Economía Social se abre paso en gobierno de Luis Guillermo Solís

Sector empresarial es el principal detractor de las iniciativas de la administración

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La administración Solís es clara: quiere el modelo de economía social solidaria (ESS) como eje clave de su política de gobierno.

Sin embargo, para ello , deberá lidiar con las voces de un sector empresarial que tilda de innecesaria la apuesta económica.

Pese a esta oposición, varias iniciativas salen a la luz y potencian el término a nivel nacional.

“Hacemos un llamado a las autoridades a dedicar los esfuerzos en las figuras hoy existentes, y de las que forman parte miles de costarricenses”, comentó Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

El Gobierno define la economía social solidaria como las actividades económicas y empresariales realizadas en el ámbito privado por entidades y organizaciones, para satisfacer el interés colectivo de quienes las integran y el interés general, económico y social de los territorios donde se ubican.

Lo que se busca

Lo que se pretende con el impulso del modelo es entendido y lejanamente cuestionado por los diferentes actores políticos y económicos de la realidad nacional.

Ahí no está la disyuntiva.

Según manifestó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en conferencia de prensa en julio pasado, la economía social forma parte de las acciones de su gobierno para combatir la pobreza, la desigualdad social y el desempleo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) contabilizan una tasa de desempleo en el país de un 9,5% para el segundo trimestre de 2015. El porcentaje equivale a unos 217.933 costarricenses sin empleo.

“Creemos en los esfuerzos de grupos y empresas del sector privado para contribuir con objetivos solidarios, que sean apoyados desde las instituciones públicas”, expresó el mandatario.

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 el Gobierno ya daba señales claras de lo que buscaba. “Se trabajará en el desarrollo de emprendimientos productivos basados en los principios de la Economía Social Solidaria”, se lee entre las 560 páginas que componen el documento.

“Yo creo que la estructura económica del país y la estructura política permite perfectamente aceptar la ESS en términos generales. Que venga a contribuir, a ampliar las ofertas productivas, eso es algo que se debe ver”, aseguró el historiador Vladimir de la Cruz.

El cómo incómoda

Lo que desconcierta y caldea el ánimo de los empresarios es por qué se trae a escena el término de forma tan imperiosa.

De igual manera, los instrumentos que se utilizan para lograrlo no escapan de la crítica.

La firma de un decreto que declaró de interés público el fomento y desarrollo de las organizaciones y empresas de la economía social, en julio pasado, encendió las primeras alertas para el empresariado.

Sin embargo, fue la presentación de un proyecto de ley con el número de expediente 19.654, lo que terminó de encender el descontento de ese sector.

El dotar a las municipalidades de la facultad para que donen bienes o aporten recursos de capital a proyectos económicos empresariales que cumplan las características de la ESS, fue señalado como uno de los principales cambios que busca la iniciativa.

Tal reforma ampliaría las facultades de los gobiernos locales, pues en la actualidad, solo pueden otorgar recursos a organismos públicos.

Desde la asesoría legal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se ha manifestado que la propuesta no genera un roce de constitucionalidad por la autonomía municipal, pues el proyecto incluye únicamente una autorización y no una obligación.

Sin embargo, se cuestiona una iniciativa donde no se considere los recursos con que cuentan los municipios para invertir en el desarrollo acorde a la particularidad de sus territorios.

“Todos los presupuestos juntos del Régimen Municipal equivalen a cerca del 1,3% de la producción en la actualidad. En atención a esto se mantiene latente la discusión sobre el traslado de recursos del Gobierno Central a los gobiernos locales”, dijo Eugenia Aguirre, asesora en Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Además, el proyecto pretende otorgar a grupos dentro de la ESS los incentivos que reciben hoy las pequeñas y medianas empresas, como el acceso a financiamiento con tasas preferenciales.

“Se señalan principios y aspectos conceptuales que ya están ampliamente regulados en normativa vigente. Entonces para qué una ley”, enfatizó Jesús Villalobos, presidente de Conacoop.

Se une a la discusión el tipo de organizaciones que deberían estar incorporadas al sector, su relación con el marco económico actual, la disposición de bienes públicos, las preferencias en compras públicas, la coadministración con el Estado y hasta el tema de las exoneraciones.

Son justamente esas omisiones e indefiniciones lo que lleva a pensar en la posibilidad de que existan otras pretensiones, como la ideológica y la de un cambio de modelo económico al largo plazo.

“Por el tipo de beneficios que se dejan entrever parece que se quisiera utilizar las entidades de economía social para impartir dotrina política. Y aunque no fuera ideológica, la iniciativa va en contra del interés público”, puntualizó Jiménez, de Uccaep.

Desde el Gobierno, el proyecto se defiende como un simple documento que trata de enmarcar un concepto y perfilar a sus beneficiarios.

A criterio del viceministro de Trabajo, Harold Villegas, en esa línea, el temor de los empresarios se debería disipar y los perjuicios deberían de quedarse al margen de lo planteado.

“Hay razones diversas de los que se oponen; una es que entre más actores estén en el mercado esto promueve la competencia. Se trata de compartir el mercado entre distintos actores privados no solo uno”, defendió el viceministro.

Otras de las disposiciones especiales que se enmarcan dentro del proyecto es el que todas las entidades de la ESS podrán ser sujeto de crédito del Sistema de Banca para el Desarrollo, así como de programas de financiamiento y apoyo especial creados por la banca pública.

Ejemplo claro

La creación de la Cámara Nacional de la Economía Social (Canaes), hace dos meses, es el ejemplo más claro de lo que busca la administración Solís.

Por el momento, solo procuran representación en el ámbito empresarial; a futuro, pretenden redes de colaboración.

Coopeterrazú es una de 12 instituciones que la conforman. Gustavo Elizondo, gerente de desarrollo de proyectos, explicó que su creación llegó en el momento adecuado. “Es necesario que exista un maco jurídico común. Eso nos va a permitir mayor visibilización e integrarnos a las políticas del Estado”, concluyó.

Proyecto 19.654

Fue presentado en julio del presente año y contó con el apoyo de 29 legisladores.

Qué pretende: crear una única definición de Economía Social Solidaria (ESS) y definir los actores que se deben considerar como parte del modelo.

Principales cambios que propone: Establece la creación de un Consejo Nacional de Economía Social Solidaria (Conaess) que formule las estrategias para el fomento y difusión de la ESS. Además, otorga facultades a las municipales para que donen bienes o aporten dinero a proyectos dentro de esa economía.

Estado del proyecto: El documento se encuentra en estudio en la Comisión Especial de Economía Social de la Asamblea Legislativa.

Fuente Asamblea Legislativa.

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