La administración tributaria salva del ahogado el sombrero en la Asamblea Legislativa, con el avance de la agenda fiscal de contingencia. La Asamblea Legislativa aprobó en segundo y último debate los proyectos de Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal y Ley de Fortalecimiento de la gestión tributaria.
Están lejos de ser el Plan Fiscal con el que Zapote esperaba reducir dos puntos el déficit fiscal, pero le dan respiro a Hacienda y particularmente al manejo legislativo de la administración de Laura Chinchilla, que al menos logra el avance de propuestas.
Ambas propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo ponen en manos de la Dirección General de Tributación (DGT) nuevas herramientas que también implican cambios para los contribuyentes y que son un paliativo para Hacienda, luego de que el año pasado naufragara el Plan Fiscal en la Sala Constitucional.
En el caso de Transparencia Fiscal, se establece la obligación para las entidades financieras de proporcionar información a la administración tributaria sobre sus clientes y usuarios.
Entre esa información se incluyen las transacciones, operaciones y balances, movimientos en cuentas corrientes y de ahorros, depósitos, títulos valores, certificados a plazo, información crediticia, fideicomisos, inversiones, transacción en la bolsa, y todos aquellos datos que Hacienda considere de trascendencia tributaria, mediante la intervención de un juez de garantías.
La DGT deberá seguir un procedimiento para requerir la información que poseen las entidades financieras, el cual iniciará con la presentación de una solicitud por escrito ante el juez tramitador, según lo previsto en el Código Porcesal Contensioso Administrativo. La futura ley establece un plazo de 10 días hábiles a las entidades financieras para que entreguen la información solicitada por Hacienda.
El plan ha causado polémica por las consecuencias prácticas que tendrá sobre el levantamiento del secreto bancario.
La finalidad del proyecto aprobado es poner a Costa Rica a tono con las normas internacionales de intercambio de información tributaria en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Menos burocracia fiscal
En tanto la Ley de Fortalecimiento de la gestión tributaria pretende darle más músculo a la DGT al crear multas para aquellos contribuyentes que incumplan con los pagos parciales del impuesto sobre la renta de forma trimestral.
Además resuelve la aplicación de sanciones contra aquellos contribuyentes al Impuesto Solidario para el "Fortalecimiento de los Programas de Vivienda", que se cobra a los propietarios de casas de lujo valoradas en más de ¢100 millones.
También se dota a la administración tributaria de un procedimiento más ágil de devolución de impuestos a los contribuyentes.
Por último, el proyecto aprobado busca fortalecer el cobro de impuestos en los traspasos de bienes inmuebles que, según Hacienda, es eludido mediante el traspaso de acciones entre sociedades anónimas.
En lo fundamental, el plan tiene como objetivo trasladar para su persecución la mayoría de casos de evasión o no pago de impuestos y fraude aduanero a la sede administrativa, para sacarlos de la esfera judicial, donde esos procesos son relegados a un segundo plano, con la consecuente tardanza en su resolución. Para solucionar esos aspectos, se amplían los períodos de prescripción de los casos hasta los cuatro años.