La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría sobre la recaudación por concepto del Impuesto sobre las Ventas en el que concluyó que el sector de la economía ligado a los servicios tiene una muy baja contribución al recaudo del tributo.
Esa escasa participación contrasta con la posición de la actividad en la economía, siendo una de las más dinámicas en el país durante los últimos años.
En el informe firmado por el gerente de área Federico Castro, la CGR determinó que el rendimiento del Impuesto sobre las Ventas bajó de un 39% de la recaudación total del Estado en el 2008 a un 36% para el 2014.
Con respecto al PIB la caída fue de un 6% en el 2008 a un 4,7% en el 2014.
Economía cambió
Sumado al poco peso tributario que hay sobre el sector de los servicios, la CGR determinó que la caída en la recaudación del Impuesto sobre las Ventas se debe a que otras actividades como el comercio y la manufactura aportaron menos a la economía a partir del 2009.
"La recomposición de la economía tiene gran importancia para la recaudación del impuesto porque las industrias mas gravadas son el comercio y las manufacturas", afirmó Castro.
El Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís anunció el año pasado que el Ministerio de Hacienda prepara un proyecto para reformar el Impuesto sobre las Ventas y convertirlo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Si bien el proyecto no ha sido remitido a la Asamblea Legislativa para su debate, las autoridades del Poder Ejecutivo habían mencionado entre los posibles cambios una tasa mayor para el impuesto, así como cobrarlo a mayor número de actividades.
Evaluación para mediados de año
La Contraloría, precisamente, pidió al Ministerio de Hacienda realizar una evaluación de las exoneraciones del Impuesto de Ventas y de la lista de servicios a los que no se les aplica el gravamen en la actualidad. El Impuesto sobre las Ventas es el que genera los principales ingresos tributarios al Estado y al presupuesto nacional.
Dicho estudio deberá estar listo a mediados de este 2015.
El órgano fiscalizador de la hacienda pública alertó desde octubre del 2013 sobre el peligroso estado de las finanzas públicas y desde entonces ha llamado a los gobernantes a tomar decisiones de "alto impacto", entre ellas aumentar en al menos ¢900.000 los ingresos estatales a través de una reforma fiscal y otras medidas relacionadas al gasto del Gobierno.