Concesionarios anuncian oposición a plan que busca reformar el MOPT

Nuevo proyecto de ley elimina poder de toma de decisiones de concesionarios dentro de los Consejos

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La reforma al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos internos es uno de esos cambios que urgen desde hace más de una década.

El Gobierno quiere que esa promesa por fin vea la luz con un proyecto de ley de 86 páginas (Expediente 19.900), que pretende soltarle las amarras de ejecución al Ministerio y subsanar la pila de sanciones que la Contraloría General de la República le recrimina desde el 2005.

El proyecto fue presentado apenas el 11 de marzo ante la Asamblea Legislativa pero ya enfrenta la reserva de los concesionarios, pues su participación se disminuye a aconsejar y vigilar las acciones de los jerarcas.

De aprobarse, la ley creará un Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INIV), una institución autónoma que sustituiría al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y que borra el poder de decisión que ahora tienen los representantes del sector privado.

También le pone un punto final a la polémica existencia del Consejo de Transporte Público (CTP), cuya junta directiva está conformada, hasta ahora, por políticos y concesionarios (representantes de los autobuseros y de los taxistas).

Su lugar lo ocupará la Autoridad Nacional de Transporte Público, que tomará decisiones como el otorgamiento de permisos por un plazo máximo de doce meses y que eliminará la participación de estos empresarios.

Los representantes de los sectores privados se quedarán con una participación de “asesoría” al ministro en el Consejo Consultivo de Transporte.

También allí participará la Cámara de la Construcción, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

LEA: Sector privado insiste en parálisis nacional para ejecutar proyectos.

En reversa

El proyecto encendió las alertas entre los proveedores de transporte público, que desde ya se plantan en que las propuestas del Gobierno deben dar marcha atrás en su objetivo de sacarlos de la toma de decisiones.

“Haremos una gran oposición para que no se cierre el CTP”, dijo al teléfono el dirigente del Foro Nacional de Taxistas, Gilbert Ureña.

“Si lo que querían era buscar transparencia, nosotros propusimos que se grabaran todas las sesiones del Consejo y se subieran a la página, pero me dijeron que no se podía por la legislación”, contó el presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), Alfredo Villalobos.

Ambos coinciden en que el problema de los órganos de ejecución actuales (Conavi y CTP) está en la selección de sus integrantes y no en el órgano como tal.

“Muchos no conocen la materia, como los de los gobiernos locales o los usuarios”, aseguró Villalobos, de Canabus.

También es la posición de la representante de la Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones de Empresas Privadas (Uccaep) en el Consejo de Administración del Conavi, Mónica Navarro.

Desde su perspectiva, es innecesario crear un nuevo ente.

“El problema no es el tipo de institución en sí, sino la maraña de regulaciones y ataduras que imposibilitan que se realicen obras de manera eficaz y eficiente”, dijo la también directora Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI).

No es algo que sorprenda al viceministro a cargo de las reformas y los proyectos del MOPT, Mauricio González.

“No pretendemos que el proyecto se apruebe mañana”, se rió González. “Preferimos que la discusión se concentre en el largo plazo”, agregó.

Su postura, sin embargo, es firme en que los empresarios deben reducir su poder de toma de decisiones dentro de los consejos.

Esa participación se le daría, más bien, a los técnicos.

Cada uno de los directores del INIV tendrá una especialidad en un área diferente, desde economía y derecho hasta ingeniería civil y gestión ambiental de proyectos de infraestructura.

¿Y si no hay ley?

“Entrabamiento” es una palabra usual en el parlamento.

Se usa con frecuencia para describir el proceso que enfrentan la mayoría de los proyectos urgentes para el país como los que pretenden controlar el gasto público o reformar impuestos.

González tiene claro que habrá que esperar para ver el proyecto consolidado en una institución eficiente.

La idea del Gobierno es dejar de ponerle parches a las llantas y cambiarlas todas de una vez, pero ¿y mientras tanto?

Mientras tanto, el viceministerio está “evaluando” otras medidas para darle mayor poder de ejecución al MOPT.

Una de ellas consiste en el fomento de alianzas público-privadas (APP), que permiten la inyección de capital privado a proyectos de infraestructura pública para sacar del hoyo negro los planes que están abandonados desde hace tiempo.

En un escenario en que el Gobierno no ha logrado aumentar el gasto en infraestructura como se espera de un país de renta media, esas alianzas pueden darle un empujón en el avance de sus propias metas.

Es parte de lo que están esperando desde el año pasado el conglomerado de empresarios y especialistas en el tema de infraestructura para poner a caminar vías que llevan años de retraso.

Ninguna vía es fácil.

El nuevo CTP

Así operará la Autoridad Nacional de Transporte Público:

Elimina junta directiva

donde tenían una cuota de poder de decisión los concesionarios de transporte público. Algunas de sus funciones pasan directamente al Ministerio y el propósito es que participe directamente en las labores de planificación de infraestructura del MOPT.

Planificación del transporte ferroviario

La Autoridad contará con tareas de planificación ferroviaria que actualmente solo están en manos del Incofer. Coordinará paradas, rutas y permisos.

Asesoramiento al ministro

La ley le otorga a la Autoridad la responsabilidad de asesorar al ministro en la rectoría de todos los modos de transporte público, incluido el ferroviario.

Fuente Proyecto de ley 19.900.

Sostenbilidad y financiamiento