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Costa Rica debe resolver su déficit político, antes que el fiscal.
Si bien el faltante de recursos públicos es abultado, más lo es la carencia de decisiones.
La ausencia de ese ejercicio político se refleja en varios ámbitos, como leyes aprobadas, que siguen lejos de lo que exige el país y en varios casos cuesta concretarlas por falta de financiamiento.
Este déficit también se refleja en el estancamiento de la pobreza, área en la que varios planes no logran reducir la marginación.
El debilitamiento de la legislación laboral es otro indicativo de que los gobernantes no están logrando ser efectivos.
Según el decimoctavo informe del Programa Estado de la Nación, presentado la semana pasada, ese errático comportamiento incide directamente en las crecientes brechas económicas y sociales. Es impostergable tomar cartas en este asunto político.
Buscando ajustes
Pero hay alternativas. Jorge Vargas, director a. í. del programa, recalca que es necesario hacer una pausa y mirar hacia temas como el creciente número de personas en pobreza, por efecto del aumento demográfico.
Esto contrasta con la caída en la inversión social, que bajó en un 0,5% entre el 2010 y el 2011.
Así, los programas sociales tuvieron que enfrentarse a una contracción del -5,5% per cápita y del -6,3% en el caso de la educación, donde persisten brechas.
Hay que pensar en destinar más fondos y repensar su utilización. Vargas cree que además de enfrentar el déficit fiscal, que ya tocó al sector social, debe venir una reforma al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), rector del área, para afinar el destino de sus recursos, pues el perfil de los pobres, aseguró, no ha cambiado en 20 años, pese al elevado gasto.
El sociólogo José Carlos Chinchilla opina que la revisión debe arrojar el refuerzo de las instituciones del sector.
Deslegitimación que pesa
Empero, las acciones políticas, lejos de robustecer al sistema, lo han deslegitimado.
Con una palmada sobre la mesa, el Estado de la Nación llamó al Gobierno a la responsabilidad para que abandone la tendencia de aprobar leyes que, en un 68%, crean nuevas obligaciones al Estado, sin que se se garanticen los recursos para cumplirlas.
Esa propensión, según Vargas, explica en parte la caída hasta un 56% del apoyo ciudadano al sitema político. Se trata de la frustración de reclamar nuevos derechos que fueron otorgados por ley, pero imposibles de cumplir.
El politólogo Daniel Calvo cree la solución podría estar en aprobar un viejo proyecto que propone incluir el principio de responsabilidad presupuestaria, un filtro de leyes sin financiamiento claro.
Lo incomprensible, afirmó Calvo, es que los diputados votaron en contra de ese plan de ley, al inicio de la actual Asamblea.
Hay otras formas de enfrentar la deslegitimación. El politólogo Constantino Urcuyo cree que otra de las soluciones para fortalecer la institucionalidad es abrir la puerta de los partidos a representantes del sector social medio y de profesionales exitosos que han escalado desde las clases bajas. Hasta ahora, ese grupo ha estado fuera de la representación popular, acaparada por los políticos tradicionales.
Pero el aumento en la protesta civil –632 movilizaciones sociales de todo tipo en el 2011– revela que la ciudadanía ya tomó otra ruta para hacerse escuchar.
También economía y educación
Para revertir ese proceso y empezar a caminar hacia la inclusión, Vargas afirma que al país le urge encadenar toda su producción con el sector moderno de la economía que, en su conjunto, creció un 4,2% en el 2011.
Tal acción la considera fundamental para tratar de cerrar los patios de la miseria e impedir que allí entren más cuidadanos.
El intento de que la “nueva economía” remolque a todos los vagones, debe basarse en que las entidades más modernas del Estado ministerios como Comercio Exterior y las universidades empiecen a mirar hacia la vieja economía, compuesta por sectores como el agrícola y el de la construcción, con el objetivo de actualizarlas.
La mayoría de los obreros de sectores como servicios, industria y agro, entre 25 y 39 años de edad, no alcanzan, en un 40%, a completar la secundaria.
De ahí que uno de los cambios urgentes es afinar el sistema educativo, para alinearlo con las exigencias del sector más dinámico y, a la vez, fortalecerlo como factor de movilidad social, propone Urcuyo.
El Estado de la Nación también deja ver la realidad de una Gran Área Metropolitana (GAM) que acapara el desarrollo industrial. Apenas un 12,5% de los 81 cantones camina de la mano de la nueva economía.
Allí se come de la crema que les sirve el Estado, interesado en fomentarlos para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
El resto del territorio se debe conformar con municipios anquilosados y excluidos.
Aquí se evidencia para los expertos el proyecto para transferir a los ayuntamientos competencias y recursos, para que se encarguen del desarrollo local, sin tener que suplicar a San José. Pero al plan no se le conocen avances.
En tanto, las brechas entre el Valle Central y el resto del país toman forma en las cifras.
Mientras en la GAM abundan los profesionales con altos salarios, crecientes en un 4% durante el 2011, más allá de sus límites pululan trabajadores que vieron sus flacos ingresos caer en un 7,2%, hundiéndolos más en la pobreza.
El resultado es un país fragmentado, con dos economías que se hablan poco y una política que no da respuestas.
Empero, este cuadro que en años pasados fue reportado, cada vez se deteriora más. Tomar acciones para revertir este déficit político ya es impostergable.
