ECONOMÍA Y POLÍTICA

Transparencia del Gobierno más empañada que nítida

Solo 5 de 14 promesas del Ejecutivo en claridad registran altos avances

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    / 12 NOV 2016

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El pilar más abstracto del “Plan Rescate” del Gobierno se fragua a medias entre la prosa, la planificación y los diálogos.

A pesar de avances en plataformas para el manejo de información, mesas de diálogo o trámites, algunas de las promesas vinculadas a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente pintan alertas rojas y otras ni siquiera se cumplirán al cierre de este periodo.

Así lo determina el primer informe de seguimiento a compromisos en materia de transparencia y combate a la corrupción que presentó la ONG ciudadana Costa Rica Íntegra.

La entidad, que investigó avances en 14 de las principales promesas del Gobierno, encontró mejoras importantes en solo cinco de los compromisos a medio periodo. Cuatro promesas caminan lento, y otras cinco siguen estancadas, al no tener presupuestos, responsables o normas. Ninguna de las 14 metas se había cumplido a julio del 2016.

La investigación se deriva de un inventario de 137 compromisos adquiridos por el Gobierno antes y después de campaña, y lanza alarmas al Ejecutivo acerca de sus pendientes en la temática.

En el aire

Imprecisas y sin orden de prioridad: así podrían resumirse la mayor parte de las promesas del partido de gobierno en transparencia y lucha contra la corrupción.

Aunque el Ejecutivo logró transformar un 87,2% de los compromisos de campaña al Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Gobierno Abierto, buena parte de las promesas son difíciles de analizar, al no tener algún tipo de cuantificación que permita medir el avance del compromiso. También, el amplio número de promesas hace difícil conocer cuáles son sus verdaderos énfasis.

“Cuando se tienen 137 compromisos... ¿qué es prioridad?” pregunta Evelyn Villarreal, vicepresidenta de la organización. “Un número tan grande de compromisos puede hacer que los impactos se diluyan al final”, dice.

Es uno de los principales llamados de atención de la organización ciudadana, que solo estudió 14 de las metas al encontrar en la mayoría restante una redacción abstracta y dificultades de acceso a la información que permitieran verificar el avance.

El estudio califica de 0 a 5 los esfuerzos del Gobierno: asigna tres puntos a variables fácticas acerca de si existen acciones o medidas institucionales, presupuestos o responsables y asigna los dos puntos restantes a un promedio de las valoraciones realizadas por un panel de expertos.

A medio camino

Cinco promesas logran importantes avances en la materia.

El compromiso con mejores resultados del estudio se relaciona con la implementación de un registro único de beneficiarios de ayudas económicas y una revisión de los subsidios del Estado.

La meta, con nota de 4,47, tiene asignadas una decena de plazas, un presupuesto específico y –a julio de 2016– contaba con un 80% de avance en su primera etapa de recolección de información.

En el índice también destaca e la entrega de informes periódicos del Plan Nacional de Desarrollo (4,3), y la promoción de la realimentación entre el Gobierno y la sociedad (4,13). Esta última se relaciona con los mecanismos de diálogo con municipalidades y grupos indígenas, entre otros.

La reduccción en la tramitomanía también es positiva. Recibe una nota de 4,25 debido a la mejora regulatoria del Ministerio de Economía para simplificar 160 trámites y la publicación de –al menos– cinco decretos vinculados con la materia, entre otras aciones.

Ese fue, de hecho, uno de los factores que le permitió al país avanzar 21 puestos en el Índice Doing Business 2016, que destacó nuevas facilidades para el pago de impuestos y una baja en los trámites en servicios eléctricos.

Mejorar información (si existe)

El Gobierno parece tener éxito en la construcción de infraestructura tecnológica para almacenar o compartir información, pero falla en la calidad de sus datos.

infografia

No es un nuevo descubrimiento. Recientemente la Defensoría de los Habitantes publicó que 187 de 206 instituciones públicas no completan ni siquiera la mitad de los elementos para considerar a un sitio web transparente.

Solo la Municipalidad de Palmares obtuvo una nota superior a 70 en el índice, que evalúa el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos.

Incluso algunas de las instituciones claves en el tema, como el Ministerio de Planificación –con calificación de 56,05– o el Ministerio de la Presidencia –con 26,04 de 100– mantienen serias deficiencias en la materia.

Costa Rica Íntegra coincidió en la tendencia al otorgar una calificación positiva de 4,1 a la creación de infraestructuras de información y al dar, por otra parte, la segunda calificación más baja (0,56) a los esfuerzos ligados a la calidad de esos datos.

“Es hasta esta administración que se empieza a posicionar el enfoque del acceso a la información como un derecho humano”, justifica Ana Gabrel Zúñiga, viceministra de la Presidencia. “(Empero) la gente en las instituciones no ha logrado aprender la importancia de la gestión de calidad. (...) Ese enfoque no está, porque ni siquiera está el de facilitar la información”, reconoce.

Según la viceministra, el Ejecutivo apuesta por hacer reformas normativas que establezcan estándares vinculantes y alianzas estratégicas con el BID o la OEA para intercambiar capacidades y conocimientos.

Transparencia en tonos rojos

Otros ejes obtienen mala calificación en el estudio.

La creación de una oficina anticorrupción que coordinaría directamente con todas las instituciones anota la calificación más baja de todas (0,08) y es probable que la promesa no se cumpla, debido a la realidad fiscal del país.

“Sería irresponsable con las finanzas del Estado”, dice Zúñiga.

Otras, mal calificadas en el estudio, reportan algunos avances según el Gobierno.

A pesar de la negativa del Ejecutivo de abrir instituciones, el Gobierno se replantea la organización interna de algunas entidades para activar los Centros de Documentación prometidos en campaña (con nota de 0,75).

A medio camino avanzan las reformas a la normativa anticorrupción y la mejora en el Índice de Percepción de la Corrupción (que posiciona a Costa Rica en el puesto 44 entre 168 países).

Mientras tanto, el Ejecutivo destaca que la propuesta de un Decreto de Acceso a la Información y la Política de Acceso de Datos permitiría avanzar más en la promesa de someter planes reguladores a la consulta ciudadana.

El Ejecutivo destaca otros avances. De hecho, resaltan haber priorizado 17 puntos específicos en el eje contenidos en el Segundo Plan de Gobierno Abierto.

Mencionan las reformas legales ligadas al antilavado y antifinanciamiento del terrorismo o el proyecto de lucha contra el fraude fiscal o los procesos de consulta pública de las instituciones.

“Este gobierno no se ha terminado. En el primer trimestre del otro año veremos grandes frutos en esta agenda”, dijo Zúñiga.

Alertas rojas

5 de las 14 promesas investigadas por Costa Rica Íntegra registran pocos o nulos avances.

Crear una oficina anticorrupción adjunta al Ministerio de Justicia, encargada de coordinar con todas las instituciones.

Calidad de la información: Conformación de unidades sectoriales de información eficientes.

Planes reguladores sometidos a procesos de consulta ciudadana.

Redefinir funciones de los centros de documentación.

Revitalizar una estrategia de integración a los organismos regionales para mejorar la rendición de cuentas ante los Estados miembros.

Fuente Medición de Transparencia (CRI).

Sostenbilidad y financiamiento