Decreto de teletrabajo carece de metas concretas

Documento fue firmado el 14 de setiembre pasado


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Objetivos claros como cuántos trabajadores deberán acogerse a un programa de teletrajo y cuántas instituciones públicas están en la obligación de hacerlo, no queda definido en el decreto firmado por el Ejecutivo, que pretende la obligatoriedad de este mecanismo en el sector público.

Así, el decreto solo atiende generalidades de lo que se pretende con la normativa.

En cuanto a cuáles instituciones deberán implementar la modalidad, este estipula: "Es de aplicación obligatoria para las instituciones del sector público en las que por su naturaleza sea posible la aplicación".

De acuerdo con Jorge Llubere, coordinador de la Comisión Nacional de Teletrabajo, el artículo hace referencia tanto a instituciones ligadas al gobierno central, autónomas y semi autónomas.

Ahora, si bien en el documento no se define, Llubere aseguró a El Financiero que la meta es que cerca del 50% del total de instituciones bajo las sombrilla del Estado cuenten con programas de telebrajo.

Así, la normativa pretende llegar a unas 52 instituciones de gobierno.

Empero, es en el nuevo Plan Nacional de Telecomunicaciones donde esa meta queda por escrito. El mismo está en trámite de consulta pública.

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"Ahí si podemos ver que se incluyó una meta que es el 50% de las instituciones públicas centralizadas tengan programas de teletrabajo de aquí a 2018", comentó.

A su vez, en el tema del total de trabajadores que se pretende se sumen a este tipo de programa, no se establece un número como meta en el documento.

Sin embargo, el funcionario fue claro en que se utiliza una referencia internacional dónde se especifica que del total de trabajadores de una institución que realiza labores de tipo intelectual, un 20% puede teletrabajar.

"Bajo ese principio, y partiendo de que el en el sector público laboran alrededor de 314.000 funcionarios y de esos unos 70.000 funcionarios ejecutan trabajo intelectual, entonces estamos pensando que entre 14.000 y 15.000 funcionarios se podrían incorporar a esta modalidad", continuó Llubere.

Lo que sí es claro, es el objetivo del decreto.

Según un comunicado emitido por presidencia, se busca la modernización, reducir costos e incrementar productividad, en las instituciones del Estado.

"Ahorrar y usar de manera eficiente los recursos de los costarricenses, con el uso de las tecnologías, son sin duda un logro más con el teletrabajo", dijo en conferencia de prensa el presidente Luis Guillermo Solís el 14 de setiembre anterior.

Los beneficios señalados por el mandatario y su equipo van en diversas direcciones.

Para las organizaciones, el gobierno es enfático en que con la aplicación del Teletrabajo se aumenta la productividad de los funcionarios en cerca de un 15% y 20%; así mismo, posibilita la reducción del gasto en las instituciones y empresas por concepto de: alquileres, energía, agua, aseo, mantenimiento y otros.

De igual forma, se calcula que una reducción del tránsito hacia la ciudad de San José en aproximadamente 1.100 vehículos por día, ahorrando cerca de 350.000 litros de combustible al año y reduciendo en cerca de 60 toneladas las emisiones de CO2 al año.

"Es también un esfuerzo que se suma al que estamos haciendo para ofrecer mayores oportunidades de empleo a los grupos vulnerables de la sociedad, como son las mujeres jefes de hogar, las personas con discapacidad, los jóvenes y adultos desempleados”, concluyó el mandatario en su intervención.

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