Proyecto para combatir evasión es avalado por sector productivo

El proyecto de ley que estaría por entrar en el plenario legislativo, y conocido como "antievasión", cuenta con el visto bueno por parte del sector productivo nacional, así lo señalan representantes de la Unión de Cámaras, turismo e industria.

La reforma titulada "Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal", bajo el número de expediente 19.245, tiene como objetivo aumentar la recaudación de los tributos mediante una mejor fiscalización de los procesos.

Son un total de nueve los plantamientos que engloba el proyecto. Uno de ellos establece que las personas que alquilen inmuebles por menos de un mes, deben pagar impuesto de ventas y así evitar “la competencia desleal” con hoteles y hospedajes formales.

Sobre este punto, Pablo Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), se mostró satisfecho con la iniciativa y aseguró que el plazo de 30 días hasta podría verse reducido en aras del sector.

"Este tipo de establecimientos no está regulado de ninguna manera y ponen en riesgo la cara del turismo nacional. Estamos completamente de acuerdo en que se tome en cuenta una idea planteada desde mucho tiempo atrás", comentó.

Abarca avaló, además, la directriz que contempla el texto de promover el uso del "dinero plástico" entre los comercios que ofrecen servicios públicos. El proyecto establece que Hacienda podría realizar una devolución al comercio hasta del 1% del impuesto sobre las ventas que generen las transacciones con ese medio de pago.

"Aquí si es importante poner en análisis la logística de los pequeños negocios, ya que muy probablemente no podrían implementar la medida a la brevedad y en ningún momento se busca perjudicar al sector. Sin embargo, como política, es un gran paso hacia bancarizar la economía y generar un efecto de menos riesgo para el sistema bancario", agregó el jerarca.

Alan Saborío, coordinador de la Comisión Fiscal de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), aplaudió también la exigencia, pues mejorar el control cruzado de información es a lo que debe de mirar la ley.

Pese a ello, Saborío denunció que el proyecto no contempla ninguna norma que ataque la informalidad, siendo a su criterio, una de las principales carencias con que cuenta el texto.

"No hay medidas claras de cómo combatir la informalidad, por lo que mantedremos un diálogo abierto para hacer llegar nuestras preocupaciones a Comisión legislativa y posiblemente estaremos solicitando también una audiencia para aclarar otros puntos", dijo Saborío.

Pedro Morales, asesor en política industrial de la Cámara de Industrias, aseveró los lineamientos del proyecto deben de implemarse a la brevedad, en un momento donde el país tiene la necesidad de utilizar este tipo de controles.

"Estamos a favor de cerrar todos los portillos para reducir la evasión, por lo que un proyecto como el que se sugiere para mejorar el control cruzado de información sería una de las iniciativas que vemos con buenos ojos, siempre y cuando se respeten los debidos procesos y los derechos de los contribuyentes", comentó Morales.

Buen ambiente

El presidente de la Comisión de Hacendarios, Ottón Solís, indicó que considera que el proyecto va a tener un buen ambiente en la Asamblea, porque no crea nuevos impuestos, sino que mejora la recaudación fiscal.

"Esto es consecuente con la promesa de don Luis Guillermo de no promover más impuestos en los primeros dos años de su gestión. Esta iniciativa busca establecer controles cruzados para mejorar la recaudación".

Datos de Hacienda y la Contraloría General de la República, en 2012 la evasión y elusión fiscal fue del 7,75% del producto interno bruto (PIB), es decir, el 60% de los impuestos recaudados durante ese año.

El proyecto "antievasión" es la primera reforma que presenta el gobierno de Luis Guillermo Solís a la Asamblea Legislativa, para combatir la evasión de impuestos.

El gobierno también trabaja en otros dos textos para este mismo propósito: el de convertir el impuesto de ventas actual del 13% a un impuesto al valor agregado (IVA), gravando los servicios y sin aumentar la tasa, e introducir un sistema de renta global.