IRENE CAMPOS

¿Cuál es el futuro del ordenamiento territorial en el Área Metropolitana?

Renovación de reglas para el uso del suelo queda pendiente

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Con su hablar pausado y tono didáctico, Irene Campos ha sido una ministra con un perfil bajo, que ha liderado una discusión de alto voltaje.

Al asumir la jefatura del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Campos se zambulló en el desconocido ámbito de la administración pública y heredó el herrumbrado proceso para renovar las reglas de ordenamiento territorial de la Gran Área Metropolitana.

El tema puede parecer etéreo, pero sus implicaciones para todos los propietarios de terrenos pueden ser transcendentales. Dependiendo de los lineamientos, esa finca que durante años ha estado en la familia ya no podrá urbanizarse.

Es un pulso de larga data. El rechazo de la propuesta de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam) abrió el espacio para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) elaborara una opción de su propia autoría.

Empero, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam) ha sido blanco de críticas no solo de académicos y expertos en urbanismo, sino de Campos.

Dado que el Poder Ejecutivo es el encargado de firmar el decreto que pondría a regir el Potgam, la Ministra ha tenido espacio para insistir en modificaciones. Impulsó un proceso de consulta y una ronda de seminarios para intentar acercar posiciones.

En la discusión media ahora el despacho de Alfio Piva, primer vicepresidente de la República. La conformación de una comisión, que podría trabajar durante cuatro meses en un documento de consenso, es el opción para ponerle punto final a la discusión.

Con su salida del Gobierno, el 30 de noviembre, Campos se va a perder el desenlace del pulso.

La meta de crear un sistema de ordenamiento territorial se mantiene. Sin embargo, no hay un plan para la GAM, ni planes para Guanacaste. ¿Cuáles son los avances?

Hablamos de un sistema, la meta no dice que deban estar aprobados los proyectos. El ordenamiento territorial como concepto nace en esta administración. Lo que ha tenido el país es la Ley de planificación urbana . La orientación ha sido planificar zonas urbanas y muchas veces en planes reguladores se dejan por fuera los distritos más rurales.

“Estamos próximos a aprobar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que es una sombrilla con una dimensión de 30 años, con ejes como competitividad territorial, asociados a metas y un plan de acción. Los planes regionales y municipales son instrumentos, como existen muchos otros en ese sistema”.

¿Estos instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam) avanzan?

Hemos logrado avanzar, pero este es un trabajo que hacemos con mucha responsabilidad. El INVU nos entregó una tercera versión del Potgam. Lo volvimos a evaluar y tuvimos las mismas observaciones que planteamos con respecto al anterior. El despacho del primer vicepresidente, y con apoyo del Ministerio, está conformando una comisión para acercar posiciones.

¿Cuáles son sus observaciones sobre el Potgam?

Consideramos que la ciudad tiene que pasar a ser compacta y densa. Eso se debe plasmar en los lineamientos del Potgam y no en generar expectativas de crecimiento de anillos o en zonas que pueden ser frágiles.

“Otro tema importante es la movilidad y viabilidad. Es importante ampliar algunos cuadrantes urbanos en función de las calidades ambientales. Pero no consideramos oportuna la construcción de carreteras fuera del anillo de contención en zonas de montaña. La zona es relativamente frágil de forma que la operación y mantenimiento de la vía no serán fáciles. Cualquier vialidad abre espacios para urbanización, pues tenemos un reglamento que permite fraccionar y urbanizar frente a la vía pública”.

Estas diferencias no son nuevas. ¿Hasta dónde pueden el rector de un sector y el encargado mantener esa separación de criterios?

Por eso apoyamos crear una comisión con personas que nos den visiones diferentes. Trajimos a personas con mucho conocimiento que nos pueden informar sobre el “estado del arte” en el tema.

“Queremos conciliar, pero vamos a ser claros: el Poder Ejecutivo emite el decreto y si eventualmente no conciliamos, tendremos que emitir un decreto en función de lo que profesionalmente creemos es lo mejor para el país. Sin dejar de lado que requerimos reforzar y trabajar capacidades en el INVU. Queremos conciliar, pero eso tiene un límite”.

Tenemos 30 años en esta discusión.

No, no tenemos 30 años en esta misma discusión. Esta discusión es del último año. Hace 30 años se decidió que la ciudad iba a estar contenida por un anillo que estuvo muy definido por límites físicos como montañas y que ahí iba a estar la ciudad.

“Independientemente de que exista un documento aprobado moderno para la GAM de lineamientos generales, eso no salva el desorden que pueda existir en un cantón. Las especificidades del territorio las deben definir los planes reguladores”.

¿Cuántas municipalidades cuentan con un plan regulador al día y vigente?

Son 37.

Tenemos pocos planes específicos, un plan para la GM con 30 años y en las otras regiones no hay. ¿Por qué cuesta tanto?

Hay diferentes razones. El principal tema está asociado a lo que significa el interés público sobre el interés particular. El ordenamiento territorial limita la propiedad privada. Es decir, usted en este terreno puede o no puede hacer ciertas cosas, cuando en teoría en mi finca yo podría hacer lo que quiera.

