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Las últimas semanas trajeron buenas nuevas para la administración de la presidenta Laura Chinchilla, pero un aluvión de incidentes y polémicas las ensombrecieron hasta hacerlas invisibles, mientras el Gobierno enciende nuevos frentes por todos lados.
Incidentes potenciados por el eco en las redes sociales, hasta ausencia de progreso en metas nacionales de larga data, dejaron en el olvido el par de puntos a favor que se anotó Zapote.
Por primera vez desde setiembre de 2011, la imagen de la presidenta frenó su caída de popularidad entre los costarricenses. Entre julio y octubre el porcentaje de costarricenses que calificaron su labor como “mala” o “muy mala” se mantuvo en 53%, según una encuesta realizada por la empresa Unimer y publicada por el diario La Nación.
Además, la inseguridad abandonó la posición de privilegio que durante años ostentó entre las preocupaciones de los costarricenses. Precisamente la lucha contra la inseguridad fue uno de los estandartes de campaña de Chinchilla.
“Falta visión estratégica real sobre cómo construir la gobernabilidad, cómo dirigir el país y tener un mejor manejo de las fuerzas políticas y sociales del país”, criticó el politólogo Carlos Carranza.
Descontento
Mala estrategia o mala suerte, varios sucesos provocaron reacciones tan airadas que le quitaron volumen a los esfuerzos del Gobierno por cacarear los resultados de la encuesta de Unimer.
Los choques entre manifestantes, incluyendo dos diputados, y la policía degeneró en un escándalo y una nueva marcha días después. Entre el pliego de peticiones estaba la destitución de Mario Zamora, ministro de Seguridad.
Mientras el Gobierno intentaba sacudirse las acusaciones de represión, el informe anual del programa Estado de la Nación puso en el centro del escenario la ausencia de frutos en la lucha contra la pobreza.
“El porcentaje de hogares pobres se mantiene, pero al introducir otros indicadores como el de necesidades básicas satisfechas en los últimos 12 años, hay una mejoría. Aún familias bajo la línea de pobreza han tenido una mejoría en términos de cubrir las necesidades básicas”, defendió Fernando Marín, ministro de Bienestar Social y Familia en una entrevista con EF.
Todo lo anterior palideció después de que la Asamblea Legislativa decidiera no reelegir en su puesto al magistrado Fernando Cruz.
El resultado de la votación generó rechazo dentro y fuera del Poder Judicial, generando un choque entre poderes. En esta danza de recriminaciones Zapote también se ve involucrado debido a la intervención de Carlos Ricardo Benavides, ministro de la presidencia.
“El Gobierno tiene visión de horas, tal vez de días. Cuando toma una decisión no examina todo el escenario, todas las ramificaciones. La decisión sobre el magistrado Cruz, pone en aprietos al ministro Benavides como interlocutor válido con aliados que necesitan, no para decidir puestos, sino para aprobar proyectos”, argumentó Carranza.
El futuro de Cruz podría definirse en la Sala IV, ya que los diputados del PLN, en lugar de evitar un aumento en el choque de poderes, optaron por insistir en la destitución. Así, aunque la presidenta Chinchilla llamó a una reunión para el próximo lunes entre jerarcas de Poderes, las relaciones se caldean, ante la incapacidad en Zapote de contener a sus propios diputados.
Ahora, nuevas marchas y protestas se convocan, cada vez con más elementos en común.
Para Zapote el daño está hecho. Y se suma a una larga lista de incidentes que desgastan el su capital político y pone en duda la estrategia que guía el accionar del Gobierno.
