Inversión anual en carreteras debería alcanzar los $761 millones

Con ese grado de inversión en el presupuesto no se alcanzaría meta del Plan Nacional de Transportes al año 2035.

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El presupuesto del Estado apenas alcanza para cubrir el 43% del presupuesto anual que se requeriría para llegar a las metas de modernización y mejora de las carreteras nacionales contempladas en el Plan Nacional de Transportes al 2035 (PNT).

La inversión promedio anual que el país realizó en sus carreteras durante el periodo 2009-2012 apenas alcanzó los $329 millones anuales.

El monto necesario estimado en el PNT es de $761 millones.

Es decir, hoy los recursos públicos apenas cubren poco más de un tercio de lo necesario para que Costa Rica cuente con carreteras de primer nivel en 22 años.

Choque contra la realidad

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del 2011 en adelante el país necesita una inversión sostenida en carreteras superior al 2,45% del PIB para alcanzar la meta del PNT.

La realidad, empero, es muy distinta.

En el 2011, del 0,94% del PIB que era necesario apartar para el plan, Costa Rica solo destinó un 0,64%, un 31,9% menos que lo requerido.

Un año después, el porcentaje estimado era un 0,99 del PIB para infraestructura vial.

La realidad señala que apenas se pudo destinar un 0,70% de la producción nacional; es decir, un 29,2% menos.

En el 2013, el presupuesto para carreteras apenas es de un 1,2% del PIB, la mitad del 2,4% exigido en el PNT.

En relación con el Presupuesto Ordinario de la República para el 2013, por el orden de los ¢6.4 billones, el rubro para carreteras apenas alcanza un 2,3% del total.

Por la ruta de la escasez

Con la mayoría de los caminos hacia una mayor inversión cerrados, José Luis Salas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sostuvo que el país depende, irremediablemente, de instrumentos como la concesión de obra pública para llegar a los objetivos propuestos.

Ni siquiera con un incremento sustancioso en el Impuesto Único sobre los Combustibles –Ley N°8114 que destina esa recaudación para financiar al Conavi– se le podría hacer frente al grado de inversión necesaria que requieren la calles del país, más de $44.000 millones al 2035.

Pero el panorama global es peor.

José Chacón Laurito, viceministro de Obras Públicas, agregó que la situación fiscal del país no da para pensar en que el Estado pueda hacerse cargo de desarrollar con recursos propios los proyectos de infraestructura vial necesarios para contar con una red de carreteras tipo A.

Chacón añadió que solo un plan fiscal agresivo que dispare los ingresos del Estado se podría pensar en la posibilidad de cubrir los recursos que hacen falta para una red vial moderna de alta capacidad.

Empero, el ejercicio podría quedarse corto, aun si se lograra aprobar un plan fiscal. Tomando en cuenta que el fallido proyecto de “Ley de Solidaridad Tributaria” que impulsó la presidenta Chinchilla pretendía recaudar cerca de ¢400.000 millones más al año, se ocuparían 7 de esos planes fiscales, en su totalidad, para financiar las obras contempladas en el PNT.

Actualmente, el MOPT destina una ínfima parte de su presupuesto anual para apoyar a los municipios con el mantenimiento de la red vial cantonal.

En el 2013 ese rubro alcanza los ¢26.578 millones, apenas un 9,6% de su presupuesto total, consumido por los gastos administrativos, como el pago de planilla.

De esta manera, las cifras del presupuesto público para carreteras apuntan a un rezago mayor a futuro.

A la luz de los hechos que se trajeron abajo la concesión de la carretera San José-San Ramón, el Conavi y el MOPT temen que el panomara del desarrollo vial se complique más, por la posibilidad de que menos empresas quieran participar en los procesos de contratación, debido a las dudas que se ciernen sobre la seguridad jurídica e incluso política del país en la materia.

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