Estado costarricense gasta ¢108 en pluses por cada ¢100 en salarios

Incentivos adicionales crecieron más que pagos regulares en el 2016

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El sector público gasta ¢108 adicionales en incentivos y pluses por cada ¢100 que eroga en salarios básicos. Estas son las anualidades y las restricciones al ejercicio liberal de la profesión, entre otros.

Es decir, las instituciones estatales tienden a gastar más en incentivos que en sus propias remuneraciones básicas. Algunas organizaciones, incluso, llegan a gastar hasta el doble.

La relación promedio de las erogaciones entre salarios e incentivos parte de un análisis de la Contraloría General de la República (CGR) en su Memoria Anual del 2016. Esa institución, sin embargo, advierte acerca de las enormes disparidades en el gasto de incentivos en todo el Estado costarricense.

La Contraloría también destaca cómo el crecimiento inercial de los incentivos ha tenido un mayor peso que los esfuerzos del Gobierno en contención del gasto aplicados desde hace tres años. Hoy, además, el gasto en incentivos crece más que el de salarios.

Universos paralelos

Los gastos en incentivos y salarios en el sector público son, por completo, incongruentes.

“Hay fuertes inequidades a lo interno y a lo externo: jefaturas que ganan menos que funcionarios de más experiencia, puestos similares que ganan diferente en otras instituciones y sistemas de evaluación muy diferentes”, sintetiza Julissa Sáenz, gerenta del Área de Servicios de Administración Financiera de la CGR.

Visto por instituciones, el gasto en incentivos y en salarios lo ejemplifica bien.

Por ejemplo, en las instituciones descentralizadas la relación entre los salarios básicos y los incentivos es mucho mayor que la del promedio general. Así, cuatro entidades gastan más del doble en incentivos salariales de lo que gastan en salarios básicos.

En organizaciones como la Junta de Protección Social se pagan ¢234 de incentivos adicionales por cada ¢100 de remuneraciones básicas. Algo similar sucede en la Refinadora Costarricense de Petróleo (¢223 por cada ¢100 de salarios), en el Instituto Costarricense de Turismo (¢221 por cada ¢100) o en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (¢211 por cada ¢100).

Mientras tanto, la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior o el de Ciencia y Tecnología gastan la mitad en incentivos de lo invertido en salarios básicos.

Contención enfrenta la inercia

Al año pasado, Costa Rica invirtió ¢5,3 billones en las remuneraciones del sector público.

El dato aumentó en un 2,4% con respecto al 2015, pero hay una tendencia del Estado a que este rubro crezca cada vez menos.

“Ese rubro siempre va a crecer. La medida clave es cómo crece eso respecto al Producto Interno Bruto y, en este caso, es menor”, dice el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco.

El jerarca destaca que las directrices emitidas por el Gobierno para congelar la creación y motivar el traslado de plazas a otros ministerios han permitido que esos aumentos en el gasto sean menores. Empero, pese a esas restricciones, el Estado también se enfrenta a la inercia en el crecimiento de los incentivos.

Aunque algunos incentivos están atados a las variaciones en el salario base, otros siguen aumentando de forma independiente, más ligados a factores como la experiencia de los trabajadores.

Entre el 2015 y el 2016 las remuneraciones básicas en el sector público aumentaron en 2,2%, frente a unos incentivos que crecieron en un 3,6%. Es decir, los pluses (que suelen beneficiar más a los empleados experimentados) crecen más que las propias remuneraciones básicas.

¿Qué hacer con los pluses?

Mientras las reformas al empleo público para regular los incentivos de los nuevos empleados que contrate el Estado siguen varadas en el Congreso, hay otros factores que podrían disminuir el crecimiento de esos incentivos.

El viceministro Pacheco, por ejemplo, sostiene que el Gobierno puede seguir renegociando y denunciando cláusulas abusivas en las convenciones colectivas, que podrían disminuir ese gasto.

Además, la propia demografía del sector público que hoy contribuye a las altas erogaciones en los incentivos salariales, podría cambiar el paisaje en pocos años.

“En las anualidades, podría esperarse que en una década el rubro de anualidades comience a desacelerarse. La edad promedio del funcionario público es de 43 años. Ahí podría haber una desaceleración muy importante”, apunta el viceministro.

Mientras tanto, según la Contraloría, los datos revelan un Estado fragmentado, que quizás debería sustituir sus sistemas por uno más simples u homogéneo que logre remunerar la productividad, en lugar de la antigüedad de los empleados.

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