El Tribunal Penal de San José condenó este lunes al extesorero del Partido Acción Ciudadana (PAC), Maynor Sterling Araya, por una estafa de ¢352 millones contra Estado. El delito se ejecutó en el cobro de la deuda política del 2010.
El tribunal condenó a Sterling a seis años de prisión. Además, sentenció a tres años de prisión a Manuel Antonio Bolaños Murillo, actual colaborador de la agrupación, quien podrá descontar su castigo bajo el beneficio de libertad condicional de la pena por cinco años.
El PAC fue condenado por el tribunal de forma solidaria.
Los jueces concluyeron que Maynor Sterling, creó un plan para que el Partido Acción Ciudadana (PAC) cobrara contratos por servicios especiales realizados por militantes y líderes durante la campaña electoral 2010.
El tribunal concluyó que en realidad esos servicios especiales se hicieron de forma gratuita por parte de las personas, correspondieron a servicios diferentes a los reportados, o bien , se incluyó personas que no participaron.
La Fiscalía aseguró en su acusación que el PAC presentó 263 contratos por servicios falsos en la liquidación de gastos presentada al TSE como parte de la deuda política del proceso electoral 2010.
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Los jueces encontraron que había falsedad en 179 de los 263 contratos y estimaron que el monto de la estafa es de ¢352 millones. Además, el partido tendrá que paga ¢40 millones de costas, más intereses y otros montos por definir, sin embargo, no la sentencia no incluye un monto de pago por daño social.
El PAC recibió ¢516 millones por los contratos de este caso, empero, el Ministerio Público indicó en su acusación la que la estafa fue de ¢354 millones porque no se logró demostrar la falsedad de los otros contratos, o no se imputaron.
El TSE pagó más de ¢17.000 millones en deuda política a los diferentes partidos que participaron en las elecciones del 2010.
El PAC pidió al TSE el pago de ¢4.283 millones por deuda política por ese proceso electoral, aunque realmente podía reclamar el reintegro de ¢3.741 millones tras obtener 478.877 (25,06% de los sufragios) que le permitieron al entonces candidato Ottón Solís, quedar en segundo lugar.
De los ¢4.238 millones que solicitó el PAC ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ¢1.100 millones correspondían a la partida de servicios especiales.
Reacción del PAC
El PAC indicó en un comunicado que respeta la sentencia del tribunal y que esperara la sentencia completa para definir si presenta una apelación.
El partido anunció que iniciará el proceso interno y la aplicación del artículo 57 del estauto para suspender a los condenados por este caso y, en caso de que la sentencia quede en firme tras las apelaciones, tanto Sterling como Bolaños serán expulsados de la agrupación.
El estatuto del PAC dicta en su artículo 57: "Aquel miembro del Partido sobre el que se dicte sentencia por la comisión de cualquier delito doloso, será suspendido como miembro del PAC. De adquirir firmeza la sentencia condenatoria, la Asamblea Nacional procederá sin excepción a la expulsión del Partido. Su reincorporación al Partido solo puede gestionarse ante la Asamblea Nacional".
"El PAC nació para hacer política diferente, y eso implica una mejora continua de los controles sobre el uso de los recursos públicos", aseguróAnthony Cascante, tesorero nacional del PAC.
La agrupación cuenta con una reserva de dinero que le permitiría pagar el monto que exigió el Tribunal Penal de San José en la sentencia.
Partidos condenados
El PAC es el segundo partido político en la historia de Costa Rica que recibe una condena por delitos electorales.
En octubre del 2015, el Tribunal Penal de San José condenó a ocho años de cárcel a Ronaldo Alfaro, vicepresidente del Movimiento Libertario y expdiputado de esa agrupación, por el delito de estafa.
El tribunal concluyó que Alfaro ideó un plan para cobrar ¢209 millones de deuda política por las elecciones del 2010, usando cursos falsos que nunca se impartieron.
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También le impusieron arresto domiciliario con monitoreo electrónico al excontador del Movimiento Libertario, Ronald Alfaro, quien ya falleció.
Las juezas de ese caso indicaron que el Libertario falseó gastos electorales al incluir 194 capacitaciones fantasma, que el TSE le pagó, en la liquidación del proceso electoral del 2010.