El gasto planeado por el Gobierno en el 2015 para honrar sus deudas se acerca, medido como porcentaje del PIB, al monto a invertir en el mismo año en sus servicios generales, tales como como justicia, centros de reclusión, orden público, seguridad, servicios legislativos, electorales, y otros.
Del 2006 al 2012, el gasto en deuda como porcentaje de la producción del país ha tendido a la baja, pero, según estimaciones de EF con datos del proyecto de presupuesto presentado el 1 de setiembre por el gobierno, el pago de deudas del gobierno pasará de representar el 4,59% del PIB a 5,91%. Mientras tanto, el gasto en servicios generales se mantiene estable, prácticamente: pasó de 6,69% a 6,67%. Es decir, ambos rubros se están acercando.
Esta conducta no es excepcional. Del 2006 a la fecha tales cifras se han cruzado en tres ocasiones.
Si bien en el 2006 los niveles de pago de deuda eran más altos y equivalían a 8,5% de la producción (rozando el gasto en servicios sociales), el dinero que debe honrar el gobierno por los dineros solicitados como préstamos para su funcionamiento empieza a tomar relevancia de nuevo, con todo lo que ello implica.
Por ejemplo, El Financiero informó que el pago de la deuda del Gobierno Central empezó a estrujar los recursos que se destinan a otras áreas, como el apoyo a la educación y el impulso que se le dé a la actividad productiva.
En el reciente proyecto de presupuesto los rubros que implican el pago de amortizaciones y de intereses ocupan una porción más grande del total programado y hacen que los otros destinos del dinero público se estrechen.
Esas funciones que terminan por ser más pequeñas, o las más estrujadas en la canasta que contiene el presupuesto nacional, son el dinero para obras sociales, los servicios económicos o apoyo a la producción y las facilidades prestadas por las entidades de la administración central.