Cartera de obras del Gobierno es insuficiente para reactivar el motor económico

El compromiso quedó por escrito el 1.° de mayo pasado.

El presidente Luis Guillermo Solís afirmó que, durante su segundo año de mandato, impulsará siete proyectos de infraestructura pública prioritarios.

La finalidad de su promesa es reactivar la economía, que no suelta sus lastres prácticamente desde que el mandatario asumió funciones, el 8 de mayo del 2014.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que publica el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la economía se empezó a desacelerar a partir de julio del 2014, hasta alcanzar su dinamismo más raquítico desde setiembre del 2009 en marzo, cuando registró un crecimiento interanual de un 1,7%.

La promesa presidencial quedó grabada en ese contexto, dominado por el pesimismo.

Sin embargo, al someterlo a análisis, el compromiso de Solís resulta insuficiente para echar las campanas al vuelo y soñar con un crecimiento económico más allá del 3,4% que estimó el BCCR para el 2015, casi idéntico al 3, 5% registrado en el 2014.

Promesa se queda en discurso

El 1.° de mayo , durante su primer informe de labores ante el Congreso, Luis Guillermo Solís enlistó siete proyectos de infraestructura vial prioritarios que impulsará su administración durante los próximos 12 meses “para lograr la reactivación económica a través de la obra pública”.

Los proyectos que puntualizó Solís son la reconstrucción de la carretera San José-San Ramón, la ampliación de la carretera San José-Limón, la construcción de los pasos a desnivel en las rotondas de las Garantías Sociales y de La Bandera, el tramo norte del anillo de Circunvalación, la reparación del puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas, la ampliación del tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo y la punta norte de la carretera San Carlos-San Ramón.

En total, la cartera de proyectos del discurso presidencial suma $1.092 millones, financiados en su mayoría con créditos con organismos multilaterales, ante la escasez de recursos estatales para invertir en gasto de capital, que tampoco creció entre el 2014 y el 2015 .

Según la Dirección de Análisis de Desarrollo del Ministerio de Planificación (Mideplan), el BCCR ha estimado que por cada $500 millones que se inviertan en infraestructura, el empuje al crecimiento económico equivale a un punto porcentual.

Con base en esa premisa, la proyección de crecimiento de la economía subiría cerca de dos puntos porcentuales, hasta un 5,4%, en caso de que todos los proyectos prometidos por Luis Guillermo Solís se ejecuten.

Problemas

El obstáculo que enfrenta esa tesis es que la mayoría de esos proyectos de infraestructura aún no están en etapa de ejecución, por lo que el ingreso de ese dinero a la economía tardará más de lo previsto por Casa Presidencial. Una mala noticia para las intenciones de remolcar el crecimiento con inversiones en obra pública.

A la cabeza de la lista de obras priorizadas por Solís está la construcción de la carretera San José-San Ramón, financiada con un fideicomiso por $473 millones.

Apenas en abril pasado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) empezó a explorar cuáles entidades bancarias estarían interesadas en administrar el fideicomiso, el primero que se usará en el país para desarrollar una obra de infraestructura vial.

A principios de este mes, el Foro de Occidente, grupo ciudadano que impulsó el fideicomiso como instrumento para financiar la carretera, informó que los bancos interesados en el proyecto plantearon al menos un centenar de dudas sobre su eventual participación en la administración del fondo.

Ese hecho obligó a que la Universidad de Costa Rica involucrara a uno de sus expertos en el proceso de darles respuesta a los seis bancos públicos y privados.

Hasta que se seleccione un banco podrá iniciar el proceso de licitación de la confección de los diseños y de construcción de la obra, para lo cual no hay aún una fecha estimada.

Un panorama aún más incierto enfrenta el proyecto para ampliar a cuatro carriles 107 kilómetros de la carretera San José-Limón.

Si bien el Parlamento aprobó el empréstito por $395 millones con China para financiar la obra, no hay claridad sobre el futuro del proyecto desde que la empresa concesionaria, China Harbour Engineering Company (CHEC), confirmó a los diputados que el precio del proyecto podría aumentar dado el pliego de peticiones que le presentó el MOPT para incluir nuevas características al proyecto, que avanza poco en medio de nubarrones.

El tercer plan en magnitud de su inversión es la construcción del tramo norte del anillo de Circunvalación, con un costo de $147 millones; apenas en marzo pasado se inició el diseño de la obra, que se ha retrasado debido a las dificultades para reubicar a 191 familias que invadieron los terrenos por donde se trazará la obra.

No hay aún una fecha estimada para el arranque de la construcción del tramo.

La realización de la punta norte de la carretera San Carlos-San Ramón, con un costo de $15 millones, entre tanto, depende de un estudio técnico y económico necesario para definir si el proyecto es viable o no.

