ECONOMÍA Y POLÍTICA

Alivio previsto en decreto de emergencia por sequía sigue sin llegar al campo

Gobierno declaró estado de emergencia nacional desde el pasado 30 de setiembre

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Un total de 11 cantones de la provincia de Guanacaste, cinco de Puntarenas y tres de Alajuela, fueron declarados en estado de emergencia por el Gobierno desde el pasado 30 de setiembre como consecuencia del fenómeno climático de El Niño.

Mes y medio después, las cámaras empresariales que agrupan a los sectores productivos nacionales afectados por el fenómeno no terminan de entender la declaratoria, la catalogan como una acción tardía, y que a la fecha, no ha contribuido a aminorar los efectos de la escasez de precipitaciones.

Por su parte, el Gobierno la defiende y promete que a principios de diciembre ya se estarán desarrollando acciones concretas.

El Niño genera un aumento de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, lo que produce un efecto de sequía en la faja costera del Pacífico, y un aumento de las lluvias en la región del Caribe.

Desde junio pasado el país resiente sus secuelas, traducidas en perdidas de hasta ¢14.000 millones.

De este total, ¢9.000 millones corresponden a la producción agrícola y ¢5.000 millones al sector pecuario (ganado, acuicultura, etc.), según datos divulgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Acciones sin ejecutar

“Seguimos viendo un Ejecutivo que actúa para corregir y no para prevenir”, comentó José Antonio Madriz, presidente de la Cámara Nacional de productores de Leche.

La exigencia del sector es que las acciones iniciaran desde la administración anterior, acompañadas por una campaña de información que indicara a los productores cuáles son los mejores métodos para enfrentar una sequía.

La nueva administración aprobó ¢100 millones incluidos en el presupuesto del MAG para paliar la emergencia.

Los fondos públicos se invertirán en la compra de semillas de hortalizas, bombas para agua y pacas para la alimentación de los animales.

Además, se incluye la adquisición de paneles solares para sustituir el uso de electricidad o gasolina en el bombeo de agua.

Sin embargo, esas ideas se verían materializadas, con suerte, a principios de diciembre.

“Hay tareas previas que requieren de conocimiento y recursos, cómo se pica el pasto, cómo se maja, por ejemplo. Ahí es donde ingresa la ayuda del Gobierno. Pero cuando salió ese decreto ya era demasiado tarde”, agregó el presidente.

Felipe Arguedas, director de extensión agropecuaria del Ministerio, sabe de la urgencia y admite la poca experiencia de la autoridad para manejar fenómenos de impacto prolongado.

Pese a ello, es contundente en que el plan elaborado a lo interno de la cartera es certero y con el único fin de apoyar al sector agropecuario y a productores, no así, a indemnizar ni cubrir pérdidas.

“Entiendo la posición de las cámaras pero estamos ante un fenómeno que puede extenderse hasta junio del 2015 y que se unirá a un verano fuerte y largo, por lo que las acciones que se tomen no serán en vano”, dijo Arguedas.

El MAG alega además la existencia de una responsabilidad compartida, pues desde mayo ya se daban los primeros anuncios preventivos de que el fenómeno se avecinaba.

Lo anterior, desencadenó una alerta amarilla, que para Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura, fue solo “tiempo perdido”.

El sector arrocero, lo evidencia y pone en entredicho la efectividad de la alerta.

Este cultivo fue catalogado por el como el segundo más afectado por la falta de lluvia. Unas 116 hectáreas, estimadas en ¢157 millones, se perdieron.

“No tenemos datos de que la declaratoria haya redirigido recursos al sector. Y uno lo que espera es que actúen con prontitud”, concluyó Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional.

Por lo tanto, el tiempo apremia y los números en pérdidas aún no son definitivos

“Hay buenas intenciones pero la incertidumbre ya se creó”, continúo, Lizano.

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