Por: Rafael González 15 junio, 2013

Para que la Administración Tributaria verifique si estamos o no contribuyendo como nos corresponde, es necesario que se teja una red de información y control cruzado. Por esta razón, la Administración Tributaria requiere de la colaboración de los contribuyentes para llevar a cabo este proceso y por ello, el sistema se ha estructurado de forma tal que los contribuyentes estamos obligados a proporcionar información sobre nuestras relaciones económicas con terceros.

Las modificaciones introducidas por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria al Código de Normas y Procedimientos Tributarios establecen un nuevo marco sancionador. Las sanciones son de índole administrativo; es decir, acarrean una infracción pecuniaria, pero no una pena de cárcel. Destacan principalmente dos tipos de infracciones relacionadas con este deber de colaboración: (i) la resistencia a las actuaciones administrativas de control y (ii) incumplimiento en el suministro de información.

La resistencia presupone la existencia previa de un requerimiento de información solicitado por la Administración Tributaria al contribuyente, y su omisión de cumplimiento. Por ejemplo, no comparecer ante la Administración cuando se le requiera o no brindar la documentación pedida. El incumplimiento en el suministro se refiere a la obligación que normativamente posee el contribuyente de entregar información, como en el D-151 y D-152.

Las sanciones son muy altas, incluso en algunos casos desproporcionadas, dado que podría sancionarse hasta con una multa equivalente al 2% del ingreso bruto del incumplidor, con 10 salarios base (¢3.794.000) como mínimo y 100 (¢37.940.000) como máximo. Es evidente la intención de generar miedo a la sanción como un mecanismo que promueva su cumplimiento, pero ello podría generar la inconstitucionalidad, por desproporción entre el daño al bien jurídico tutelado y la sanción.