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En las últimas semanas ha cobrado especial relevancia el acuerdo alcanzado por los diferentes operadores de telefonía móvil, cuyo objeto es el de llevar a la práctica la portabilidad numérica (PN) y así dar cumplimiento a la disposición legal del Artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), relacionada con el derecho de los usuarios para mantener su número de teléfono cuando cambie de proveedor de servicios de telecomunicaciones (Art. 45, inciso 17 de la Ley 8642).
Como consecuencia de dicho acuerdo, se han hecho una serie de manifestaciones, especialmente provenientes de algunos sectores gremiales del operador estatal, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuestionando lo que llaman “un proceso atropellado” para poner en vigencia la PN.
Considerando lo anterior, especialmente si tomamos en cuenta que la manifestación que cuestiona el proceso va dirigida a la sociedad en general, que no necesariamente conoce el detalle de esta legislación, consideramos prudente hacer las siguientes precisiones, con el objeto de contribuir con la calidad de la información.
Punto de partida
No podemos perder de vista que la PN es un derecho del usuario, por lo que no debe confundirse a la opinión pública interpretando que es un derecho de algún operador; por el contrario, es una obligación de estos.
Tampoco es una “concesión que se otorga a los operadores entrantes”, como se ha manifestado por algunos desinformados sindicalistas.
Partiendo de que estamos frente a un derecho del usuario, debemos considerar que no solo es competencia de la Sutel, sino también una obligación ineludible del Gobierno, como rector del sector, crear las condiciones adecuadas para que se desarrolle ese derecho del usuario final a mantener su número de teléfono, independientemente de quién sea su operador del servicio de telecomunicaciones.
Interpretar que la PN es un medio a través del cual se trata de dañar al operador estatal no solo evidencia un claro desconocimiento de la regulación vigente, sino que induce a error a los ciudadanos al contaminar con elementos político-subjetivos un tema legal y sectorial, lo que dificulta el avance de una obligación del Estado de garantizar su inmediata implementación (recordemos que la obligación legal nació con la promulgación de la LGT, desde el 30 de junio del 2008).
Las autoridades del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, deben procurar crear las condiciones apropiadas para empoderar al usuario y darle las herramientas que establece la ley para evitar ser capturado por un proveedor de servicios y que pueda, este usuario, tener acceso irrestricto a lo que el usuario considere que sea el mejor servicio disponible, sin el temor de perder su número de teléfono.
Elemento de desarrollo
La PN sería un elemento que contribuiría favorablemente al desarrollo de un ambiente de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. Esa competencia es uno de los objetivos que se fijó el país desde que decidió abrir este mercado y los diferentes agentes demandan decisiones claras de las autoridades (rector y regulador) que demuestren que se trabaja por alcanzar ese objetivo.
Cuando disfrutemos, los usuarios de telefonía móvil, de la portabilida numérica, quedará bajo la responsabilidad exclusiva de los operadores autorizados en el mercado, desarrollar con toda su creatividad comercial las estrategias para atraer esos clientes que buscamos, esencialmente, un servicio estable, confiable, de calidad y soportado por la mejor tecnología.
