El cambio es ley de vida y se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida. Existe una deficiencia de los ordenamientos jurídicos actuales para enfrentar de una manera efectiva los cambios innegables que se requieren.
Muchos de los cambios que experimenta el ser humano, en las distintas etapas de su vida, son producto de agentes externos de la sociedad en la que vive. El consumismo, la tecnología, las nuevas tendencias y el comercio, entre otros, afectan al individuo, directa o indirectamente, forzándolo constantemente al cambio.
Ante ello, siendo que el derecho regula todos los ámbitos más relevantes del individuo y la cambiante vida en sociedad, el derecho debe ser tan versátil y cambiante como la vida lo es.
Sin embargo, en términos generales, resulta evidente que los ordenamientos jurídicos no siempre suplen las necesidades, ni hacen frente a las exigencias que se suscitan día a día en una sociedad moderna.
Desde el inicio de la creación de los modernos estados de derecho, se estableció la importancia de la separación o división de poderes. Esto a efectos de evitar la arbitrariedad, la concentración de poder en un solo órgano y los abusos en contra del pueblo. Así, paralelamente, se garantizaban y otorgaban derechos fundamentales a los ciudadanos.
Esta regulación, sin duda, fue la respuesta a abusos anteriores. Es decir, el sistema cambió y se adaptó a las necesidades que el pueblo requería y exigió en su momento. Asimismo, paulatinamente se fueron desarrollando mecanismos constitucionales que pretendían garantizar la transparencia de la operación estatal, la regulación de los poderes, así como la relación de estos con los ciudadanos.
Cambio acelerado
Hoy en día, en medio de una sociedad en constante cambio, estos mismos procedimientos que pretendían ser garantes de los derechos de los ciudadanos y óptimos para el funcionamiento estatal, en muchos casos se han convertido en una traba y en un inconveniente para regular muchos de los cambios que construyen la realidad actual.
El matrimonio entre personas del mismo sexo o la fecundación in vitro, no son más que otro cambio en la sociedad: una realidad social que el Estado costarricense no puede obviar. Por el contrario, debe reconocer y administrar estos nuevos elementos.
El Estado, como el arquitecto de las relaciones sociales, debe dirigir sus actuaciones a regular los matices de una sociedad nueva, e incorporarlos dentro de su ordenamiento jurídico. Esto puesto que son un cambio más que la sociedad actual desplegó y debe ser observada, de la misma forma en que una vez debió regular el derecho al voto femenino o la igualdad racial. ¿Por qué si la sociedad y el individuo cambian tan fácilmente, al Estado le cuesta tanto?
Los Estados de hoy deben crear mecanismos y dotarse de herramientas que permitan flexibilizar y armonizar su sistema orgánico y funcional, sin con esto comprometer ni quebrantar sus principios constitucionales. En la sociedad actual, su funcionamiento ya no es compatible con un sistema jurídico tan rígido y burocrático.
Si el derecho es el orden normativo de la conducta humana en sociedad, ¿no debería este evolucionar y cambiar?, ¿por qué creemos que la única forma para el ejercicio del poder es la implementada siglos atrás?