La regulación relacionada con el tema de Fusiones y Adquisiciones (M&A) en nuestra legislación requiere la definición de reglas claras y que incentiven la actividad en el medio, situación que ha sido el motor de diferentes economías en la región latinoamericana.
Recientemente me correspondió representar al país en una mesa redonda sobre el tema fiscal aplicable a fusiones y adquisiciones de la Asociación Internacional de Abogados, y nos quedó el vacío de que nuestra regulación, al no contar con reglas claras en materia fiscal, crea gran incertidumbre al inversionista extranjero.
Esto es contrario a lo que sucede en muchas jurisdicciones y atenta contra impulsar la actividad en nuestra economía.
Existen ciertas normas y amplia regulación en materia contable, aplicable a la materia de forma supletoria, sin embargo es necesario contar con reglas claras.
Hay aspectos básicos por regular, especialmente en cuanto a la asignación del precio de compra de un negocio a los activos de este negocio, la deducibilidad de intereses por deudas contraídas para la compra del negocio, el tratamiento de una fusión posadquisición, así como la amortización de cualquier goodwill o sobreprecio que se pague en relación con el valor en libros del negocio adquirido, entre otros muchos temas.
Comparando la regulación costarricense con aquella regional latinoamericana, vemos como muchas de las legislaciones de la región claramente incentivan y tratan como reorganizaciones libres de impuestos una gran cantidad de transacciones de M&A, situación necesaria en nuestro medio.
Lo anterior, sumado al hecho de que la responsabilidad sobre deudas no materializadas al momento de la compra no se elimina, crea un ambiente negativo en un tema que requiere de una definición precisa.
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