¿Tengo que cancelar el impuesto a sociedades pese a fallo de la Sala IV?

Corte para el pago del tributo, sin sanciones económicas, venció el lunes 2 de febrero


  • Facebook (Compartir)
  • Tweetea!
  •  
  • Imágenes

El fallo de la Sala constitucional fue contundente: "todas las sociedades deberán pagar el impuesto correspondiente al periodo fiscal 2015, por lo que regirá (la inconstitucionalidad) con efectos futuros, a partir del período fiscal 2016".

Bajo ese principio, diferentes abogados especialistas en derecho tributario conversaron con EF acerca de la validez jurídica que tiene el "por tanto" dado a conocer por la Sala.

Sin embargo, pese a legitimar la resolución de Sala IV, son contundentes en que ejecutar lo estipulado, será una hazaña para la autoridad tributaria.

Claridad jurídica

José Saborío, abogado tributario, recordó que la declaración de inconstitucionalidad del tributo por parte de la Sala es total. A su vez, señala como relevante la facultad que tiene la institución de hacer un dimensionamiento del fallo.

"No hay nadie que le pueda decir a la Sala que se equivocó. Si la Sala dice que se aplica en 2015, hay que pagarlo; juridicamente la Sala hizo ese ejercicio de dimensionar ese fallo, lo que quiere decir que dicta una inconstitucionalidad pero bajo ciertas estipulaciones", agregó.

La afirmación es secundada por Marianela Carvajal, abogada asociada de Arias & Muñoz, quien indica que el comunicado de la Sala deja claro que la obligación de estar al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas subsiste para los períodos comprendidos desde el momento de entrada en vigencia de la ley y hasta el periodo 2015, inclusive.

"Esto implica que se debe continuar pagando el impuesto de este año y anteriores", subraya la abogada.

Sobre este punto, Francisco Ovares, presidente ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos, es del criterio que esa "sentencia parcial de inconstitucionalidad" despejará todas las dudas una vez que se conozca el "considerando"; es decir cuando se de a conocer el documento final de la decisión.

"Ese documento puede llegar a hacer de conocimiento público en unos 22 días. A la fecha no conocemos la redacción completa de la sentencia para poder enteder por qué en 2015 sí se tiene que pagar pero en 2016 no, por ejemplo. Hay que ver qué fue lo que se analizó", concluyó el presidente ejecutivo.

Para el 2015, las sociedades activas y las personas jurídicas extranjeras con sucursales o apoderados inscritos en Costa Rica debieron pagar por concepto de impuesto a personas jurídicas un monto de ¢201.700. Las inactivas debieron cancelar ¢100.850 al 2 de febrero pasado.

Sanciones vigentes

El pronunciamiento de la Sala indica a su vez, que los artículos 1,3y 5 de la ley siguen vigentes el resto del año, lo cual abarca obligaciones de pago de multas y sanciones por incumplimiento.

Carvajal, de Arias & Muñoz, sostiene que la  "falta de pago produce los siguientes efectos: el Registro Nacional no inscribirá documentos ni emitirá certificaciones de aquellas sociedades que se encuentren morosas en el pago del impuesto, la generación de un recargo por mora en el monto a cancelar, el cual se incrementa diariamente, la imposibilidad de contratar con el Estado o con cualquier institución pública autónoma y semiautónoma, la disolución de la entidad cuando la mora alcanza tres períodos consecutivos".

La Ley de Impuesto a personas jurídicas entró en vigencia desde el pasado 1° de abril del 2012 y su creación tuvo como objetivo destinar los recursos a financiar, con un 5% de la recaudación total, la Dirección General de Adaptación Social.

El restante 95% de la recaudación de este impuesto se destina al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en sus programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia.

En la práctica

Saborío señala que la resolución de la Sala evidenciará la escasa o nula capacidad de parte de Dirección de Tributación para obligar a los contribuyentes a cancelar el tributo.

A su vez, de la incapacidad de Tributación para poner llegar en algún momento a poner al día a los obligados a pagar el tributo.

"Lo que va a suceder es un problema práctico, no legal. Estimo que unas 200.000 sociedaes no pagarán y no Tributación no tendrá la capacidad de cobrar judicialmente. Es más, le saldría más caro a Tributación empezar a ejercer esa presión", comentó.

Es más, el abogado se atrevió a estimar en que tal solo un 6% u 8% de lo adeudado, será recaudado efectivamente en cobro judicial.

Sostenbilidad y financiamiento