Diputados aprueban presupuesto 2017 con reducción de ¢23.500 millones

Los diputados desoyeron las alertas del Gobierno. El Presupuesto Nacional para el 2017 quedó aprobado a las 8:42 p. m. de este martes 29 de noviembre, luego de que se rompiera el cuórum en Cuesta de Moras.

El texto aprobado reduce en ¢23.500 millones la propuesta del Gobierno —de los cuales ¢11.969 son recortes directos a instituciones— y redistribuye ¢47.831 millones que eran del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para trasladarlos a diferentes instituciones enfocadas en labores de seguridad en el país.

El pasado 1.° de setiembre el Gobierno presentó un proyecto de ley de Presupuesto Nacional por ¢8,94 billones, esa cifra representaba un crecimiento del 12% con respecto al presupuesto aprobado para el 2016.

Luego de un intenso camino legislativo de dos meses, los diputados aprobaron la propuesta (dictamen de mayoría) que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 21 de octubre.

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En ese informe de mayoría, los diputados propusieron recortes por ¢60.000 millones, sin embargo, finalmente en el plenario se aprobó una reducción por ¢23.500 millones.

Se recortaron ¢7.831 millones en la emisión de deuda, además ¢3.700 millones que se reducen de la deuda política presupuestada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y ¢12.000 millones que se recortaron directo al presupuesto de varios ministerios.

De esta forma el Presupuesto Nacional que regirá a partir del 1.° de enero próximo, pasará de ¢8,94 billones a ¢8,91 billones. Lo que representa una reducción del 0,2%.

El Gobierno señaló en un comunicado que la aprobación del presupuesto este martes se dio por falta de cuórum en el plenario legislativo.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, aseguró que presentarán un presupuesto extraordinaria cuanto antes para hacer cambios en algunas partidas y poder enfrentar los recortes que podrían afectar algunos servicios estatales.

El Gobierno agregó que los recortes "afectan seriamente" la operatividad de algunas instituciones públicas.

"Limitan el funcionamiento de las plantas de asfalto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), imposibilitan la compra de uniformes y equipos de comunicación para la Policía de Tránsito y obligan a reducir los operativos de la Policía de Control Fiscal", aseveró el Ejecutivo.

El nuevo presupuesto —según el proyecto de ley— tiene una fuerte carga impulsada por el pago de intereses o servicio de la deuda, más la amortización, ambos rubros constituyen el 33% del presupuesto total.

El incremento en el pago de obligaciones de la deuda fue de 20% con respecto a este año.

Lo anterior hace que esa erogación sea similar a las remuneraciones (gasto corriente) y transferencias. En el 2016, los intereses representaron el 12% del total.

"Si bien el porcentaje de recorte, no es alto, es menos del 0,2% del presupuesto, sí puede provocar afectaciones, ya que los recortes al presupuesto de las instituciones no representan una disminución de las funciones que dichas entidades tienen encomendadas por ley", dijo José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos de Hacienda.

Menos dinero al PANI

Otro de los ajustes que aprobaron los diputados este martes, es una reasignación de recursos, para lo cual le quitaron ¢47.831 millones al PANI para asignarlos de la siguiente manera: el Ministerio de Seguridad recibirá ¢25.000 millones; el de Justicia, ¢5.000 millones; el Organismo de Investigación Judicial, ¢5.000 millones; y el Ministerio Público, ¢5.000 millones.

Este reajuste atizó los ánimos en el plenario legislativo. Es importante recordar que los diputados aprobaron en primer debate el Presupuesto Nacional 2017, el pasado domingo 27 de noviembre.

Por mandato constitucional los legisladores debían aprobar el presupuesto en segundo debate a más tardar a las 11:55 p. m. de este martes 29 de noviembre. Sin embargo, algunos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), abandonaron el plenario y rompieron el cuórum, por lo cuál quedó el firme el expediente que fue votado el domingo anterior.

Eso sí, la molestia por quitar recursos al PANI para entregarlos a la seguridad del país se hizo sentir en las palabras de los diputados Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense; y Lorelly Trejos, del PLN.

En tanto, Rosibel Ramos, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aseguró que la reasignación de recursos busca darle más eficiencia al dinero.

"El PUSC está a favor de la niñez costarricense (...) pero la subejecución en el PANI ha aumentado en los últimos años. Este año tiene ¢13.000 millones de subejecución, eso es como sacar plata de una tarjeta de crédito para dejársela en la casa", declaró la legisladora al diario La Nación.

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Pese al recorte, el PANI siempre verá incrementados sus recursos transferidos para el próximo ejercicio, en un 3,6% (en lugar de en un 129,7%, como se pretendía en el plan original de Hacienda).

El PANI cuenta con recursos propios, analizados y revisados por la Contraloría General de la República. Sin embargo, buena parte de su presupuesto se deriva de tres transferencias corrientes, presupuestadas por el Ministerio de Trabajo y giradas a la entidad.

La mayor partida está relacionada con la Ley 7.648 (Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia), que le asigna el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta del año anterior. Para el 2016 se le asignaron ¢36.515,0 millones a la entidad por este motivo. Pero la resolución 000357- F-S1-16 de la Sala Primera provoca que el Gobierno deba asignar un monto de ¢83.710 millones: un 129% superior a la cifra del 2016.

Otras dos fuentes se obtienen de la Ley 7972. Una de ellas (originalmente presupuestada por ¢2.745 millones para el 2017) se refiere a la atención de programas de albergue, rehabilitación o tratamiento de niños en riesgo social. Dicha fuente crecía en un 195,7% con respecto al 2016. La tercera, que permite financiar proyectos de inserción educativa de las madres adolescentes en riesgo social, habría aumentado originalmente en un 31,7% para el 2017, llegando a un monto de ¢603,4 millones.

En la última década, la ejecución presupuestaria del PANI ha oscilado entre el 55,6% y el 92,7%.