La iniciativa propone que las fincas de los agricultores no deban pagar más allá de un 20% adicional por concepto del impuesto de bienes inmuebles durante los próximos 4 años.
El documento es fruto del acuerdo que alcanzaron los agricultores, el Poder Ejecutivo y el régimen municipal, tras una masiva protesta de parte del sector productivo.
Parte de los acuerdos es que el Poder Ejecutivo deberá realizar un censo agrícola para determinar con certeza la carga tributaria que deberán pagar los productores a los ayuntamientos; la investigación tendrá un costo de ¢6.000 millones, sin embargo, el presupuesto para el 2013 no cuenta con los recursos para realizarla.