Las Islas Vírgenes de Estados Unidos son mejor conocidas por sus playas de arena fina y sus bahías color turquesa, un atractivo constante para los turistas que frecuentan este diminuto territorio estadounidense.
Sin embargo, lejos de las playas el estado de ánimo es ominoso, a medida que los funcionarios del Gobierno se esfuerzan por evitar el mismo tipo de colapso fiscal que ha envuelto a su vecino Puerto Rico.
Las deudas públicas de las Islas Vírgenes son mucho más pequeñas que las de Puerto Rico, que efectivamente se declaró en bancarrota en mayo. Pero también lo es su población, y por tanto su capacidad para pagar. Este territorio tropical de unos 100.000 habitantes adeuda unos $6.500 millones a pensionados y acreedores.
Ahora, una combinación de factores como ingresos fiscales insuficientes, un sistema de pensiones débil, la pérdida de un empleador importante y una nueva renuencia en los mercados a prestar más dinero a las Islas Vírgenes, ? ha hecho casi imposible que el Gobierno cumpla con sus obligaciones. En enero, las Islas Vírgenes se encontraron incapaces de pedir prestado y casi sin fondos para las operaciones gubernamentales básicas.
Señal de advertencia
La repentina escasez de efectivo fue una señal de advertencia de que los problemas financieros que pusieron de rodillas a Puerto Rico pronto pudieran propagarse. Todos los territorios distantes de Estados Unidos, entre ellos la Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte, parecen vulnerables.
“No creo que se pueda decir que es una crisis, pero tienen desafíos: deuda elevada, economías débiles y pensiones no financiadas”, dijo Jim Millstein, cuya firma, Millstein & Co., asesoró a Puerto Rico sobre sus asuntos económicos y su reestructuración de deuda hasta este año y ha revisado la situación de Guam y de las Islas Vírgenes. Llamó a la combinación de desafíos en los territorios “una receta para problemas en el futuro”.
Samoa Americana, uno de los territorios más pequeños, perdió uno de los mayores motores de su economía en diciembre cuando cerró una gran procesadora de atún después de que se le solicitó que pagara el salario mínimo federal. Moody’s Investors Service luego colocó a la deuda del territorio bajo perspectiva negativa, citando su frágil economía.
En las Islas Marianas del Norte, el mermado fondo de pensiones públicas causó tantos estragos fiscales en 2012 que el territorio lo declaró en bancarrota, pero el caso fue desechado. El Gobierno trató luego de recortar las pensiones de todos los jubilados en 25%, pero los retirados han estado combatiendo los recortes, y el fondo de cualquier modo está agotado.
Incluso Guam, que disfruta del beneficio económico de varias grandes instalaciones militares estadounidenses, ha estado teniendo dudas sobre su deuda tras el incumplimiento de pagos de Puerto Rico.
“Los problemas de Puerto Rico ofrecieron un momento de aprendizaje para Guam”, dijo Benjamín Cruz, líder de la Legislatura, quien recientemente ayudó a derrotar una propuesta para pedir prestados $75 millones para pagar reembolsos de impuestos. “Gastar el dinero prestado es demasiado fácil”.
Pero el dilema de la deuda es ahora más agudo en las Islas Vírgenes. Las tres islas principales son St. Thomas, St. Croix y St. John, donde el Gobierno ha estado pasando apuros desde el cierre de una refinería gigantesca en el 2012, eliminando al mayor empleador no gubernamental del territorio y un pilar de su base fiscal.
Sus problemas empezaron a crecer como bola de nieve en julio pasado, cuando Puerto Rico incumplió el pago de la mayoría de sus deudas. En agosto, Fitch degradó la deuda de Islas Vírgenes a chatarra, citando los déficits presupuestarios crónicos del territorio y el hábito de pedir prestado para llenar los huecos, como Puerto Rico.
Siguieron más degradaciones y, en diciembre, Standard & Poor’s asestó al territorio una rara “superdegradación” ?—siete niveles a la vez— dejándole de lleno en el terreno de los bonos chatarra. Eso ahuyentó a los inversionistas y le obligó a cancelar una planeada oferta de bonos en enero.
El fallido acuerdo de bonos significó que no hubiera suficiente efectivo para pagar operaciones gubernamentales básicas en febrero o marzo. Como un recurso temporal, el territorio desvió las contribuciones de pensiones de sus trabajadores.
El gobernador de las Islas Vírgenes, Kenneth E. Mapp, dijo que no tenía intención de incumplir el pago de ningún bono.
“No me pongan en ese barco”
“No pedí a nadie alivio de la deuda, así que no me pongan en el barco del alivio de la duda”, dijo Mapp en una entrevista en la Casa de Gobierno, la adornada sede del gobierno territorial, ubicada en una ladera que da a las frondosas palmeras y buganvilias de la capital, Charlotte Amalie, en St. Thomas.
Sin embargo, Mapp está enfrentando muchos de los mismos problemas que resultaron ser demasiado para Puerto Rico, llevándolo en mayo a buscar una protección similar a la bancarrota bajo una nueva ley para territorios insolventes, conocida como Promesa. Puerto Rico ahora está envuelta en acaloradas negociaciones sobre cómo reducir sus aproximadamente $123.000 millones en deudas y pensiones no financiadas.
Cuando el Congreso elaboró la ley Promesa el año pasado, hizo posible que los otros territorios estadounidenses buscaran el mismo tipo de ayuda.
Ahora, aun cuando las Islas Vírgenes afirman que no tienen intención de incumplir el pago de sus deudas —incluso han dado nuevas protecciones a los acreedores— la mera perspectiva de bancarrota ha asustado a los mercados, poniendo al dinero prestado más allá del alcance del territorio y limitando en gran medida sus opciones.
En una especie de profecía autocumplida, al dar a los territorios la opción de declararse en bancarrota, el Congreso parece haber hecho más probable ese resultado. “Esa estipulación inocua, cuando se envió al mercado de bonos, dijo: ‘He aquí una válvula de escape para sus obligaciones de deuda’”, dijo Mapp. “Eso cambió todo el paradigma”.