El sector privado costarricense, representando por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), señaló su disconformidad por la medida que tomó el Consejo Nacional de Salarios esta tarde, en la que decretó un aumento del 2,35% para los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado a partir de julio y un incremento de adicional de ¢5.000 para los trabajadores no calificados, semicalificados y calificados.
"Se aprobó -con los votos de los sindicatos y el gobierno- un aumento adicional de ¢5.000, que eleva el incremento hasta 4,22%, un nivel incluso superior a la inflación del primer semestre", indicó el gremio en un comunicado.
Ronald Jiménez, presidente de la Unión de Cámaras, calificó como "irresponsable" la aprobación de alzas adicionales para otras categorías, pues considera que puede generar un mayor desempleo e informalidad en áreas delicadas como la agricultura, pecuario y construcción, entre otras.
"Como sector, lo que buscamos es no impactar las altas cifras de desempleo en áreas sensibles. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre marzo y abril del presente año, se perdieron casi 3.800 empleos formales en la empresa privada, la mayoría en agricultura, industria manufacturera y comercio", afirmó Jiménez.
Al comparar el período marzo-abril, los datos de la CCSS evidencian una caída de 1.593 empleos. Esa cifra sube hasta los 3.400 puestos laborales perdidos si se observa la cifra interanual. En el caso de la industria, se registra un desplome de 2.338 empleos de forma interanual.
"Estamos convencidos de que no es solo con alzas de salario como se combate la pobreza, sino promoviendo la formalidad y mejorando la educación", agregó el presidente de Uccaep. "Está comprobado que la gran mayoría de los hogares pobres del país son aquellos cuyos miembros trabajan en la informalidad y ninguno de ellos se verá beneficiado con este ajuste; por el contrario, este tipo de ajustes no fundamentados promueven la informalidad".
Uccaep afirmó que otro punto que le genera inquietud es que no queda claro cómo se regresará a la metodología acordada en octubre de 2011 para calcular las fijaciones salariales y confía en que esto no provoque un rompimiento de esos acuerdos.