Por: Rafael González 1 junio, 2013

En los últimos días hemos visto como surge de nuevo la interrogante planteada en abril de 2009, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de su Comité de Asuntos Fiscales, calificó a Costa Rica como uno de los cuatro países que “no se han comprometido a implementar estándares internacionales de transparencia e intercambio de información con fines fiscales”.

Nos puso en la lista “gris” de aquel momento con el temor de entrar en la lista negra o lista de jurisdicciones no cooperantes. La reacción de nuestro país fue aprobar legislación que incluso excede sustancialmente los requerimientos de la OCDE. Pero, ¿cómo se relaciona el tema y qué caracteriza un paraíso fiscal? El tema de transparencia es solamente un elemento. La misma OCDE, desde finales de los 80 había definido una serie de elementos que, de estar presentes en una jurisdicción, podrían llevar a su consideración como paraíso fiscal (tax haven o tax shelter cuyo sentido va más allá e invoca cierta protección de capitales frente a tributos o administraciones tributarias). Cada país tiene sus reglas pero en principio, se basan en criterios de la OCDE.

Varios elementos se analizaron para caracterizar un refugio fiscal que, si tratáramos de resumirlos, podríamos decir que se trata de jurisdicciones que buscan la atracción de capitales bajo el ofrecimiento de no cobrar impuestos, proteger a sus dueños de administraciones fiscales externas, y permitir la libre disposición de estos sin mayor control o rendición de cuentas y sin que se deba tener mayor presencia física. En esencia, esos cuatro requisitos no están presentes en nuestra legislación. Por el contrario, la transparencia, retención de registros contables, impuestos similares a la media mundial, y las recientes aprobaciones de legislación para intercambiar información tributaria, deberían tenernos fuera de las listas de paraísos fiscales.