Levantamiento de velo a sociedades levanta polémica en Costa Rica

País obligado a cumplir con transparencia fiscal; expertos critican vía y riesgo de confidencialidad

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La identidad secreta de los accionistas está por ser revelada.

No para todos, sino para Hacienda. La Dirección de Tributación Directa está consultando una propuesta para que las sociedades anónimas deban revelarle la identidad de sus accionistas, algo que genera revuelo en el sector empresarial.

Desde el camino seguido, vía resolución y no reforma legal, a las consecuencias de la medida, el tema sacude círculos tributarios y productivos.

La medida se justifica como una obligación para que el país cumpla con los requisitos de transparencia fiscal internacional exigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, para que a nivel local se pueda verificar de mejor forma el pago del impuesto de traspaso, que se tiende a evadir.

“Esto nos permite tener mayor transparencia en la gestión tributaria y llegar a ser una jurisdicción no calificada como paraíso fiscal”, dijo el director de Tributación Directa, Carlos Vargas.

Costa Rica había sido incluido en la lista de paraísos fiscales en el 2009 y fue sacado en el 2011 después de reforzar su compromiso con la OCDE. Hoy hay más de 110 países afiliados a este foro, que han asumido el mismo compromiso y están trabajando para cumplir los estándares.

Para la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, el estándar de transparencia fiscal está construido alrededor de la existencia de la información, acceso que tienen las autoridades a esta y el intercambio.

“La información es relativa a los dueños de entidades, entre estas, las sociedades anónimas. El estándar exige que todos los países tengan esta información e insta a las administraciones a tomar las medidas para sancionar a quienes no lo cumplan”, dijo.

A pesar de esto, las inquietudes empresariales prometen un debate fuerte.

¿Resolución o cambio de ley?

Tributación Directa pretende aplicar este requerimiento a través de una resolución que ya está en consulta pública.

Vargas respalda esa vía tras señalar que están ejerciendo las facultades que les brinda el Código Tributario de tener acceso a información de terceros pertinente para efectos tributarios.

No obstante, el exdirector de Tributación y actual socio director de Deloitte, Alan Saborío, calificó la resolución como “una aberración jurídica”.

Según dijo, en ese código no existe la autorización legal para crear este registro de socios. “Esto es un acto administrativo y para hacer lo que quieren, se necesita una reforma legal”.

Saborío añadió que hay un dictamen de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa que señala que para correr el velo a las sociedades anónimas se requiere una ley aprobada por dos terceras partes de los diputados.

Con él coincide el abogado experto en tributos Diego Salto, quien dijo que esto no puede hacerse por resolución, sino por modificación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Elías Soley, miembro de la Junta Directiva de Amcham advirtió que esa resolución administrativa que se pretende tendría vicio de ilegalidad.

“La finalidad parece loable en cuanto a prácticas internacionales, pero la resolución excede las facultades de la ley”, dijo.

Pero no todos se oponen. El especialista en derecho tributario José María Oreamuno coincide con la administración y apunta que la ley de Transparencia Fiscal es clara en que las sociedades deben dar información de trascendencia tributaria, por lo que no hace falta una reforma. “La ley se publicó el 27 de setiembre del 2012 y modificó el Código de Comercio. Indica que las acciones y el registro del accionista deben tener el nombre de ese accionista”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Llobet, coincide con Oreamuno en que después de revisar la resolución en Junta Directiva, confirmaron que la ley le da el poder a Tributación de pedir esos datos.

Confidencialidad en riesgo

No es la única inquietud. Casos como el del exministro de Hacienda Fernando Herrero y más recientemente el del candidato liberacionista Johnny Araya,en los cuales se filtró información tributaria que se debió haber mantenido confidencial, generan temor de que este tipo de datos se manejen sin la debida seguridad.

Vargas se respalda en que el Código Tributario aplica sanciones a los empleados que hagan un uso indebido de esa información.

“Lo que buscamos es acercar al país a los estándares internacionales , con un manejo de la información en estricta confidencialidad”, aseguró.

Salto cree que con esta medida habría un quebrantamiento del anonimato, pero hace una salvedad. “Lo que se debería hacer es que, cuando alguien requiera la información, la administración la pida de forma individualizada, no que todos hagan el reporte”.

Llobet calificó de importante que se asegure la confidencialidad, pero le preocupa que se haga con una figura a la que se le llama precisamente sociedad anónima.

“De esta forma como se plantea sería otro tipo de sociedad”.

Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias, secundó a Llobet y dijo que lo pretendido por Hacienda es contrario a la naturaleza jurídica de las sociedades anónimas. “No consideramos procedente revelar esa información y hacerla pública”.

Ajustes tributarios

Para la administración, el conocer a los accionistas es una herramienta importante para evitar la evasión del impuesto de traspaso indirecto.

Según Vargas, con el traspaso de acciones se evadía el pago de ese tributo. En su criterio, la única manera para controlarlo es teniendo la información de los titulares del capital social y la modificación para cobrar el impuesto a quienes adquieran bienes.

Oreamuno, por su parte, cree además que con la información de las sociedades también se podrá lograr hacer ajustes de precios de transferencia.

“Costa Rica está empezando a tener ajustes de precios de transferencia que se hacen cuando hay operaciones entre empresas vinculadas. La única forma de saber si hay un negocio entre familiares y por eso se alteran precios, es sabiendo quiénes son los accionistas”, explicó Oreamuno.

La discusión está sobre la mesa. Y su evolución podría pasar de los escritorios tributarios, a los jurídicos.

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