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Los grandes proyectos de inversión en el tintero del Gobierno salieron indemnes de la tijera presupuestaria que fue utilizada en el Gobierno Central con el objetivo contener el crecimiento del déficit fiscal.
La socada de faja se deja sentir, pues el dinero destinado a financiar gastos de capital, donde se incluyen obras desde reparación de maquinaria y compra de equipo hasta construcción de vías, sumará en el 2013 ¢336.000 millones. La cifra representa una reducción del 13% con respecto a 2012.
No obstante, la agenda de grandes inversiones del Gobierno, que asciende a $6.400 millones, logró escaparse a la austeridad en el Sector Público, gracias a que está mayoritariamente financiada con créditos y recursos internacionales, o mediante figuras como la concesión de obra pública.
Pese a que se frustraron sus intentos de aumentar los ingresos con una reforma fiscal, el Gobierno ha decidido no echar marcha atrás en adquirir estas obligaciones. Desde 2010, la Asamblea Legislativa ha aprobado tres créditos internacionales, que se suman a los once que recibieron luz verde en el periodo 2006-2010.
“La estrategia de sacrificar la inversión nos tiene con 30 años de retraso en la infraestructura”, aseguró Luis Liberman, vicepresidente de la República y quien lidera el equipo económico del Gobierno.
Los proyectos incluidos en esta cartera de inversiones incluyen tanto la refinería en la que trabaja la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), como la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y varios proyectos viales.
La meta es superar el rezago en infraestructura, que durante años ha dañado la competitividad del país, y sacado de quicio al sector productivo, que debe lidiar con calles que destruyen las flotillas y complican la distribución, y largas esperas en los puertos.
Tránsito lento
La TCM se encuentra navegando entre los estrechos pasillos del aparato legal. Aunque el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó las dos demandas interpuestas contra la concesión del proyecto a la holandesa APM Terminal, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva apeló el fallo.
La organización sindical, además, prepara otras acciones legales, pero eso no ha detenido el avance de APM Terminals en la realización de los estudios de suelos y ambientales.
Los proyectos viales sí han visto más movimiento con el inicio de obras de la vía que unirá Bajos de Chilamate y Vuelta Kopper ($52,4 millones) y la ampliación de la autopista Interamericana norte en el tramo entre Cañas y Liberia ($144 millones).
En construcción, también se encuentra la carretera que unirá Sifón y La Abundancia en la ruta a San Carlos.
A pesar de que estas obras lograron arrancar, debe considerarse la cantidad de proyectos en el tintero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El Gobierno obtuvo el financiamiento de $400 millones para la ampliación de la ruta 32 con el Gobierno de China, y se encuentra en negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo costear el Plan de Infraestructura Vial II.
En este paquete se incluiría la ampliación a cuatro carriles del tramo de la Interamericana Norte entre Barranca y Cañas, así como la conexión entre Santa Cecilia y Birmania.
“El objetivo es darle vialidad al corredor norte, y unirlo con el atlántico. Con estas obras un camión que cargue un contenedor en Moín podrá estar en cuatro horas en Peñas Blancas”, afirmó José Luis Salas, presidente ejecutivo del Conavi.
Además, el Consejo trabaja en los proyectos del paso a desnivel en la rotonda de La Guacamaya, en Paso Ancho, trabajos en circunvalación norte y oriental, así como la calle de acceso a la TCM.
En pie
El sector energético, donde se incluyen esos proyectos, concentra el 45% del dinero necesario para financiar la agenda de inversiones de Zapote.
De las obras programadas por el ICE, el más costoso es el proyecto hidroeléctrico El Diquís, con una inversión estimada en $1.353 millones.
Actualmente el proyecto enfrenta complicaciones legales debido a la oposición de poblaciones indígenas al desarrollo de la obra. Pese a esto, el proyecto registraba en mayo un avance del 39%.
El desarrollo de la planta en el río Reventazón es el segundo proyecto con mayor inversión del ICE con $524 millones, y para que se encuentre operando en 2016 el Instituto elevó su endeudamiento.
Ambos proyectos sumarían más de 900 MW a la capacidad de generación nacional, y urgen para satisfacer la demanda futura.
Por su parte, Recope negocia con el China Development Bank el financiamiento del 70% de la ampliación de la refinería. El otro 30%, de los $1.290 millones que cuesta el proyecto, será aportado por partes iguales entre la China National Petroleum Corporation Internacional (CNPCI) y la Refinadora como capital de trabajo.
Muchos fondos, muchas trabas
El lento avance de los proyectos de obra pública no sorprende, más bien es la norma.
Los obstáculos ante estos proyectos van desde carencias de recurso humano que alargan la generación de los carteles de licitación y los procesos de adjudicación; hasta el marco legal.
“Los proyectos avanzan al ritmo que permiten las leyes y el escaso recurso humano que tenemos. Esperamos que varios proyectos salgan a licitación a final de este año, cuando iniciarán los procesos de apelaciones que siempre se dan en este país”, argumentó Liberman.
La cantidad de proyectos, y del recurso financiero, ha desbordado al Conavi, que busca formas de organización para hacerle frente a la tarea.
“Mientras el tema de expropiaciones no pueda ser atendido con la prontitud que se requiere, seguiremos topando con cerca”, alegó Salas.
La apuesta del Gobierno sigue siendo fuerte en estas inversiones, aunque la esperanza de agilizar los plazos se resquebraja.
