Costa Rica debe reformar la política criminal para resolver sobrepoblación penal

El colapso en las cárceles que tiene al país en jaque, principalmente desde hace cinco años, antes que una solución de dinero, requiere de una revisión integral de la política criminal vigente.

El sistema pasó de tener una población penal de 7.700 personas en el 2006 a casi el doble en la actualidad: 13. 500, en el mismo espacio de entonces.

Los Tribunales de Flagrancia son el principal disparador pues resuelven los casos de manera expedita, con lo que abarrotan las cárceles desde que fueron creados en octubre del 2008.

Según datos del Ministerio de Justicia, la población carcelaria crece hoy un 30% anual, mientras que en el 2007, su aumento era del 4,5%.

El sistema permite llevar a prisión desde quien se roba un desodorante en el supermercado, hasta un homicida, pasando por los que adeudan pensión alimentaria.

Jerarcas de justicia, expertos en la materia y hasta legisladores coinciden en que urge un análisis del sistema legal, porque de continuar así convertiremos a Costa Rica en una sola cárcel.

“Hay que revisar la política criminal del país, lograr un manejo mejor de la prisión preventiva”, dice el exministro de Justicia Hernando París.

Con él coincide la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz.

“En la Asamblea debemos discutir lo que hacemos, porque encerramos pero no creamos las condiciones de ese ingreso”.

El diputado Carlos Góngora coincide en que es muy importante revisar la política penal y ver si debe haber medidas alternativas y nuevos métodos.

Acciones inmediatas

Mientras el debate legal no se haga en Cuesta de Moras, la solución más inmediata seguirá siendo la de construir más módulos, pero el dinero es limitado.

En los últimos cuatro años el presupuesto nacional destinado a Justicia ha crecido, sin embargo, el 70% de ese monto es para el pago de planillas, el 26% para gastos operativos y solo el 4% restante para obras.

El Estado cuenta también con $79 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones, más un aporte de $55 millones, para construir.

Empero, este dinero aún no se ha ejecutado, pese a que se aprobó en el 2012. La unidad ejecutora ha cambiado tres veces en dos años.

Según el viceministro de Justicia, Jorge Rodríguez, el sistema requiere de ¢50.000 millones más para poder solventar las necesidades en infraestructura.

Sin embargo, antes de construir nuevos centros penales, Justicia ha decidido ampliar módulos en las 15 cárceles que ya existen.

Con fondos del presupuesto nacional se proyecta crear 1.590 celdas nuevas para inaugurar en abril próximo. Este trabajo tiene un costo de ¢8.300 millones.

Una cárcel completamente nueva para resolver de 500 a 600 espacios tiene un valor cercano a los ¢10.000 millones.

“Es preferible hacer las ampliaciones que un centro nuevo, porque así nos evitamos los estudios de suelo, permisos de Setena y todo lo que retrasaría la construcción”, dice Rodríguez.

Por más que se quiera apagar el incendio con la construcción de estos módulos, en dos años quedarán obsoletos porque la población penal seguirá creciendo.