Tope salarial que propone el PAC en Gobierno Central representaría bajo ahorro y sería ilegal

El Partido Acción Ciudadana (PAC) persiste en la idea de poner topes a los salarios del Gobierno Central. Sin embargo, el efecto de tal medida para ahorrar fondos públicos al entrar al poder este 8 de mayo será muy limitado, y su viabilidad legal es altamente cuestionada.

Ayer el Ministerio de Hacienda dio a conocer una lista de los funcionarios del Gobierno Central que reciben un salario superior a ¢ 5 millones. Tal lista sólo contiene el nombre de 14 funcionarios. El salario bruto máximo es de ¢ 7,9 millones.

Tales salarios pueden parecer altos, sin duda, pero esos funcionarios representan apenas el 1% de los 1.500 empleados públicos que reciben más de ¢ 5 millones y hasta ¢35 millones en todo el sector público, según Hacienda.

Además, son prácticamente insignificantes en la masa de 120.000 plazas que reporta el Gobierno Central. En el 2014 el Gobierno Central gastará ¢ 2 billones en remuneraciones, lo que equivale al 30% de su presupuesto.

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿tiene sentido poner un tope a esos poco salarios como medida efectiva de ahorro?

Helio Fallas, quien asumirá el cargo de Ministro de Hacienda y ha promovido públicamente los topes como medida para paliar el déficit fiscal actual, entre otras medidas (como la promoción de impuestos y hacer mas riguroso el cobro de ellos), desconocía ayer de la lista de funcionarios publicada por Hacienda.

Cuando EF le dio a conocer que solamente 14 personas tienen salarios superiores a los 5 millones, contestó que siempre le parecía necesario poner el límite máximo a los salarios “ porque también es un mensaje que se está enviando a la ciudadanía. Si fueran no 15, sino 10, es un siempre un mensaje diciendo que no vamos a permitir que la gente gane más de tanto”.

En una entrevista con La Nación Fallas mostró especial preocupación por los salarios de todos los funcionarios públicos, pero especialmente lo del Gobierno Central. En el texto del 24 de marzo Fallas afirmó: “Lo que nos interesa más es el Gobierno Central, porque estamos con un déficit mayor. También pensamos en un tope máximo para los salarios de los jerarcas del Gobierno. No te puedo decir a partir de cuánto, pero sí estamos hablando de topes”

Ayer, luego de la presentación del gabinete en el Auditorio del Museo de los Niños, EF le consultó si seguía en pie la idea de poner topes a los salarios de los funcionarios y confirmó que sí.

"Se ha hablado y creo que sí vamos a irnos, en una parte, por ese tipo de medidas (poner topes). (...) Eso todavía no está bien definido, pero sabemos que en el caso del Gobierno Central hay gente que tiene salarios muy altos, pero esa información yo la desconozco, yo no tengo la lista (de funcionarios con salarios altos)", dijo el economista.

Además agregó que no se sabe el tope que impondría el Gobierno, ni si aplicará a todos los funcionarios públicos. “Eso habría que revisarlo”, sostuvo.

Si pese a que el efecto de ahorro en salarios derivado del tope no sea significativo, el gobierno del PAC persiste en la idea de imponer el límite máximo de ingreso para enviar un mensaje a la ciudadanía, cabe hacerse otra pregunta: ¿Es legalmente viable poner ese tope a los 14 funcionarios que ganan más de ¢ 5 millones?

La respuesta es que no, según el experto en derecho público, Manrique Jiménez Meza. El derecho que otorgó la ley a esos funcionarios de recibir ese salario no se puede eliminar. La Constitución Política, en su artículo 49, obliga a que se respeten los “derechos adquiridos” por esos funcionarios, plantea Jiménez.

Además, según el artículo 79 del mismo texto, los derechos sociales, como el salario, son irrenunciables, advierte el abogado. Por lo tanto, lo que propone Fallas sería “una dislocación” con lo que propone la ley actualmente, opinó el abogado.

Jiménez advirtió que cualquier cambio en la regulación salarial tendría que hacer por una norma de la Asamblea Legislativa, no por un reglamento autónomo emitido por el presidente electo, Luis Guillermo Solís.

De recurrirse a la vía legal para reformar los salarios, la norma podría afectar los derecho de los futuros empleados públicos, no de los actuales.

Estas reglas de cambio en los salarios aplicarían no solo en el Gobierno Central, sino en todo el aparato estatal. Por lo tanto, el próximo Gobierno del PAC se topará el mismo obstáculo en las demás instituciones y empresas públicas, que son las acumulan la mayor cantidad de salarios con más de ¢5 millones.

En estas instituciones se reportan salarios de hasta ¢35 millones, según ha informado el Ministro de Hacienda, Edgar Ayales. Por ejemplo, El Financiero informó desde su plataforma Rete al Candidato, que el presidente del Banco Nacional devengó, en diciembre del 2013, un salario bruto de ¢16,8 millones.