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Honduras: Controversia por ciudades modelos

Convenio firmado por el Gobierno autoriza propias leyes, autoridades y modelo tributario


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Apenas unas semanas después que el Gobierno hondureño firmó el memorándum de entendimiento –que servirá de marco para la creación de la primera de las “ciudades modelo”–, la Corte Suprema lo consideró “inconstitucional”.

El proyecto gubernamental se centra en crear un territorio con sus propias leyes, sistema tributario, política de inmigración y policía. Será una especie de isla dentro de un país soberano. El Gobierno le dio luz verde al polémico proyecto y firmó un acuerdo preliminar con el consorcio norteamericano MGK, y espera impulsar el desarrollo en una de las naciones más pobres del Continente.

Los críticos del proyecto, basado en una propuesta del académico norteamericano Paul Rommer, hablan de nada menos que privatización del suelo hondureño: las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. Sus defensores desmienten esta versión.

Sin embargo, la iniciativa que impulsan el presidente Porfirio Lobo y el titular del Legislativo, Juan Orlando Hernández, sufrió un duro revés legal, tras ser decretada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Por mayoría de votos, la Sala Constitucional del Supremo hondureño declaró inconstitucional las Redes Especiales de Desarrollo (RED, como se aprobó el proyecto), mejor conocidas como Ciudades Modelo o Charter City.

Recientemente, la Fiscalía para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público también declaró que las Ciudades Modelos violaban preceptos constitucionales.

La resolución de la Sala Constitucional pasará al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes conocerán el fallo dictado por sus colegas.

La semana anterior representantes del Colectivo de Mujeres Hondureñas presentaron a la Corte Suprema de Justicia 22 recursos contra el proyecto de Regiones Especiales de Desarrollo, bajo el argumento de que la iniciativa viola la soberanía nacional y la Constitución de la República. Las reclamaciones interpuestas por el grupo y personas naturales se suman a otros 14 recibidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Entre los opositores al proyecto figura el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien criticó las pretensiones de dividir a Honduras en pedazos y reclamó un desarrollo integral y no zonas privilegiadas en un país donde el 60% de la población vive en la indigencia.

Ante la ausencia de un fallo judicial, el diputado pinuista German Leitzelar, expresó que ninguna discusión pública sobre las Ciudades Modelo es válida en tanto no se conozca la resolución del más alto tribunal de justicia.

Leitzelar dijo que es fundamental una resolución de la Suprema Corte para generar confianza en el sistema democrático y señaló que a partir de esa decisión, los diputados deberán fijar su agenda.

Defensores de las Charter City

“El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio”, dijo el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.

En efecto, la jurisdicción de Honduras sobre la Ciudad Modelo abarcaría muy poco fuera de estos dos campos. Lo otro que quedará “sujeto al Gobierno nacional” son los temas electorales y emisión de documentos de identidad y pasaporte.

Más allá de eso, la Ciudad Modelo o RED será, para algunos, como un país creado dentro del territorio hondureño.

El estatuto y las leyes que la regirán, así como los convenios que firmen, deberán ser refrendados por el gGobierno de Honduras, según la reforma Constitucional del 2011.

Pero una vez establecido este marco legal, la ciudad quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta contratar sus propias deudas internas o externas, siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras.

La ciudad no tendrá que transferir recursos a menos que sea para “financiar becas de estudio o en caso de catástrofes nacionales”, según parte del memorándum firmado.

Michael Strong, cofundador del consorcio norteamericano MGK , señaló que con el Gobierno de Honduras “firmamos una carta de entendimiento, pero aún hay muchos aspectos del proyecto de las ciudades modelos que no podemos hacer públicos”.

Agrega que cuentan con inversionistas expertos del sector inmobiliario que han desarrollado grandes proyectos en toda Centroamérica y América del Norte. “En nuestro sitio en Internet está el perfil de nuestros socios y cada uno es reconocido por su experiencia en su sector. Esperamos contar con la participación de empresas constructoras de mayor ética y experiencia en Honduras y a escala mundial”.

Nuestro consorcio incluye a Robert Haywood, uno de los principales expertos, que ha participado en la creación de las zonas francas en el mundo. Haywood ayudó también a crear las zonas francas en el Valle de Sula, al norte de Honduras, en la década de los 80, donde actualmente se generan más de 113.000 empleos.

“Hemos estado trabajando con grandes inmobiliarias en México y Estonia para implementar este sistema. Estábamos en el proceso de elaboración de la aplicación de dicho sistema en Estonia cuando surgió la oportunidad de las RED en Honduras”, apuntó.

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