Por: Rafael González 17 junio

El pasado 7 de junio, Costa Rica firmó el Convenio Multilateral para Adoptar las Medidas de Prevención contra la erosión de las bases imponibles y traslados de utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés).

BEPS surge de un plan de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), compuesto por 15 acciones destinadas a aportar elementos para corregir las deficiencias actuales del sistema fiscal internacional, incrementando la transparencia entre contribuyente y la Administración Tributaria.

Para ello, aunque el plan no es una ley, se enfocará en establecer recomendaciones para nuevas regulaciones locales, cuyo fin es evitar que los contribuyentes realicen planeamientos fiscales “agresivos” que resulten en pago de tasas menores de impuestos; limitando las posibilidades de los contribuyentes para elegir, de entre distintas leyes y jurisdicciones, el tratamiento impositivo que mejor les convenga.

Por ejemplo, destacan las directrices contra el abuso de tratados internacionales (Acción 6), así como las mejoras de las actuales normas sobre precios de transferencia para evitar la separación entre el lugar donde las ganancias son reportadas y la ubicación en donde se localizan las actividades económicas que efectivamente crearon dichos beneficios (acciones 8, 9, 10 y 13).

Se suman aquellas que tienden a minimizar las posibilidades de reducción de cargas tributarias a través de mecanismos de financiamiento transfronterizo en operaciones entre empresas vinculadas; así como directrices orientadas a actualizar los métodos para intercambiar información y evaluar los regímenes fiscales preferentes existentes (territoriales).

Costa Rica ha hecho un esfuerzo por ser parte de la OCDE, por lo que podemos augurar que existirá un gran compromiso en la adopción de las recomendaciones del Plan BEPS. Sin embargo, es importante tener claro que en muchos casos harán falta reformas a la ley.