El tema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cómo moldear un sistema apto para la realidad de cada país es un asunto muy sensible. El mejor ejemplo de ello lo representa la gran cantidad de discusiones que se dieron en la mesa de análisis de la Comisión Fiscal Mixta, y más recientemente en el intento de reforma tributaria de la administración Chinchilla. Los argumentos mayoritariamente se enfocan en la necesidad de eximir unos cuantos, varios, o muchos sectores de la economía de dicho impuesto, debido a su regresividad en relación con el ingreso.
El ejemplo Chileno nos muestra una realidad sustancialmente opuesta y que ha funcionado de forma muy positiva: práticamente todo está gravado y la función de distribución de riqueza del Estado se cumple con una política de gasto e inversión social sólida.
¿Y cuál es la filosofía detrás de dicho sistema? De forma muy sencilla consiste en gravar todos los bienes y servicios con mínimas excepciones a las que se les aplica una desgravación total (tarifa cero) de forma tal que, en principio, toda la economía entra en el sistema tributario, dado que el IVA es un impuesto que obliga a las diferentes etapas en la producción de bienes o servicios, a coadyuvar en que las etapas anteriores también entren al sistema. La provisión de bienes y servicios meritorios (medicinas y en general salud, educación y hasta cierto punto alimentación) se cumple con programas sólidos de gasto público en esas áreas.
En última instancia, las familias con ingresos menores (siguiendo el argumento de la regresividad del sistema) no comprarían medicinas o servicios de salud y educación, sino que recibirían estos bienes o servicios del Estado. Sobre el tema definitivamente hay mucho que discutir, pero aplaudimos la gestión del jerarca de Hacienda, quien, por recientes presentaciones en el seno de Uccaep y en la prensa, parece estar a favor de una IVA con una base amplia.
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