Falta de claridad legal y técnica en ampliación de carretera a Limón preocupa a empresarios y expertos

Iniciativa para reformar ruta 32 fue dictaminada por comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso



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Dudas sobre temas legales y técnicos que aún no se aclaran sobre el proyecto de ley de ampliación de la ruta 32 (San José-Limón) preocupan mucho al Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional, después de conocerse el dictamen legislativo favorable, aprobado en la Comisión de Hacendarios.

Ese proyecto implica la ampliación de 107 kilómetros de la carretera con un préstamo chino.

Aunque los empresarios y expertos que conforman el Grupo Consenso reconocen que la obra es necesaria, aseguran que no pueden proceder sin tener un precio justo, las condiciones técnicas claras y definir bien el costo total que le significará al país.

El Grupo Consenso está integrado por Lanamme-UCR, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.

Según esbozan en un comunicado, los aspectos que les generan inquietud es que la comisión dictaminó la iniciativa de ley sin contar con planos de anteproyecto. Además no se cuenta con los planos del anteproyecto, no se tiene un cálculo de cantidad de materiales, ni estudios de precios y costos, tampoco costo y cantidad de los terrenos a expropiar que se deben pagar y no se ha determinado la necesaria reubicación de servicios públicos a lo largo de la obra.

El Grupo Consenso señala como inaceptable que esa comisión legislativa aceptara como razonable el costo acordado con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), en la suma de $465 millones.

Otro de los temas que advierten los empresarios y expertos es que los contratos del préstamo con China incorporan una serie de cláusulas rígidas y lesivas para los intereses del país y que el Gobierno insiste en no renegociar, como el pago de excesivas multas o incluso el total de los préstamos más intereses, si Costa Rica  incumple con sus acuerdos y cualquiera de las obligaciones establecidas, a criterio del prestatario.

En Grupo Consenso explicó que a estos aspectos se une que el contrato comercial firmado entre Conavi y CHEC, aún no ha sido sometido a revisión por parte la Comisión que aprobó el proyecto de Ley.

Rándall Murillo, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, dijo a EF que lo que han querido es llamar la atención porque en los últimos años han visto que proyectos sin programación adecuada terminan en un escándalo y sin obra. "En este proyecto de la ruta 32 es una empresa que se escogió a dedo, el proyecto no ha pasado por licitación, no tiene diseños ni planos. Tampoco se han hecho estudios para verificar los precios fijados. El precio lo da el mismo que nos va a prestar la plata y no tenemos a nadie que nos diga si lo que nos van a prestar es lo correcto", dijo.

Añadió que los diputados tienen que tener claro que ese proyecto de ley activa otros contratos comerciales que no se están viendo tampoco. "Ellos tienen que verificar muchas cosas que son muy lesivas para el país. Los diputados han sido un poco ligeros a la hora de hacer el análisis de lo que implica este proyecto".

Murillo agregó que están de acuerdo con el proyecto, pero lo que les preocupa es que pase algo como el caso de la trocha (en la zona limítrofe con Nicaragua) porque no se hicieron las cosas de forma correcta desde el principio.

Por su parte, la diputada Sianny Villalobos, presidenta de la Comisión de Hacendarios que dictaminó el proyecto, dijo que no le preocupa porque se hizo el dictamen, pero eso no significa que el proceso haya concluido.

"Estamos abiertos a todas las sugerencias que tengan, tenemos la mayor apertura de recibirlos y conocerlos con cosas muy concretas. Pueden buscarme, soy una diputada de puertas abiertas y podemos concretar reuniones para ver sus sugerencias", dijo.

El diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), exigió la semana pasada al Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla que inicie un proceso de renegociación del préstamo por $465 millones que otorgó China.

Según Oviedo, las condiciones del crédito no son transparentes y no basta con las mociones que aprobó la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso para corregir sus contenidos.

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