Parlamento estudia 16 textos de ley que pretenden contraer las erogaciones, un problema que ya es veinteañero

Por: María Fernanda Cruz 13 marzo, 2016
 Buena parte de los diputados está de acuerdo con la esencia de los proyectos: reducir el gasto en pensiones y en salarios públicos. Sin embargo, ponerse de acuerdo en la forma y los detalles los sumerge en una discusión sin fin.
Buena parte de los diputados está de acuerdo con la esencia de los proyectos: reducir el gasto en pensiones y en salarios públicos. Sin embargo, ponerse de acuerdo en la forma y los detalles los sumerge en una discusión sin fin.

“El sistema de pensiones que opera en el país requiere una transformación global que garantice su sostenibilidad en el futuro”.

Usted podría creer que estas líneas las escribimos ayer, pero en realidad las escribió una periodista de La Nación en 1996, cuando el sistema todavía era el más sólido de América Latina.

Hace 20 años, las autoridades del país estaban pensando en ponerle un tope al gasto en pensiones. Hoy, lo siguen pensando.

No es la única discusión sobre el gasto.

Hace dos décadas, el expresidente, Miguel Ángel Rodríguez, dijo en un discurso que urgía una ley de empleo público para dedicar el gasto del Gobierno a “las tareas fundamentales para el desarrollo del país”, según consta en los archivos digitales de este medio.

El mismo nombre de proyecto rebota desde esa fecha en titulares de prensa y textos de ley sin llegar a ningún lado.

En este momento, se apiñan en la Asamblea Legislativa 12 proyectos de legislación que pretenden reducir el gasto desmedido en jubilaciones y cuatro que quieren reordenar los salarios del sector público para lograr el mismo objetivo del que hablaba Rodríguez en el 96.

Mientras tanto, los incentivos que paga el Estado crecen hasta siete veces más rápido que las planillas. Es decir, el dinero gastado ni siquiera genera nuevos empleos.

En un intento por echarlos a andar, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una moción para darle vía rápida a los 16 proyectos, muchos de ellos presentados por Liberación Nacional y por el Ejecutivo.

El ministro de Presidencia, Sergio Alfaro, se reunió con la fracción socialcristiana y les planteó una segunda opción: estudiar, de manera paralela, los proyectos de impuestos que impulsa el Ministerio de Hacienda.

El PUSC dio media vuelta y dijo: muy buena conversación, ojalá recapaciten, hasta luego.

Fue, de nuevo, una propuesta llena de buenas intenciones que llevó al país al mismo punto de hace veinte años: a la deriva.

infografia

Moción nació muerta

El Ejecutivo quiere aprobar impuestos y el PUSC no. Entender el ring en el que está peléandose por el dinero de los costarricenses es tan sencillo como leer esa línea.

Pero para comprender el laberinto legislativo que está por debajo de ese ring hay que estudiarlo... y para estudiarlo, algunos pasan años dentro de él.

Daniel Calvo, quien fue asesor legislativo durante siete años, duda de que existan posibilidades reales de impulsar una moción como esta en lo que resta de sesiones extraordinarias (en las que el Gobierno domina la agenda).

Sin contar la Semana Santa, los diputados del PUSC tendrían cuatro semanas para convencer a 38 diputados de votar la vía rápida y la conformación de una comisión especial para que estudie los 16 proyectos de ley, a los que se les daría un plazo “perentorio”.

Aunque a nivel administrativo los legisladores pueden decidir el camino, la venia del Ejecutivo en la propuesta era fundamental para impulsar el apoyo en la bancada oficialista.

Ese fue el primer traspié.

O más bien el segundo, porque un par de días antes el ministro de la Presidencia le había pedido a Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios, que “soltara” los proyectos de pensiones y los pasara a otra comisión.

Troya ardió.

“No hay ninguna obstrucción. Los proyectos no tienen por qué salir de Hacendarios. Lo que hay es una falta de acercamiento del Gobierno para sentarse a conversar...”, dijo la diputada a EF.

Ese capítulo continuará.

El segundo tropiezo del 208 bis (artículo en el que se ampara la vía rápida) es su propio pasado en temas polémicos.

El trámite fracasó estruendosamente la última vez que trató de aplicársele a la aprobación de impuestos.

La vía rápida también está limitada por el propio reglamento, pues los diputados opositores de un proyecto pueden presentar cuantas mociones quieran para sobrepasar el plazo perentorio.

Si al final del proceso no se escuharon las mociones de enmienda de algunos diputados, estos recurren a la Sala Constitucional.

Ottón Solís prefiere no meterse en líos técnicos y apoyar la propuesta de los socialcristianos tal y como está.

“Si hay que arreglar un detalle, pues que se arregle, pero la vía rápida debería ser la metodología para todo en esta asamblea”, dijo el diputado del PAC.

Solís también trató de impulsar el 208 bis para los proyectos de impuestos, pero chocó contra pared mucho antes de empezar.

Todos de acuerdo... sin acuerdos

Hacienda calcula que, con la aprobación de uno solo de los proyectos de ley relacionados con pensiones se ahorrarían unos ¢4.000 millones.

Un dinero que alcanzaría para vacunar contra el papiloma humano a unas 52.000 niñas y prevenirlas de padecer de cáncer de cérvix, por ejemplo.

¿Cuál diputado estaría en desacuerdo con impulsar la vacunación? La respuesta es simple: muy pocos.

“La gran ironía es que todo el mundo está de acuerdo (con los proyectos de pensiones)”, reconoció al teléfono Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional y proponente de la mayoría de los textos sobre pensiones y empleo público.

Su proyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adcionales al salario base pretende crear mecanismos para medir el desempeño y otorgar las anualidades solo a quien las merezca, según los nuevos parámetros técnicos.

En eso están de acuerdo casi todas las fracciones y hasta el Poder Ejecutivo.

Tan de acuerdo estaba este último que quiso presentar su propio proyecto con características muy similares, pero con un nuevo nombre: “Proyecto de ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad”.

Entre los proyectos judiciales se presenta el mismo escenario: los propósitos se repiten, pero con diferente forma.

El plan, que todavía persiste entre los socialcristianos, es que la comisión pueda presentar textos sustitutivos que integren varias de las propuestas en un solo proyecto. Una medida que podría terminar el ciclo de 20 años de acción y fracaso circular.