“Eso en la cultura costarricense es una cosa complicada. Hay que capacitar al ciudadano sobre lo que significa el ordenamiento territorial, explicarle por qué es importante. Y darle capacidad a las municipalidades para que puedan soportar los embates de un interés particular”.

¿Ha sido débil la rectoría del Mivah?

Pese a que el país fue muy pionero con la ley de planificación urbana, lo dejamos ahí. Perdimos institucionalidad y debemos reconocerlo. Se crearon algunas instituciones que tienen competencias sobre el territorio, como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con zonas costeras y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con el eje transversal de riesgo, pero nunca las armonizamos. Hemos puesto el dedo en la llaga, les dijimos aquí vamos a trabajar como un solo sector.

¿Está la propuesta del INVU permeada por el interés privado?

No me atrevo a decir que sí o que no. Ellos tienen un concepto urbano específico con el cual yo no estoy de acuerdo, pero no significa que esté permeado. De todas maneras, esto es un proceso de consenso con todos los sectores, incluyendo al privado. Es justo escucharlos. No se puede satanizar lo que el sector privado pueda presentar, ellos son los usuarios del suelo. Nosotros, desde el Estado, tenemos responsabilidades y están en el bien general, que sea una ciudad integrada. Así como escuchamos al sector privado desde el punto de vista inmobiliario, escucharemos a la academia y al sector ambiental.

¿Cuál es el futuro del Potgam?

La comisión podría trabajar hasta cuatro meses. Tomará el documento y trabajará por capítulos. Tenemos un consultor externo que está dispuesto a ayudarnos si hay un tema en que estemos muy entrabados. Después de eso, vendría el decreto de lineamientos generales que no va a transformar el país mañana. Mucho menos si ya ese país está construido.

Su salida se suma a la de Eugenia Vargas del INVU y la de Manuel Párraga del Banhvi. ¿Cómo puede funcionar sin jerarcas el sector vivienda?

No estamos acéfalos. Ya se nombró a Álvaro González como presidente ejecutivo del INVU, los procesos no se han detenido. Felizmente hemos coincidido en tiempos y hemos discutido la reestructuración, apoyo a la clase media, y lo que tiene que ver con el Potgam. Los temas del INVU no quedan huérfanos. El Banvhi tiene una institucionalidad fuerte, se fue el gerente pero hay subgerentes.

La auditoría interna del Banhvi concluyó que la falta de controles externos y débil supervisión propician una cultura “potencialmente peligrosa”. ¿Qué acciones se han tomado?

Hemos venido implementando dos acciones que van a mejorar ese aspecto. Implementamos una página web que contiene información sobre la asignación de bonos, a quién se le asignó el bono, dónde están ubicados. En cuanto a los proyectos, se evidencia su flujo y trámite dentro de la institución. Además, vamos a implementar el ISO-9000. Esto tiene la ventaja de que levanta las enaguas, usted ve todos los procesos, quién hace qué y cómo.

¿Teme usted que haya corrupción en las instituciones de su sector?

No lo creo, no se ha evidenciado, no lo ve visto y he sido muy cuidadosa en ese tema. A veces creo que rayo en la paranoia. Hemos trabajado mucho en la asignación de los bonos, y en momentos creo que me he convertido en policía. Incluimos un trabajador social que comprueba lo que dice la información registral. Es como un investigador.

“La corrupción es un tema de dos caras, hay ciudadanos que quieren brincarse la ley. Hay gente que renuncia al trabajo, se divorcia para engañar al sistema. Hemos insistido en informar a la población de que no necesitan mentir, ni pagarle a nadie para obtener subsidios”.

Varias de las metas en vivienda con problemas involucran trabajo con municipalidades. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los gobiernos locales?

Uno de los retos son las capacidades institucionales de las municipalidades. Tienen mucha rotación en su personal. Uno capacita a los ingenieros y rápidamente se van por los motivos que sean. De repente los salarios no son atractivos, lo que sea, pero hay mucha movilidad. También tenemos buenas experiencia como la de Desamparados que tiene muy censados sus precarios, y cuando se elimina uno, ellos impiden que se vuelvan a crear. En este momento estamos haciendo una apuesta, pues los gobiernos locales van a responsabilizarse de las reparaciones de las viviendas afectadas por el terremoto.

Este gobierno pretende beneficiar a 2.004 familias de estratos medios con créditos para vivienda fondeados con recursos del Fonavi. Solo se habían entregado 910. ¿Por qué es tan difícil ayudar a la clase media?

Para algunos ciudadanos de clase media el problema es que no han ahorrado para una prima. Aunque exista crédito disponible y califiquen para el mismo, no tienen la prima.

“Otra situación es que no tengan la capacidad de pago, o que lo que pueden pagar no se ajusta a la oferta de producto inmobiliario. Además, en ocasiones queremos algo que el mercado no puede darme, porque no hay terreno y tengo que vivir en vertical. Estamos estudiando que el Banhvi dé una garantía por la prima para los créditos de clase media”.

¿Quién es la Ministra de Vivienda?

  • Irene Campos Gómez
  • Máster en Sanidad Ambiental de la Universidad de Gante en Bélgica e ingeniera de la UCR
  • Campos desarrolló su carrera en el sector privado hasta que se hizo cargo del Mivah en 2010.
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