Dudas de controles y costos se convierten en obstáculos para ampliar la ruta 32 a Limón

Costos y controles de ampliación en carretera hacia Limón cuestionan el proyecto urgente para el país

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Los montos y los controles sobre el modelo de financiamiento propuesto para la ampliación de la ruta nacional 32 (carretera a Limón) son obstáculos que podrían derrumbar el proyecto en el camino.

Los cuestionamientos sobre el préstamo y la constructora china Harbour Engineering Company (CHEC), designada para realizar la obra y que había sido sancionada por el Banco Mundial por actos de corrupción, dividen opiniones en el sector empresarial y en el político, pese a que todos coinciden en que es un proyecto urgente para el desarrollo nacional.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) aún no se pronuncia ni en contra ni a favor del proyecto, pese a que ya la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) señala grandes debilidades en el proyecto.

“En realidad aún no hemos tenido una posición definida porque estamos analizando,en una comisión de infraestructura, la información y documentación que nos ha entregado el Gobierno y las cámaras. Cuando ellos den su informe, emitiremos un criterio”, comentó Jaime Molina, presidente de la Uccaep.

Molina manifestó que cada cámara tiene derecho a opinar lo que quiera y defender sus puntos de vista, de acuerdo con su sector específico.

La CCC sostiene que un granvacío del proyecto es la la diferencia que existe en el monto que ofertó CHEC ($466 millones) ante la recomendación que dio la empresa mexicana Cal & Mayor, que fue contratada para que proyectara el costo de la obra, el cual definió en $377 millones.

“Se le pidió al Gobierno que revisara cuál es el precio razonable, porque así como están las cosas, nos parece que es el que da la empresa mexicana”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la CCC.

Delgado comentó que la ampliación de la ruta es necesaria para la economía costarricense y el sector productivo, sin embargo, cuestionan varios aspectos que podríandesplomarse sobre el proyecto.

Por ejemplo, antes de que se realizara el convenio entre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la empresa CHEC debió existir un tratado entre países que validara la aplicación del artículo 2 de la Ley de contratación administrativa , donde permite contratar de manera directa entre gobiernos, lo que no ha sucedido.

Además, les parece que si el proyecto se aprobara en las actuales condiciones cualquier persona podría poner un recurso de amparo donde diría que hay una discriminación en Costa Rica a favor de una empresa extranjera, por varias razones.

Un motivo es que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) tiene que aprobar el estudio de impacto ambiental en plazos que no son los normados. Otro aspecto que cuestionan es que la Dirección de Geología y Minas tiene que aprobar las concesiones en 30 días, plazos que tampoco son normados. Y en tercer lugar, la Dirección de Extranjería y Migración debe generar los mecanismos para que puedan ingresar todos los empleados chinos al país.

El presidente de la CCC aclaró que estas inquietudes fueron enviadas a la Uccaep y tienen un representante en la comisión de infraestructura para su análisis.

Al sector le urge la obra

El sector exportador, los productores de piña y el transporte autobusero, como usuarios frecuentes de ese tramo, coinciden en que es urgente acabar con el calvario que significan los retrasos y pérdidas que deja el colapso de la vía, especialmente en donde se une el tránsito como en los cruces de Sarapiquí, Guápiles y Guácimo.

Varias cámaras confirmaron que se han reunido con el Gobierno y el MOPT para informarse y aclarar dudas sobre el préstamo chino.

Empero, aseguran que piden que se aclaren todos los nublados existentes y que la Asamblea Legislativa se encargue de revisar y aprobar un proyecto, ya con la garantía de su transparencia.

“El sector exportador es de los que más utiliza esa ruta y estamos convencidos de que es estratégica. Tiene un impacto directo en los bienes de exportación e importación del país”, manifestó Mónica Segnini, presidenta de la Cámara Nacional de Exportadores (Cadexco).

Agregó que quieren transparencia, pero que una vez aclarados los cuestionamientos, es necesario que se ejecute la obra y no se atrase su construcción.

Christian Herrera, presidente de la Cámara Nacional de productores y exportadores de p iña, expresó que es el sueño del sector tener una ruta 32 que elimine el calvario, ya que la atraviesan 1.700 contenedores a diario con carga de piña y banano.

“Estamos exigiendo total transparencia en la construcción, como debe ser, pero la figura que muestra la administración está tomando mucha justificación, ya que la empresa china entrega llave en mano y asume el riesgo por la diferencia de precios en materiales”, externó.

La defensa del Estado

En la administración aseguran que caminan sobre una ruta firme. Los montos que maneja la CCC son distintos a los que registra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Marco Antonio Rojas, Ingeniero asesor del Viceministerio de Obras e Infraestructura, explicó que la empresa Cal & Mayor, bajo sus estándares y tomando en cuenta diseño e inspección, proyectó un costo de $390 millones, pero a la vez, hizo una valoración de los riesgos y desde un punto de vista probabilístico de un +- 25%, que se debe considerar.

Es decir, la obra puede costar cerca de los $490 millones y por tanto, les parece razonable la oferta de CHEC ($465 millones).

“La Cámara no ha analiza esa variable. Tuvimos una reunión donde se le explicó que existía dentro del informe de Cal & Mayo ese riesgo de variabilidad del precio”, dijo Rojas.

Agregó que CHEC tiene un plazo de ocho meses para presentar los diseños y 34 meses para hacer la construcción y, como no hay planos finales, hay variables que corren como riesgos de la empresa oferente (ejemplo: variaciones de precios), por ser un contrato llave en mano.

Ambiente político

El diputado Manrique Oviedo, del PAC, llevó al ruedo político el tema cuando manifestó su descontento con el proyecto de ley expediente 18.945, que analiza el préstamo.

“En el proyecto de ley se ve que se pretende eximir a todas las instituciones del Estado de los controles que por la normativa existen”, comentó Oviedo.

El deseo del Gobierno de acelerar el trámite de este proyecto chocó con la posición de Oviedo, por lo que el tema se convirtió en protagonista electoral.

Tras la caída de Johnny Araya en las encuesta de Unimer, es tiempo de evitar caminos pedregosos. Oviedo asegura que ha notado una actitud más reservada en el arayismo. “Cuando surgió este tema el candidato del PLN dijo que apoyaba la obra; sin embargo, ahora lo escucho más reservado”, dijo.

Por su parte el jefe de campaña liberacionista, Antonio Álvarez, resaltó que Araya es consciente de que se necesita la ampliación, pero enfatizó: siempre que sea transparente.

Así, con una comisión legislativa que tiene tiempo hasta abril, con un sector productivo que todavía no define una posición unitaria, a pesar de la urgencia y el clamor de Zapote por acelerar la definición de esta ruta, su ampliación transita, de momento, por el carril lento y podría quedar para la siguiente administración.

Sostenbilidad y financiamiento