Procuraduría de la Ética eleva la voz para que no se desacrediten sus resoluciones

Las resoluciones de esta entidad son a veces acogidas, pero en ocasiones son desacreditadas

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A veces sus informes se convierten en santa palabra para que los gobiernos le cobren a algún funcionario público sus faltas y las consecuencias llegan a ser el despido o la renuncia.

Sin embargo, otras veces es el blanco de críticas y ataques y los señalamientos que plantean quedan guardados en una gaveta durmiendo el sueño de los justos.

Entre la figura del diablo y del santo, se desplaza la Procuraduría de la Ética Pública, creada por los diputados como una forma de velar por el comportamiento de los funcionarios, pero cuyas disposiciones no son vinculantes.

Cuando las entidades acogen el informe y lo utilizan como herramienta para investigar las actuaciones, el procurador de la Ética, Gilberth Calderón, y su equipo quedan satisfechos.

La molestia surge cuando les cae la lluvia de desacreditaciones a su trabajo.

“Nosotros cumplimos con nuestra labor, fuimos creados para velar por la ética pública y eso es lo que hacemos con profesionalismo”, dijo Calderón.

Incluso la Sala Constitucional ha avalado su existencia y el funcionamiento.

La carga de trabajo es pesada para los cinco procuradores que forman el equipo. En lo que va del año, han trabajado 65 denuncias. En el 2012 fueron 174, en el 2011, 142 y en el 2010, 119.

Según Calderón, lo mínimo que debe hacer una entidad es abrir un procedimiento administrativo disciplinario para determinar si lo que dice la Procuraduría amerita una sanción.

Según sus cuentas, 6 de cada 10 denuncias son acogidas por las entidades públicas.

Algunas de esas discrepancias son las más visibles, particularmente cuando la propia presidenta Laura Chinchilla las obvia.

El más reciente fue con el caso del viaje de la mandataria a Perú en un jet de un extranjero cuestionado. Pero también lo hizo con las cartas de recomendación del ministro de Educación Leonardo Garnier y el vicepresidente Luis Liberman.

En el caso del viaje, el actual ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, reclamó adelanto de criterio por parte de Calderón. El ministro de la Presidencia, Carlos Benavides, le restó mérito al informe diciendo que no incluyen testimonio de los involucrados.

La propia Chinchilla dijo que los involucrados en el caso son los últimos en enterarse y no se les da la opción de la defensa.

En administraciones anteriores también ha pasado lo mismo. En la de Óscar Arias hubo un informe contra la entonces ministra de Vivienda, Clara Zomer, pero el Gobierno consideró que los señalamientos carecían de trascendencia

Hubo otros contra el ministro de Trabajo de ese gobierno, Francisco Morales, y el viceministro del MOPT, Pedro Luis Castro. A ambos se les abrió procedimiento disciplinario, pero se les absolvió de toda responsabilidad.

Oposición respalda

A pesar de eso, congresistas de oposición consultados por EF coinciden en la importancia del trabajo de la Procuraduría.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ha sido un gran defensor, y en su criterio, el peor error cometido por este gobierno es no atender las resoluciones brindadas.

“Un gobierno que quiera recuperar su credibilidad con la población debería respetar esas conclusiones, porque el taparse entre sí es propiciar la impunidad. Son acciones dañinas en perjuicio de su propia imagen y de la clase política”, manifestó.

Villalta recordó que esta Procuraduría cumple un papel fundamental porque son independientes dentro del Estado.

Por su parte, el socialcristiano Rodolfo Sotomayor considera que es parte del ejercicio del control de pesos y contrapesos de la función pública y que es importante que funcione.

Incluso reconoce la importancia de que las resoluciones puedan ser vinculantes, según el peso del caso investigado.

La diputada del PAC, Jeannette Ruiz, coincide con él y defiende la importancia de que el trabajo sea muy objetivo.

En esta dirección, Calderón ha pedido una reforma a la ley que haga que los criterios de esa instancia puedan trascender de un simple regaño moral.

Tendrían que darse las condiciones necesarias para que el Congreso le dé la potestad a esta Procuraduría a no solo regañar, sino sancionar.

Casos sobre la mesa

Viaje de Presidenta a Perú: Se señalaron faltas éticas del exministro Francisco Chacón, la de Comercio Exterior, Anabel González, y de la exasesora Irene Pacheco, por viaje que hicieron junto a presidenta Chinchilla en jet de un cuestionado empresario colombiano. Chacón y el director de DIS renunciaron por presiones. González no lo hizo y Chinchilla criticó el informe.

Presidenta AyA: Se inició investigación contra Yessenia Calderón, por un supuesto conflicto de intereses, al favorecer con recursos de la entidad a una institución sin fines de lucro que ella representa. Caso pendiente.

MOPT: Abrió investigación contra el ministro Pedro Castro por el tema de la calle a San Ramón. Caso pendiente de informe.

Cartas recomendación: Investigó cartas enviadas por Ministro de Educación Leonardo Garnier y Vicepresidente Luis Liberman, a favor de empresa de una exasesora de Chinchilla. Según Procuraduría ambos violaron principios éticos. Chinchilla refutó informe.

AyA: Se concluyó que el entonces presidente del AyA, Óscar Núñez, cometió infracción al deber de probidad en un viaje en el que coincidió con una subalterna. Núñez renunció antes de que se conociera el informe de la Procuraduría.

Incopesca: El vicepresidente Alvaro Moreo fue destituido luego de que la Procuraduría indicara que habría violentado Ley contra Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. El gobierno acogió informe.

Fuente Procuraduría Ética

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