Entes adscritos inflan sector público

Órganos dependientes de ministerios ya son 82 y constituyen mayoría entre 329 entidades públicas
Entes adscritos inflan sector.


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La creación de la Agencia  de Protección de Datos  de los habitantes (Prodhab), en el 2011, elevó a  82 la cantidad de entes adscritos a los 18 ministerios existentes.

Prodhab se convirtió en el octavo órgano que depende del Ministerio de Justicia y Paz y forma parte de las 43 nuevas instituciones públicas costarricenses que se han creado desde que inició el Siglo XXI.Con la suma de esas entidades el sector público costarricense ya alcanza 329 instituciones, un verdadero archipiélago  disperso  entre sus partes que creció exponencialmente tras la Asamblea Constituyente de 1949 y con mayor vigorosidad en la década 1990-2000  gráfico “Estado no para de crecer”.  El caso de la cartera de justicia y sus ocho entes adscritos, empero, no es el más extremo del sector público.El Ministerio de Cultura y Juventud, por ejemplo, tiene 14 “islas” dentro de su territorio, el Ministerio de Ambiente y Energía posee 9 entes adscritos, mientras que el Ministerio de Salud debe lidiar con 12 pequeños feudos que gozan de autonomía.Las causas de la dispersión de entidades radican en la gran cantidad de servicios públicos que brinda el Estado y en la debilidad del Gobierno Central, al privilegiarse una arquitectura pública compuesta por múltiples instituciones descentralizadas y empresas  estatales. La base de esa estructura se sentó en una Constitución Política construida en momentos en que la corrupción en el sector público era la preocupación popular más importante, agigantada por los hechos que llevaron al país a la Guerra Civil de 1948.¿Problema o beneficio?Sesenta y seis años después de esos hechos la visión sobre la construcción del Estado se diversificó, así lo prueba la cantidad de  foros donde se discute sobre la conveniencia de que el aparato estatal siga creciendo.  Son numerosos aquellos actores políticos y académicos que opinan que el engordamiento del sector público implica mayor lentitud y menos eficacia en la prestación de servicios a la población. Sobre la  creación de entes adscritos a los ministerios, los criterios redundan en que   debilita o diluye la rectoría ministerial y la fijación del rumbo  de las políticas de cada sector.Así, es cada vez más difícil que el Gobierno pueda conducirse  centralmente, dada la autonomía y cobijo legal del que gozan muchas de las entidades creadas en décadas recientes, opinó  el director del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe.Las instituciones autónomas suman 34, sin contar sus entes adscritos y las entidades semiautónomas recuadro “Un gobierno aparte”.  Otra consecuencia del abigarrado esquema del sector público es el débil contacto que existe entre el ente rector y sus órganos adscritos, así como la reducida capacidad del jerarca ministerial para echar a andar procesos de evaluación de cada “islote”, estimó Jorge Polinaris, quien fue ministro de Planificación durante el Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006).  El criterio de Polinaris y el de Gutiérrez Saxe contrasta con el del  Área de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación (Mideplan).La oficina concluye que la cantidad de instituciones por sector no es relevante, aunque sí lo es que cumplan con las funciones que les fueron asignadas y que el resultado sea la satisfacción de las necesidades ciudadanas.Esa búsqueda es la que en criterio de Mideplan ha acrecentado la cantidad de entidades públicas en todas las áreas. Reingeniería urgenteLa reducción de la cantidad de instituciones públicas es una quimera ante la falta de voluntad política para reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, una reingeniería de las instituciones y un ordenamiento sectorial más meticuloso sí es posible en la actualidad, gracias al marco normativo. El exministro Jorge Polinaris afirmó que la Carta Magna y la Ley General de Administración Pública facultan al presidente de la República y a los ministros rectores a echar a andar procesos de reorganización sectorial vinculantes para las instituciones. Tal herramienta permitiría eliminar duplicidades, valorar si una entidad adscrita aún tiene razón o no de existir y definir estrategias para mejorar la prestación de servicios a la población

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