El sector empresarial privado no ha sido la excepción si de criticar las acciones de la administración Solís Rivera se ha tratado.
Lo que empezó hace más de un año como una relación esperanzada entre el ejecutivo y la cúpula empresarial, hoy, se trata de un vínculo sumido en apuntalar señales confusas con respecto a temas de seguridad jurídica, empleo, energía y gasto público.
El desgaste de la relación se evidencia en niveles de confianza hacia el accionar del Gobierno que han venido a menos, y la constante de los empresarios por dejar claro que varias decisiones no hacen más que afectar la competitividad país.
Según los resultados de la última encuesta Pulso Empresarial elaborada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la confianza del sector ha caído paulatinamente desde inicios de 2012.
Para el segundo trimestre del 2015, el Índice Empresarial de Confianza (IEC) se ubicó en 5,98 puntos, de un máximo de 10.
Si por escenarios se dividiera, desde la trinchera política la incertidumbre llega al empresario por la ausencia de planes concretos para reducir el gasto público hasta por la excesiva dificultad de trabajo entre los distintos poderes de la República (ejecutivo y legislativo, específicamente).
“No sabemos cuál de esos factores pesa más, pero lo que es claro es el señalamiento de cuánta capacidad de conducción tiene el Gobierno y de no dejar de preguntarse hacia dónde va ”, señaló Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación.
La aprobación de un presupuesto para el 2015, 19,6% más alto que el destinado para el 2014, encendió los cuestionamientos y aceleró la desconfianza.
Ronald Jiménez, presidente de la Uccaep, agregó otros asuntos que agitaron a los agremiados. Entre ellos: el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral en diciembre de 2014 y el más reciente impulso dado por las autoridades al proyecto de Ley General de Radiodifusión (Ley Mordaza), en abril.
Este último caso le costó el puesto a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Kopper, al viceministro de esa misma cartera Allan Ruiz, y hasta a Melvin Jiménez, quien fungía como ministro de la Presidencia.
Desde el frente económico, la desconfianza empresarial se alimenta, en un ciclo vicioso, de la desaceleración productiva.
Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) detallan que a abril, la actividad económica cumplió su duodécimo mes de menor crecimiento.
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) apenas y presentó una variación de 1,1%. Una cifra que no se reportaba desde setiembre de 2009, cuando azotaba la crisis financiera mundial.
Esta desaceleración se presenta pese a señales positivas que deberían darle pruebas de estabilidad a los empresarios.
Una de ella, los niveles de inflación. A mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) concluyó con una variación interanual histórica de 0,97%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
“Hay elementos que claro que inducen a la desconfianza, pero me parece que, en términos cambiarios, y de igual forma, crediticios, manejados por el Banco Central, deberían apaciguar las expectativas”, comentó Jorge Guardia, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Consecuencias reales
Ahora, sea una desconfianza argumentada o no, las consecuencias no dejan de traducirse en un empresariado con mesura a la hora de contratar más personal y de realizar inversiones en sus firmas.
De acuerdo con la encuesta de Uccaep, mientras en octubre del 2014 un 34% de los empresarios (de 462 consultados) dijo que planeaba hacer contrataciones a lo largo de 2015, en enero, ese porcentaje ya se había reducido a un 31%.
Para mayo, el dato ya rondaba un 25% de las empresas que aseguraron tener intenciones de aumentar sus planillas este año.
“Hay cosas que sabemos se pueden llegar a trabajar solo logrando una mejor comunicación. Otros requerirán de trabajos a más largo plazo y que se sostengan a través del tiempo”, agregó Jiménez.
Como parte de las consecuencias, se enlista que para el segundo trimestre del año, más de la mitad de los empresarios (51%) descartó hacer inversiones en instalaciones o equipo en el mediano plazo.