Sobre la reparación de una platina y ampliación del puente del Virilla de la General Cañas también se sabe poco, pues las autoridades están a la espera de la entrega de los diseños del proyecto que constaría $4 millones, aún sin fecha de inicio.

De los siete proyectos mencionados por el presidente de la República el 1.° de mayo, pareciera que el que tiene garantizado su inicio, en setiembre próximo, es el de la construcción de los pasos a desnivel sobre las rotondas de las Garantías Sociales y de La Bandera, a un costo de $50 millones.

Por otra parte, la única megaobra que puede lucir Costa Rica en este momento, es la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), con un costo de $1.000 millones y que tardará aún tres años en inyectar la inversión a la economía nacional.

El proyecto, a cargo de la empresa holandesa APM Terminals, destinará $663 millones a su primera etapa, que comenzó en enero del 2015. La construcción se extenderá hasta el 2018; por ahora su retorno es visible en la contratación de 98 personas y los encadenamientos con pequeños empresarios limonenses dedicados al transporte de carga pesada.

¿Propuesta realista?

Los calendarios de cada proyecto juegan en contra de las expectativas de Casa Presidencial de inyectar fuerza a la economía lo antes posible a través de la construcción pública.

Pero esa expectativa tampoco cuenta con el aval de los técnicos.

EF consultó al economista Federico Villalobos, experto en participación público privada (PPP) en infraestructura, acerca de los planes que dio a conocer el presidente Solís para el segundo año de su gestión.

Villalobos opina que, para que el Gobierno logre que la construcción de obras transforme la economía, primero debe echar a andar una reforma integral al sector dedicado al impulso de la construcción de infraestructura, iniciando por la implementación de un modelo de PPP que posicione al país como un destino atractivo para la inversión.

Desde agosto del 2014 el MOPT anunció un proyecto de ley para cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

En su lugar, el Ejecutivo anunció que en esa misma propuesta vendría la creación del Instituto Nacional de Infraestructura, institución que fundiría las funciones del Conavi y el CNC, pero con mayores facilidades administrativas y legales para ejecutar obras de infraestructura.

Sin embargo, el proyecto no ha sido presentado a la corriente legislativa todavía.

Hoy, según Villalobos, el país no tiene la capacidad de ejecutar la cantidad de proyectos requerida para darle un empuje importante a la economía.

“Un país con un rezago tan profundo en infraestructura y una brecha anual de inversión (en obra pública) superior al 2% del PIB, no puede esperar que un solo proyecto sea el catalizador de su economía”, añadió.

El economista sostuvo que la brecha anual de inversión en infraestructura es tan ancha que obligaría al país a ejecutar por año el equivalente a dos proyectos como la reconstrucción de la ruta San José- San Ramón en aras de ver algún beneficio.

Empero, al analizar los destinos de la inversión de capital del Gobierno Central, es poco lo que se destina para la infraestructura pública.

Las obras de infraestructura que el Gobierno incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) tampoco parecieran tener ese potencial reactivador de la economía, aunque son proyectos de magnitud relevante.

En el área de infraestructura, la hoja de ruta del Poder Ejecutivo para el periodo 2015-2018 fijó como prioritarias 40 obras.

La problemática que enfrenta la ejecución de los proyectos se repite en este listado.

De ese total de proyectos, a la fecha solo ocho superan el 50% de avance de su construcción, y solo algunos llegarían a más de un 70% de avance en el 2015.

Juntos, esos ocho proyectos son una cartera de $365 millones.

Partiendo de la premisa del BCCR, de que por cada $500 millones en inversión la economía crece un punto porcentual, la obras del PND que están más avanzadas apenas harían crecer la economía en un 0,7%.

Aún con ese panorama las expectativas del Consejo Económico presidencial son que la economía crezca este año un 4%.

El economista Mario Robles, jefe de la Dirección de Análisis de Desarrollo del Mideplán, quien estuvo a cargo de la redacción del PND, defiende la tesis del presidente Luis Guillermo Solís de que la economía crecerá más gracias a los proyectos que posicionó como prioritarios en su primer informe de labores.

“En principio, el Presidente tiene razón. El tema de la inversión tiene mucho que ver con la reactivación de la economía. Un componente de la producción es la inversión y en el 2014 la caída en el PIB, que solo creció 3,5%, se debió a que la inversión no creció. El Gobierno apuesta por la inversión que generaría más empleo”, estimó el funcionario.

Robles afirmó que durante el segundo semestre del 2014 el Gobierno logró aumentar la ejecución de los recursos que se desembolsaron provenientes de financiamiento externo para obras de infraestructura gracias a una directriz presidencial a las unidades ejecutoras.

Cifras del Consejo Económico apuntan a que en el 2014 se desembolsaron $313 millones, un año antes fueron $196 millones.

La expectativa para el 2015 es que el monto llegue a $723 millones para obras públicas.