Destinos específicos siguen sin cura

Ministerio de Hacienda concentra acciones en atender casos puntuales como el de las pensiones

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La Caja Costarricense de Seguro Social, el Consejo Nacional de Vialidad y el Patronato Nacional de la Infancia, son algunas de las instituciones que sobresalen como destinos específicos de transferencias establecidas por leyes o disposiciones constitucionales.

El Gobierno destinó un monto cercano a los ¢2,6 billones para cumplir con estos mandatos en el 2013; un 83% más que en el 2009.

Esa cifra representó además un 55% del total de los gastos del Gobierno para ese periodo, de acuerdo con el análisis “Evaluación de los destinos específicos del gasto del gobierno central”, elaborado por la Academia de Centroamérica, en diciembre del año pasado.

Esta inyección de fondos a algunas entidades reduce el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, que debe cumplir leyes, aunque no tenga los recursos.

Pese a esto, y al creciente déficit del Gobierno Central, el tema no está entre las prioridades de las autoridades de Hacienda.

“Nosotros tenemos toda la información y bien identificados esos gastos, pero buscarles una solución en este momento... no estamos en eso. Pero sí me parece que es un tema importante”, dijo el ministro.

Factor de peso

A criterio del exjerarca del Ministerio de Hacienda Édgar Ayales, la situación fiscal del país se agrava ante los gastos excesivos y los ingresos insuficientes del Estado. Un panorama que se complica cuando el dinero que no se tiene ya está comprometido.

“Los destinos específicos juegan un papel importante en este último punto; claro sin dejar de lado la política salarial del Gobierno”, agregó Ayales.

Los problemas fiscales del país se evidencian en un déficit fiscal que se proyecta creciente.

En 2014, Costa Rica cerró el año con un déficit del 5,6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB); las proyecciones para este año crecen a un 5,7% y hasta el 6,6% para el 2016, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Además de volver inflexible el gasto público, los destinos específicos son cuestionados puesto que se instauran por tiempo indefinido, sin monitoreo de resultados, ni la creación de nuevos ingresos para financiarlos.

Tampoco se liga el historial de ejecución de las entidades beneficiadas a los fondos que reciben.

“Hay instituciones que reciben transferencias teniendo superávit, entonces uno podría preguntarse: realmente la necesitan, sería posible girar solo una parte del dinero”, comentó Edna Camacho, economista e investigadora.

Mal de décadas

De acuerdo con el estudio de la Academia de Centroamérica, la proliferación de leyes que crean obligaciones de gasto con destino específico para el Gobierno es un fenómeno que surgió a partir de los años setenta.

Desde entonces no han cesado de salir nuevas leyes del Congreso.

Los dos mandatos constitucionales con destino específico, uno para la educación pública y el financiamiento del Poder Judicial, son las principales obligaciones del Gobierno en cuanto a destinos específicos se refiere.

En conjunto, representaron casi un 75% del total de este tipo de transferencias en el 2013.

Para Ayales, el tema va aún más allá, y es que el Gobierno en muchos de los casos no puede siquiera cubrir las actuales obligaciones, por lo que tiene la dificultad financiera para acatar los pagos a destinos específicos de forma total o parcial.

De acuerdo con el informe, un caso es la obligación de destinar el 7% del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia. Sin embargo, la precaridad de las finanzas públicas ha generado que se le gire menos de la quinta parte de lo asignado por ley en el periodo 2009-2013.

“No solo se trata de un monto muy alto sino que, además, se impuso sobre un ingreso existente y no de una nueva fuente de dinero”, subraya el documento.

Superávit como evidencia

¿Ejecutan las instituciones el 100% de lo que reciben?

El informe toma como base el superávit de las instituciones para evidenciar el bajo grado de ejecución a los montos asignados por ley.

A modo de ejemplo, se señala que en algunos casos el superávit total es incluso mayor que la transferencia correspondiente al destino específico.

Este es el caso del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. En el 2013 la institución recibió cerca de ¢3.000 millones, teniendo en sus arcas un monto cercano a los ¢7.000 millones.

“La Asamblea Legislativa ha manejado este tema a su libre albedrío, creando destinos imposibles de cumplir y sin recursos para ello”, comentó el exministro de Hacienda Alberto Dent.

Los especialistas coinciden en que la solución al problema pasa por una revisión exhaustiva de cada uno de los casos y modificaciones al régimen jurídico.

“Una posible solución estaría en la creación de una regla fiscal que impida que el gasto o déficit suba más de un determinado monto. Es claro que debe de existir un límite al gasto”, comentó Ayales.

No obstante, la revisión tendrá que esperar pues no está entre las prioridades de la cartera de Hacienda.

“Lo hemos comentado entre nosotros. Estamos pensando en una ley para racionalizar las pensiones, que son parte de este tema”, añadió Fallas.

Entidades beneficiarias

Ingreso correspondiente al destino específico y superávit total.

2010 2011 2012 2013
Institución Transferencia devengada Superávit Total Transferencia devengada Superávit Total Transferencia devengada Superávit Total Transferencia devengada Superávit Total
Caja Costarricense de seguro Social2.921,43193.531, 153.067,50132.176,1512.214,20114.262,1124.677,81213.225,97
Consejo Nacional de Vialidad 109.197,50 8.402,77119.949,20 56.463,82 123.915,50 70.618,22 126.265,50 61.562,46
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares159.991,40 6.941,94 173.986,20 7.033,40187.506,60 39.389,40213.835,80 28.951,13
Patronato Nacional de la Infancia 8.790,20 2.344,45 8.883,47 1.725,34 10.224,74 3.960,03 12.987,01 7.322,58
Banco Hipotecario de la Vivienda9.400,00 35.687,422.500,00 43.324,75 2.350,00 72.391,94 3.948,00 108.016,08
Sostenbilidad y financiamiento