926  en el 2013.

Explicó que se ha fortalecido el área de investigaciones y denuncias con más personal y mejorando el uso de tecnologías y metodologías, así como los plazos mediante estrictos seguimientos.

"La corrupción es cada vez más sofisticada, pero eso no nos amedrenta, hacemos uso de todos los mecanismos y herramientas que poseemos para hacer cada vez un mejor papel", dijo Acosta.

130 procedimientos paralizados

Hasta hoy la Contraloría está imposibilitada de dictar el acto final de 130 procedimientos administrativos que involucra a 355 funcionarios y funcionarias públicas sobre diveros casos.

Dichos procedimientos se han venido acumulando desde abril del 2012 en razón de que la Sala Contitucional dio curso a acciones de inconstitucionalidad presentadas por costarricenses.

"Lo peor de todo esto es que se crea una percepción de impunidad y de que la Contraloría es lenta, pero eso está fuera de nuestro alcance", comentó la Acosta.

La Contralora dijo que es un reto para la institución que la ciudadanía comprenda que muchas veces quieren actuar con mayor rapidez pero no es posible dada la cantidad y variedad de recursos que se interponen en los procesos.

Lo mismo ocurre con los estudios de fiscalización. lndicó que a pesar de los hallazgos se comparten y discuten con la administración, ésta posteriormente interpone recursos que afectan la rapidez de los resultados.

"Los tiempos de la Contraloría no son iguales a la de los políticos, ni a los de la prensa o la opinión pública, que reclama justamente celeridad.  Si nosotros no brindamos técnica y jurídicamente nuestros informes y resoluciones perdemos todos, pierde la Contraloría, la ciudadanía, y no soy yo quien va a sacrificar calidad por celeridad", externó.

 

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