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Cada costarricense cuenta con tres veces más de agua que el promedio mundial.
El proyecto de Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico fue aprobado anoche en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y avanzó al plenario para que se discuta el lunes.
La iniciativa de ley, bajo el expediente 17.742, fue presentado en mayo del 2010 por iniciativa popular, es decir, con el respaldo de más de 150.000 firmas de ciudadanos, correspondiente al 5% del padrón electoral.
Ayer, la Comisión de Ambiente debatió por siete horas para aprobar un texto sustitutivo y presentarlo al plenario. Ese plan establece un nuevo marco legal e institucional para sustituir la Ley de Aguas, vigente en el país desde 1942.
El proyecto reconoce el acceso al agua y su respectivo saneamiento como derechos humanos fundamentales, además de establecer el carácter no lucrativo de los servicios públicos de abastecimiento poblacional.
Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que varias fracciones acordaron discutir y votar el plan de ley este lunes, pues es la fecha límite para la aprobación o rechazo, tras cuatro años de discusión en la Asamblea Legislativa.
La Ley de Iniciativa Popular establece que los proyectos presentados por esa vía se deben discutir en un plazo de dos años, pero se interpreta que el plazo no tiene vigencia durante las sesiones extraordinarias del Congreso, mientras sea el Poder Ejecutivo el que defina la agenda de los diputados, excepto que el Gobierno lo convoque para su discusión.
Monge también consideró que ningún sector interesado puede sentirse afectado, pues todos cedieron en cierta medida para buscar el equilibrio y para garantizar la no privatización del líquido vital y su acceso a la población.
En tanto, el diputado liberacionista y presidente de la Comisión, Alfonso Pérez, señaló, entre los acuerdos alcanzados, que el Estado será el encargado de tutelar el agua mediante la figura de concesión.
"Lo más novedoso es que se establecen consejos de cuenca en 12 grandes cuencas del país, también se prohíbe la exportación del agua y se cierra muchos portillos hacia la privatización de recurso hídrico", explicó Pérez.
El verdiblanco agregó que, actualmente, no se permite la extracción de agua en parques nacionales ni reservas forestales; no obstante, mediante este plan se permitiría solo en caso de extrema necesidad y solamente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expresó que, entre los criterios que se acordaron, se ordena la gestión del agua, se fortalece su protección, se administra mejor el recurso e, incluso, se define una institución especializada en el tema.
